Nicaragua: la Asamblea Nacional anuló la personería jurídica de cinco ONG
Notas sobre el tema
Régimen orteguista cancela en una sola sesión la personería jurídica a cinco organismos civiles
Los diputados orteguistas cancelaron este jueves la personería jurídica del Instituto de Liderazgo de las Segovias, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), la Fundación del Río, del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) y de la Fundación Popol Na. El plenario revisó con trámite de urgencia los decretos de la cancelación de la personería jurídica.
La decisión contra los organismos fue consumada con 70 votos de los orteguistas. A la votación contra el primer organismo se opusieron 16 legisladores del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Yatama y el Partido Conservador (PC) y contra el segundo, tercer y cuarto organismo 17 votos del PLC, Yatama, Partido Conservador y uno de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), de Mauricio Urúe.
La Asamblea Nacional le da 72 horas a los organismos para que entreguen los sellos y documentos contables a Gobernación, y cierren operaciones.
Señalamientos
Al Instituto de Liderazgo de las Segovias le aplican la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero. En su informe, el Migob le atribuye delitos de financiar actos para “desestabilizar el país”. Además sostienen que funcionan ilegales porque no tienen junta directiva y no han presentado documentos contables.
El diputado orteguista, Efrén José González, acusó sin presentar pruebas, que Haydée Castillo, a través del Instituto de Liderazgo, pagaba 500 córdobas a quienes estaban en los tranques en Nueva Segovia. A la Fundación del Río la acusan de financiamiento de los tranques que se levantaron contra Ortega.
Al Ipade, que dirige Mauricio Zúñiga, también el régimen le aplica la Ley contra el terrorismo. Este organismo ha operado desde 1990 y ha participado como observador electoral en los comicios. Es señalado de “promover campañas de desestabilización del país”.
Durante el debate, los diputados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Wálmaro Gutiérrez, Filiberto Rodríguez y José Antonio Zepeda se reían de los alegatos de defensa del Ipade que hacía la diputada del PLC, Adilia Salinas.
Los orteguistas se sentaron cuando Salinas les recordó, que ellos siendo oposición en los años 90 hicieron asonadas y “no lanzaban caramelos”. “Ahora criminalizan a quien marcha con la bandera azul y blanca”, dijo Salinas.
Azucena Castillo, del PLC, acusó que el régimen actúa contra nueve organismos.” Estos actos son violatorios a la libre organización en un estado libre y soberano. No es silenciando a las ONG que vamos a silenciar al pueblo”, reclamó Castillo.
Uno de los orteguistas que dio un discurso más virulento fue el diputado y sindicalista orteguista, José Antonio Zepeda, quien dijo que ” defendemos la paz eliminando instrumentos como el Ipade que financiaron tranques de la muerte. No actuamos como venganza”.
A la Fundación del Río, Gobernación también le acusa de estar ilegal porque desde 2016 no tiene junta directiva. También le atribuyen delitos en base a la Ley contra el Terrorismo por supuesto financiamiento de grupos para la “desestabilización del país”.
Jimmy Blandón, del PLC, lamentó que se actúe contra una de las pocas ong que tienen proyectos por conservación del medio ambiente. Los orteguistas acusan a los miembros de Fundación del Río del financiamiento de la masacre de cinco policías en Morrito.
CINCO es despojado de su personería jurídica por no presentar documentos que prueben el manejo correcto contra el lavado de dinero. Y de no haber actualizado su junta directiva desde abril de 2018. Igual lo acusan de facilitar su estructura financiar actos ilícitos.
Todos los decretos fueron presentados con trámite de urgencia. Los diputados orteguistas, que controlan la directiva parlamentaria, impusieron en el orden del día la cancelación de estos organismos críticos de las políticas del régimen.
“Hoy le cancelan la personería jurídica a CINCO, centro de investigación que he dirigido durante 23 años. Lo recibo como una medalla al mérito y me siento honrada de que nuestra asociación esté…”, escribió en Twitter, Sofía Montenegro, dirigente del organismo.
La orteguista Mercedes Sánchez, calificó de al organismo de terroristas y aseguró que “no son ningunos angelitos”. Además acusó, sin exponer pruebas, de que los miembros de CINCO tuvieron participación en el intento de golpe de Estado contra Ortega. “Esta ONG es una sola mezcolanza… incitó a los grupos a través de sus medios televisivos para presionar al Cosep a romper el diálogo y consenso” con el régimen”, dijo Sánchez, agregando que CINCO pasaba dinero al Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
El jefe de la bancada del PLC, Miguel Rosales, señala al régimen de “aplicar la guillotina” a este organismo que contribuye a la democracia y la libertad de prensa. En tanto, el orteguista Adrián Martínez dice que el Estado debe salvaguardar la verdad y actuar contra los medios de comunicación como CINCO, que “ha manipulado y usado la mentira” para promover el odio contra el régimen de Ortega. Dice que la libre de información es para difundir la verdad de los programas de la dictadura.
La discusión se convirtió en un show de reclamos entre María Fernanda Flores, diputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, el exaliado liberal, Wilfredo Navarro, y el sindicalista orteguista José Antonio Zepeda.
Igual que a las cuatro organizaciones, a la organización Popol Na es despojada de su personería jurídica tras aplicarle la Ley contra el terrorismo y señalarla de participar en el financiamiento para adiestramiento de grupos para acciones desestabilizadoras.
Lésther Villarreal, del PLC, dice que “no defendemos a la comandante guerrillera del FSLN, Mónica Baltodano, sino la igualdad y justicia de la fundación Popol Na”. Por su parte, Benita Arbizú Medina, del FSLN, insulta a los PLC diciéndoles que “ni el perro de su casa los sigue” cuando sacan su bandera.
Medina tilda de “degenerado sinvergüenza” al campesino y preso político Medardo Mairena y lanza insultos a la líder campesina Francisca Ramírez y la acusa de recibir fondos del Popol Na.
Más organismos
El Ministerio de Gobernación (Migob) citó a estos cinco organismos, así como lo hizo con Hagamos Democracia y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a los que la Asamblea Nacional les retiró este miércoles la personería jurídica.
Migob señaló al organismo Hagamos Democracia de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometieran supuestos actos terroristas y al Cenidh de haber violado sus estatutos.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha quitado la personería jurídica a nueve Organismos no Gubernamentales (ONG), a los que vincula con el supuesto golpe de estado.
Otra organización cancelada por su participación en los planes golpistas en Nicaragua
La Asamblea Nacional cancela la personería jurídica a otro organismo que propició y financió las actividades desestabilizadoras en el país durante los meses de abril y julio pasados.
Esta vez a la Fundación Instituto de Liderazgo de Las Segovias se le probó su involucramiento en los planes golpistas, las desvirtúan los fines y objetivos por los cuales fue constituido.
Esta iniciativa fue presentada por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y respaldada por la mayoría de los legisladores.
El diputado José González, originario de Nueva Segovia, señaló que la presidenta de este organismo, Haydee Castillo tuvo participación activa en los tranques de la muerte que se instalaron en la región, donde se le vio pagando a delincuentes que mantenían obstaculizando la libre de circulación.
“A esta señora Haydee Castillo se le vio en los tranques pagando 500 córdobas. Hay abundantes pruebas en las redes sociales del daño que hizo este organismo en el país”, detalló González.
Este jueves, otras solicitudes semejantes se analizarán a organismos como CINCO, Popol Na, IPADE y la Fundación del Río, acusadas de financiar, canalizar y apoyar los actos golpistas que tanta muerte y dolor trajeron al país.
Estos son los 9 organismos a los que el régimen de Daniel Ortega les ha quitado la personería jurídica
En menos de un mes, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional, ha cancelado la personería jurídica a nueve Organismos No Gubernamentales (ONG). Los señalan de financiar acciones para cometer un supuesto golpe de Estado.
La decisión del régimen contra estos organismos se da como represalia por su posición crítica y los pronunciamientos en contra de la represión ejercida contra los manifestantes que demandan en las calles la salida del poder de Ortega.
1- Cisas
Fachada del edificio de Cisas, la ONG de la que estaba a cargo Ana Quirós. LA PRENSA/Jader Flores
El Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) fue el primer organismo al que el régimen le retiró la personería jurídica, luego de que expulsara del país a su directora, Ana Quirós, quien tenía nacionalidad costarricense y nicaragüense.
Cisas es un organismo que, desde 1983, promueve “los derechos socioculturales, con énfasis a la recreación sana y los derechos humanos con adolescentes y jóvenes promotores, padres y madres”. La cancelación se dio el pasado 29 de noviembre.
2- Ieepp
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp) ha trabajado durante 15 años en el seguimiento e investigaciones en materia presupuestaria y de transparencia de la función pública.
Su cancelación se dio el pasado 11 de diciembre, luego de que el régimen congelara sus cuentas bancarias sin previa notificación. El Ieepp es señalado de “gestionar, canalizar y facilitar fondos para la comisión de actos terroristas”. La subdirectora del Ieepp, Dayra Valle, ha asegurado que la decisión es meramente política.
El director del organismo, Félix Maradiaga, es acusado de los delitos de terrorismo y crimen organizado; y el Ministerio Público lo señala como uno de los impulsores de las protestas contra el dictador Daniel Ortega.
3- Hagamos Democracia
Bajo el señalamiento de utilizar su esquema para facilitar fondos para que grupos cometieran supuestos actos terroristas, los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron este 12 de diciembre la personería jurídica al organismo Hagamos Democracia (HADEMOS).
Hagamos Democracia fue fundado en 1995 y ha contribuido al fortalecimiento de los procesos democráticos del país, utilizando como mecanismos la educación y comunicación continua de la ciudadanía y los funcionarios públicos.
La solicitud de cancelación de personería de Hagamos Democracia fue enviada el 10 de diciembre por el Ministerio de Gobernación (Migob).
4- Cenidh
Desde 1990, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha trabajado en la defensa y promoción de los derechos humanos de los nicaragüenses. Ha brindado acompañamiento a víctimas de abusos sexuales y en procesos de retardación de la justicia.
Durante la crisis sociopolítica que se vive en el país, el Cenidh ha acompañado a los familiares de las víctimas de la represión ejecutada por la Policía Orteguista (PO) y las fuerzas paramilitares, así como a los familiares de los presos políticos.
La personería jurídica del Cenidh fue cancelada este 12 de diciembre bajo los alegatos de haber utilizado el “esquema organizacional para gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar el país”, expuestos por el presidente de la Comisión de Gobernación de la Asamblea, el orteguista Filiberto Rodríguez, en el decreto de cancelación.
5- Instituto de Liderazgo de las Segovias
El Instituto de Liderazgo de las Segovias, explica en su sitio web, tiene el objetivo de “promover el desarrollo de protagonismos individuales y colectivos en la transformación de la actual sociedad”, asegura en su sitio web.
Con 70 votos a favor, los diputados cancelaron este 12 de diciembre la personería jurídica al Instituto de Liderazgo de las Segovias, presidido por la activista Haydeé Castillo.
En su informe, el Ministerio de Gobernación (Migob) le atribuye delitos de financiar actos para “desestabilizar el país”, además sostienen que funcionan de forma ilegal porque no tienen junta directiva y no han presentado documentos contables. Al Instituto le aplicaron la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero.
6- Ipade
El Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) ha participado como observador electoral en los comicios en el país. Este 13 de diciembre, la Asamblea Nacional le retiró la personalidad jurídica tras los señalamientos de “promover campañas de desestabilización del país”.
El organismo ha operado desde 1990 en el país y es dirigido por Mauricio Zúñiga. El régimen de Daniel Ortega le aplicó la Ley contra el terrorismo.
Durante el debate, el diputado y sindicalista orteguista, José Antonio Zepeda, quien dijo que ” defendemos la paz eliminando instrumentos como el Ipade que financiaron tranques de la muerte. No actuamos como venganza”.
7- Fundación del Río
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río) lucha por la defensa del territorio y sus bienes naturales basada en la institucionalidad, la aplicación de valores democráticos y la autodeterminación de los pueblos indígenas, afrodescendientes.
Este organismo alertó del incendio en la Reserva de Biosfera Indio Maíz el pasado abril y demandó al régimen una actuación rápida. Ese mismo mes, Gobernación amenazó con quitarles la personería jurídica.
Gobernación acusa a este organismo de estar constituido ilegalmente porque desde 2016 no tiene junta directiva. También le atribuyen delitos en base a la Ley contra el Terrorismo por supuesto financiamiento de grupos para la “desestabilización del país”. En 2017, la fundación denunció que el Migob se negaba a entregarle la Constancia de Cumplimiento y Certificación de la Junta Directiva. Amaru Ruiz, presidente de la fundación, denunció persecución política por parte del Gobierno de Ortega.
8- CINCO
El Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) se especializa en estudios de comunicación, cultura, democracia y opinión pública. “Hoy le cancelan la personería jurídica a CINCO, centro de investigación que he dirigido durante 23 años. Lo recibo como una medalla al mérito y me siento honrada de que nuestra asociación esté…”, escribió en Twitter, Sofía Montenegro, dirigente del organismo.
A CINCO le cancelaron su personería jurídica este jueves por supuestamente no presentar documentos que prueben el manejo correcto contra el lavado de dinero. Igual lo acusan de facilitar su estructura financiar actos ilícitos. El Migob asegura que CINCO no actualizó su junta directiva desde abril pasado.
9- Fundación Popol Na
La Fundación Popol Na, a cargo de la activista Mónica López Baltodano, que se encuentra exiliada en Costa Rica desde el pasado octubre, fue despojada de su personería jurídica tras aplicarle la Ley contra el terrorismo y señalarla de participar en el financiamiento para adiestramiento de grupos para acciones desestabilizadoras.
La fundación trabaja en Nicaragua desde 1990 “para promover y defender la democracia, la autonomía del Municipio, la transformación de la conciencia colectiva e individual, el cambio social y la participación ciudadana en la vida municipal”, según define la entidad en su sitio web.
La CIDH expresa preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de Nicaragua de cancelar personería jurídica a organizaciones sociales y políticas
La #CIDH expresa preocupación por la decisión de la Asamblea Nacional de #Nicaragua de cancelar personería jurídica a organizaciones sociales y políticas. La libertad de asociación es una herramienta esencial para la existencia y funcionamiento de una sociedad democrática. (1)
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 12, 2018
En este sentido, la #CIDH ya manifestó que las restricciones a la libertad de asociación, un instrumento por el que comúnmente se materializan las demandas de defensores y defensoras de derechos humanos, constituyen un serio obstáculo para la reivindicación de derechos. (2)
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 12, 2018
En este contexto, resulta especialmente preocupante que se cancele la personería jurídica de @cenidh y @CISAS2016NIC, organizaciones defensoras de derechos humanos que cumplieron un rol fundamental en la crisis que enfrenta #Nicaragua. (3)
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 12, 2018
El #MESENI verificó que estas restricciones se materializan en #Nicaragua en procesos judiciales con acusaciones basadas en afirmaciones generales y sin la participación de los afectados, procedimiento que viola los estándares internacionales aplicables en materia de #DDHH. (4)
— CIDH – IACHR (@CIDH) December 12, 2018
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