Los derechos humanos en Nicaragua y Cuba
Nicaragua y los derechos humanos. Ojalá sea paz, prosperidad y libertad – Por Marcela Cabrera y Laura Giacchino
Por Marcela Cabrera y Laura Giacchino *
En los últimos tiempos, cantidad de denuncias y sanciones cayeron sobre el gobierno de Nicaragua. Estados Unidos, atribuyendose el rol de paladín de los derechos humanos y de la democracia, declama acerca del peligro que para su seguridad representa el gobierno Nica. Bajo la amenaza de las migraciones masivas, el “gran país del norte” mira nuevamente a su patio trasero queriendo poner orden y autoridad, frente al futuro incierto que representan los cambios políticos en México. Esta nueva injerencia, junto a las de la Unión Europea, de la OEA, Naciones Unidas y diferentes organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, es reclamada no sólo por los grupos de poder, sino por diferentes sectores de la sociedad civil nicargüense que la ven como única salida a la crisis.
Desde 1990 al 2006, Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, modificó al sandinismo para llegar a su reelección en el 2007. La mística revolucionaria fue transformada para alejarse de las representaciones negativas de la guerra de los ochenta, cambios simbólicos que se le atribuyen a su mujer Rosario Murillo, vicepresidenta desde 2017. Dos elementos valen destacar de esa reconversión de organización militar a partido político. En primer lugar, el pragmatismo en su amplia política de alianzas que en el plano externo podemos visualizar en los acuerdos con Rusia, Cuba y Venezuela, siendo este último uno de los mayores financistas de Nicaragua a través de créditos blandos y entrega de petróleo barato, junto a los innumerables tratos comerciales con China, incluyendo el proyecto de construcción del Gran Canal. Hay que destacar también las relaciones con los Estados Unidos a través de los créditos del FMI y BID, el ingreso de distintas empresas de capitales estadounidenses y el asentamiento de ONGs que cuentan con financiamiento yanqui. Estos ingresos permitieron la implementación de distintos proyectos asistenciales y paliativos a la pobreza estructural de Nicaragua que fueron denunciados como focos clientelares.
Así, el gobierno de Ortega-Murillo instaló un régimen de gobierno basado en una cultura política clientelar y patrimonialista con una base de apoyo dependiente de los créditos y financiamiento que el Estado consiguiera. Si bien el país creció económicamente, el sistema político se volvió verticalista y la concentración de poder en pocas manos elevó los niveles de corrupción, consolidando un estado familiar corporativo que se vio presionado permanentemente.
Desde los inicios, el gobierno inició un sistema de alianzas al interior del país siendo la primera la reforma electoral que le permitió, con acuerdo del partido liberal, llegar al poder años después. La más impugnada tal vez fue con la cúpula de la Iglesia Católica, que permitió la penalización del aborto y luego elevar las condenas, provocando el aumento de los femicidios. La organización de las masas y la logística de los actos quedó en manos de los secretarios políticos nombrados en cada uno de los ámbitos, quienes se convirtieron en emisarios del gobierno para llevar adelante los programas asistenciales que dieron ciertos beneficios concretos a gran cantidad de personas. La alianza con grandes empresarios (grupo Pellas, Albanisa, Cohen), así como con el COSEP –la cúpula empresarial- conformaron fuertes grupos de presión en los lineamientos comerciales y económicos.
El verticalismo político es el segundo elemento. La oposición que generó el proyecto de la construcción del “Gran Canal”, mayoritariamente en las poblaciones surcaribeñas e históricamente anti-sandinistas, impugnó al régimen desde el reclamo de la autonomía y la defensa de su hábitat, lo cual desembocó en violentos enfrentamientos con las Fuerzas Armadas. De estas contiendas surgieron nuevos movimientos de mujeres, de pueblos originarios y de ambientalistas con nuevas demandas. El 5 de abril, un nuevo detonante conmocionó la zona: la poca celeridad del gobierno para frenar el incendio de la más grande Reserva biológica de Nicaragua “Indio Maíz”.
De esta manera, cual “olla a presión”, las tensiones se fueron acumulando y el gobierno, cada vez más apremiado, acrecentó los niveles represivos y de manipulación. Muchas ONGs, financiadas internacionalmente, venían trabajando en la formación de nuevos liderazgos, los cuales se evidenciaron a partir del 18 de abril. Allí se visibilizaron tanto las tensiones como las prácticas para contenerlas por parte del gobierno, quien no ha parado de desplegar las fuerzas represivas, incluso, mediante la quita de la personería jurídica al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Contradicciones internas surgieron al interior de las fuerzas de seguridad. Entre la acción desmedida de la policía y la neutralidad del Ejército, los parapoliciales fueron los protagonistas. Las acciones de Ortega, combinando la verticalidad con el pragmatismo y valorando el fin por sobre los medios, sólo rememoran a la organización guerrillera que no pudo deshacerse de la militarización de los años setenta y ochenta.
La pregunta inevitable es quién gana hoy en Nicaragua. El gobierno no podrá resistir ni a las represalias internacionales ni a la incesante presión interna. Tampoco el pueblo, con una economía devastada, con más de 350 muertos y enorme cantidad de heridos, desaparecidos y presos políticos, podrá alzarse triunfalista. Sin embargo, grandes sectores de la oposición ven como un gran logro colectivo la rebeldía y la sola idea del adelantamiento electoral. Al día de hoy, a horas de haberse aprobado la Nica Act, pareciera que el gran beneficiario es Estados Unidos.
Frente a esto, las izquierdas latinoamericanas se encuentran ante una terrible disyuntiva. La Revolución Sandinista siempre había dejado esa sensación de incompleto y hoy el FSLN ya no parece poder levantarse como bandera de la justicia social y de los derechos humanos. Frente a esto es válido repensar las conversiones de las organizaciones armadas en partidos políticos y el sandinismo como caso específico.
Ojalá la salida que se logre a este conflicto no sea una democracia entregada; ojalá pueda ser de una vez por todas un gobierno popular para un pueblo que se lo merece y que rompa con la esencia constitutiva de la violencia política y social como moneda de recambio.
Ojalá sea paz, prosperidad y libertad.
* Investigadoras del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC) y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Cuba y los Derechos Humanos: politización y realidad – Por Alberto Consuegra
Por Alberto Consuegra *
La situación de los derechos humanos en Cuba continúa siendo un tema escabroso y difícil de abordar. La mayoría de los informes y estudios hechos sobre el tema, tanto por académicos y/o organismos internacionales, demuestran el alto grado de politización que ha rodeado la temática al centrar el análisis, recurrentemente, en las supuestas violaciones de los derechos humanos de primera generación por parte del gobierno revolucionario, como los derechos civiles, democráticos y políticos. Por su parte, en defensa de tales críticas, la dirigencia política cubana ha destacado su histórico compromiso con los derechos humanos, resaltando los logros alcanzados en aquellos derechos de segunda generación, como la igualdad, el derecho a la educación, al trabajo y la salud, etc., dándole a la sociedad cubana las mismas oportunidades para desarrollar una vida digna.
Muchos de los argumentos esgrimidos por el gobierno de Cuba a la hora de hacer frente a sus críticos internos como a los externos exceden de veracidad, si tenemos en cuenta el progreso que, en la esfera de la educación, cultura y salud, experimentó la sociedad cubana desde 1959.Para 1958 Cuba tenía, por ejemplo, un millón de analfabetos absolutos -lo que equivalía al 23,6 por ciento de la población mayor de 10 años-, más de un millón de semianalfabetos y seiscientos mil niños sin escuelas.
Hoy, cuando la Revolución cubana cumplirá el próximo enero 60 años de su triunfo, asistimos a una Cuba diferente. Según informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Cuba continúa siendo un referente mundial al invertir cerca del 13 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, lo que se traduce en un Índice en el Desarrollo de la Educación de 0.983, ubicando a la isla caribeña en el primer lugar de la lista de países de América Latina y el Caribe. Dichas estadísticas demuestran que la educación del pueblo cubano fue una prioridad invariable del gobierno, a lo que se puede sumar que el país ostenta una tasa de alfabetización del 99,8 por ciento, la más baja de Latinoamérica, y una tasa de escolarización de un 99,7 de los alumnos, todos con educación gratuita. El acceso a un sistema de salud gratuito y de calidad es otro de los derechos que disfruta el pueblo cubano desde hace más de seis décadas. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el país posee un sistema de salud con cobertura universal y asistencial gratuito, con un promedio de 89,1 médicos por 10 mil habitantes, lo que se ha plasmado en un aumento significativo en la esperanza de vida al nacer, con un gasto de 11 por ciento del PIB en salud.
Asimismo, el país continua reafirmando su histórico compromiso por velar por estos y otros derechos humanos a partir del estricto cumplimiento, por ejemplo, de la Declaración de los Derechos del Niño, la paridad de género en los trabajos y en la política – el 53 por ciento de miembros elegidos del Parlamento cubano son mujeres-, la lucha contra la discriminación racial, entre otros. Sin embargo, las particularidades del sistema político cubano de “partido único”es considerado, a los ojos de organismos internacionales y/o ONG, como un dispositivo político que viola importantes derechos civiles y políticos como la libre expresión, la participación directa en la política, la alternancia del poder, entre otros. Unido a esto, el surgimiento y desarrollo de organizaciones civiles ideológicamente contrarias al Partido Comunista de Cuba (PCC) provocaron una fuerte politización de la cuestión.
Más allá de los probados vínculos que existen entre las organizaciones civiles –la llamada Disidencia– y el gobierno de los Estados Unidos, el cual históricamente ha intentado instalar una agenda de cambios políticos a partir de la reivindicación de los derechos políticos en la sociedad cubana, lo cierto es que La Habana mantiene una política férrea que impide cualquier tipo de manifestación partidista, académica y/o artística que atente contra el status quo político impuesto desde 1959. Informes de Amnistía Internacional, Human RightWatch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de algunas ONG cubanas no reconocidas por el gobierno que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacionaly Unión Patriótica de Cuba -la organización cubana que aglutina a la mayoría de las organizaciones disidentes- coinciden que en el país persisten restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión de pensamiento, además de que subsisten, a pesar de los cambios en las leyes migratorias, restricciones a la libertad de movimiento, las cuales se aplican puntualmente a los llamados “activistas opositores”. Según sus informes, durante 2017 se registraron cerca de 5155 detenciones arbitrarias, un poco menos que las 9940 del 2016.
Lastimosamente, el tema de los derechos humanos en Cuba está permeado de una fuerte politización. El acceso a un sistema de salud y educación de calidad, sobre todo, se constituyen en el centro del discurso político de la dirigencia cubana, la cual no reconoce las falencias e infracciones que, siguiendo los cánones que ofrece la democracia liberal, se dan en el plano político y civil. Por su parte, la Disidencia, que no ha logrado un verdadero respaldo del pueblo de Cuba, carece de un programa autónomo y genuino de promoción y defensa de los derechos humanos y persigue imponer una agenda “post-castrista”, objetivo principal del Gobierno de los Estados Unidos. El apoyo económico que recibe del país del norte expone las verdaderas intenciones de dicho grupo pues, por más de 26 veces consecutivas, Estados Unidos ha sido condenado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el principal violador de los derechos humanos del pueblo de Cuba al mantener el bloqueo económico, comercial y financiero a la Isla impuesto desde 1961.
* Investigador del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC/UBA) y becario de CONICET en la Universidad Nacional de La Plata.
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