Perú: el exjuez supremo César Hinostroza espera su extradición en una cárcel de España
César Hinostroza se quedará encarcelado en España. Eso es lo que dictaminó ayer el juez de la Audiencia Nacional española, José de la Mata, tras una vista que realizó con el fugado ex juez peruano. Esta diligencia, que se realizó de manera reservada, duró aproximadamente media hora. En ella De la Mata leyó a Hinostroza los motivos por los que el Gobierno Peruano solicitó su detención mediante una orden de búsqueda y captura internacional.
Le informó que está acusado en el Perú por los delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. En la audiencia estuvo presente el abogado español Adrián González Baena, que Hinostroza ha contratado en Madrid.
El juez español emitió luego la correspondiente resolución, de 9 páginas, que señala que la información enviada desde el Perú es “contundente” porque “los hechos imputados” reflejan que Hinostroza “sería el líder de una organización criminal”, en alusión a Los Cuellos Blancos del Puerto.
Se indicó que la organización “estaría dedicada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en todas las áreas del Poder Judicial a nivel de Lima Metropolitana”. El documento añade que tal organización criminal habría realizado nombramientos y ratificaciones ilegales en el Poder Judicial “en connivencia con otras instituciones del Estado citando al Consejo Nacional de la Magistratura, la Corte Superior de Justicia del Callao y la Sala Segunda Penal Transitoria de la Corte Superior de la República”.
Se citan acciones “ilícitas” por parte de Hinostroza para “patrocinar al juez Ricardo Chang Recuay en un proceso de ratificación”, así como para “una mejora laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior del Callao”. También “haber realizado negociaciones incompatibles en la contratación de personal jurisdiccional” junto al “ex consejero Iván Noguera Ramos”.
Asimismo, el juez De la Mata señala que Hinostroza era plenamente consciente de la gravedad de su situación y que “deliberadamente se sustrajo a la justicia peruana marchándose del país”, lo que ha derivado en la solicitud de detención internacional. Igualmente, la resolución indica que Hinostroza carece de arraigo y vínculos laborales en España lo que, unido a sus “medios económicos, vínculos con otros países y conexiones internacionales”, podría dar pie a que vuelva a intentar “sustraerse” a la “acción de la justicia peruana”.
La gravedad de los delitos junto al riesgo de fuga, pues, son las bases del encarcelamiento a la espera del proceso de extradición.
En las afueras de la Audiencia Nacional, un grupo de peruanos reclamó la entrega al Perú del fugado ex juez. La protesta se repetirá en los próximos días, según diversas convocatorias difundidas en la ciudad.
—El periplo—
Hinostroza llegó a Madrid el pasado miércoles. Seguidamente, solicitó asilo político, un proceso que sigue su curso en la vía contencioso-administrativa de forma paralela a la vía penal, que es la que se llevó a cabo en la citada Audiencia Nacional.
El jueves, las autoridades peruanas emitieron una orden de búsqueda y captura internacional contra él, y ayer fue detenido por la Policía Española en las inmediaciones del domicilio que ha tenido que consignar en su solicitud de asilo, que sería el de su hija mayor, residente en España.
Seguidamente, fue conducido a la comisaría de la Brigada Provincial de Extranjería, desde donde fue trasladado a la Audiencia Nacional. Si bien desde el Perú se ha mencionado la posibilidad de una entrega acelerada por medio de una expulsión, esta figura no se aplica en este tipo de procesos en España.
—Presidente quería expulsión—
Ayer en Lima, a primera hora, el presidente Martín Vizcarra confirmó la captura de Hinostroza. Explicó que tras su detención se presentaban tres caminos para conseguir que el destituido juez supremo responda ante la justicia peruana.
Además de la negativa del asilo, Vizcarra contemplaba a esa hora la expulsión y la extradición. Según explicó, lo primero era lograr que el gobierno del presidente español, Pedro Sánchez, deniegue el asilo político. Reveló que había conversado con su par, quien le aseguró que “el Gobierno [Español] hará todo lo posible para el retorno al Perú”.
“Con toda la frescura del mundo está pidiendo asilo, no corresponde, no hay ninguna persecución, es un tema estrictamente judicial”, aseveró.
Hasta ese momento, Vizcarra también consideraba que la expulsión era una posibilidad y volvió a calificar de “delincuente” al destituido juez.
En diálogo con una radio local, William Castillo, quien ha sido abogado del ex presidente Alberto Fujimori, reveló que acababa de asumir la defensa de Hinostroza. Consideró que sí había argumentos para el asilo político, pues todo el aparato estatal, empezando por el jefe del Estado, hablaba de su patrocinado.
En estos momentos, Hinostroza afronta un proceso de extradición para el que las autoridades peruanas deben enviar un cuadernillo con la sustentación de los delitos atribuidos.
En la resolución de ayer, asimismo, el juez De la Mata manifestó que aún cabe esperar una mayor argumentación en el proceso.
—Más datos—
Trascendió que César Hinostroza iba a ser recluido en el Centro Penitenciario Madrid V, Soto del Real. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota este Diario no pudo confirmarlo.
La cancillería informó que a la audiencia judicial asistió, en representación del Estado Peruano, el director general de Asuntos Consulares y Asistencia Nacional, embajador Enrique Bustamante.
César Hinostroza | Así el tratado que seguirá su extradición de España al Perú
El futuro del exjuez César Hinostroza, detenido en España acusado de liderar una trama de corrupción en el seno de la judicatura de Perú, pasa por un proceso de extradición regulado por un tratado entre ambos países y por la legislación española.
Tras ser detenido, el exjuez pasó este viernes a disposición de la Audiencia Nacional, tribunal competente en España para decidir sobre las entregas a otros países, el cual dictó prisión provisional en su contra mientras se resuelve su extradición.
Si Hinostroza se niega a ser entregado, el proceso se dilatará semanas o meses. Las autoridades peruanas tendrán que solicitar su entrega de forma motivada y la Audiencia Nacional de España iniciará un procedimiento judicial, con vista oral incluida, para decidir.
Es clave el principio de reciprocidad entre ambos países (que existe en virtud del tratado vigente desde 1994) y el principio de doble incriminación, es decir, que se le persiga por una conducta tipificada y castigada en ambos estados, como es el caso de los relacionados con la corrupción, como la prevaricación o el tráfico de influencias.
El tratado determina que se pueda extraditar a personas perseguidas por hechos sancionados, según las leyes de ambas partes, con una pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un año, un requisito que se cumple también en este caso.
Hay motivos por los que se puede rechazar la entrega, como que el perseguido lo sea por motivos políticos o el temor a que sea torturado. Pero también cuando al reclamado se le conceda la condición de asilado (como ha solicitado Hinostroza). En todo caso, la legislación española concede al Gobierno una última palabra en los procesos de extradición.
De este modo, si el tribunal la rechaza mediante una resolución firme, será definitiva y no podrá ser revocada; pero si la Audiencia considera procedente la extradición, el Ejecutivo podrá denegarla en ejercicio de la soberanía nacional atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España. Contra lo acordado por el Gobierno no cabrá recurso alguno, de acuerdo con esa ley.
En cuanto a las posibles medidas privativas de libertad, el tratado entre España y Perú determina que los jueces españoles podrán decidir el ingreso en prisión del detenido, pero en todo caso se decretará la libertad si en el plazo de 60 días no se hubiese recibido la solicitud de extradición.
El juez podrá, en cualquier momento, acordar la libertad del detenido y adoptar medidas cautelares para evitar su fuga: vigilancia a domicilio, orden de no ausentarse de un lugar determinado sin la autorización del juez, orden de presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el juez, retirada de pasaporte y prestación de una fianza.