La expulsión de Pino – El Tiempo, Colombia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Siguen tensas, y lamentablemente se deterioran cada día más, las relaciones con Venezuela. Como era previsible, el régimen de Nicolás Maduro respondió este jueves con la expulsión de un diplomático colombiano –Juan Carlos Pérez, quien cumplía funciones de cónsul en Caracas, si bien no estaba acreditado como tal– a la decisión de Colombia de expulsar del país a Carlos Manuel Pino García, personaje que lleva años en nuestro territorio y tiene encima más de una polémica.
Pino, que ya en 1999 fue detenido durante una operación en Vichada contra un campamento de las Farc, no ostenta un cargo formal en la diplomacia venezolana; por tanto, no goza de inmunidad diplomática, pero la rapidez y el alcance de la retaliación de Caracas pueden ser un buen indicador de su importancia para el gobierno de Maduro.
Hasta ahora no se conocen informes oficiales sobre sus actividades, si bien Migración Colombia ha explicado que la retención y posterior expulsión se fundamentan en las normas que le dan a esa autoridad la potestad de tomar medidas frente a extranjeros que puedan representar una amenaza contra la seguridad nacional y la tranquilidad pública.
Casado con Gloria Flórez –exsenadora del Polo y exfuncionaria de la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá–, las medidas en contra de Pino García han provocado una fuerte reacción también en varios sectores políticos que, incluso, pretenden amarrar la situación a una supuesta persecución contra la izquierda.
Migración Colombia sostiene, a su vez, que hay indicios suficientes para tomar dicha medida, que, como ocurre en todos los países del mundo, no necesita una decisión judicial sino que puede, incluso, basarse en informes de inteligencia debidamente soportados y valorados. Esto, por supuesto, sin menoscabo del pleno respeto de sus derechos, procedimiento que la entidad asegura haber cumplido a cabalidad y además está documentado como corresponde, minuto a minuto.
En aras de la claridad y la transparencia, en todo caso, sería deseable que aun los mismos sectores que defienden el comportamiento de Pino colaboraran para esclarecer de manera adecuada los señalamientos en su contra y las versiones que lo relacionan con grupos que pretenden desestabilizar la tranquilidad pública.
En todo caso, ante las críticas por su expulsión, es clave señalar que por la Constitución y la ley, es el Gobierno Nacional el encargado de tomar estas decisiones frente a extranjeros en función de la seguridad de la Nación. Debido a ello, la decisión gubernamental merece todo el respaldo.
Es lamentable que un tema que debe ser de la esfera de la política exterior y migratoria se vuelva uno de política interna, que seguramente alegrará al régimen de Maduro. También sería importante que las protestas y los cuestionamientos de esos sectores políticos respecto a la expulsión de un extranjero que, a criterio de la autoridad competente, representa un riesgo para el país fueran igual de vehementes hacia las acciones del Gobierno venezolano, que a diario expulsa a miles de sus nacionales como consecuencia de la represión y la crisis económica