Violencia represiva e institucionalizada contra el cuerpo de las mujeres – Por Ana González y Ana López Molina
Por Ana González y Ana López Molina *
El cuerpo de las mujeres indígenas y mestizas en Centroamérica ha sido históricamente, y es en la actualidad, un territorio de conquista, dominación y disciplinamiento. Durante los conflictos armados de la segunda mitad del siglo XX, en particular en El Salvador, Nicaragua y Guatemala, las violaciones sexuales a mujeres adultas, niñas y ancianas fueron masivas y sistemáticas por parte de las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares y otras fuerzas de seguridad. En Honduras, comoproducto de la prostitución relacionada a las bases militares estadounidenses, se concentraba más de la mitad de los casos de HIV de toda América Central. El período de postconflicto se caracterizó por un recrudecimiento de los femicidios, que rememoran en crueldad y saña a la violencia genocida, ahora en manos de las maras, del crimen organizado o de las parejas o ex parejas.
En Guatemala, la correlación género, clase, etnia está cruzada por la violencia institucionalizada. Como una burla macabra, el 8 de marzo de 2017, Día internacional de la Mujer, 41 niñas fueron quemadas vivas en el internado Hogar “Seguro” Virgen de la Asunción, en ciudad de Guatemala, y otras tantas quedaron gravemente heridas. La noche anterior habían intentado huir del internado, pero fueron recapturadas y devueltas por la Policía Nacional Civil. El Hogar es gestionado por la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia (SBS). El Secretario de la SBS demeritó las denuncias y reclamos que los/as adolescentes venían haciendo por los maltratos y violaciones sexuales que sufrían dentro del Hogar. El Presidente del país, Jimmy Morales, intentó desligar de responsabilidad al ejecutivo, culpando al Ministerio Público por no investigar las denuncias. Sin embargo en 2013, 2015, 2016 las denuncias fueron investigadas y llevadas a juicio. En 2013, un juez de la niñez y adolescencia sentenció el cierre del Hogar o cambios urgentes de todo el personal. La SBS apeló la sentencia y no acató las órdenes judiciales. Entre las adolescentes muertas había embarazadas, lo que genera fundadas sospechas que la acción desesperada de las niñas también estaba relacionada con la apropiación de niños, práctica llevada adelante durante el conflicto armado.Jimmy Morales llegó a presidencia por un partido creado desde la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, que aglutina a los oficiales que participaron del genocidio entre 1979 y 1985. Jimmy es una fachada civil que esconde la continuidad de las lógicas contrainsurgentes. Es una expresión de la violencia institucionalizada y planificada sobre las mujeres, en particular indígenas, campesinas y pobres.
Sin embargo, las mujeres no son víctimas pasivas, sino que por el contrario son actoras sociales y políticas que se organizan y hacen frente a las múltiples situaciones que les toca vivir. El caso de Sepur Zarco fue emblemático porque por primera vez se dictó una condena por esclavitud sexual en un juicio donde las querellantes fueron once mujeres q´eqchi´, nucleadas en la Asociación Jalok U, con el acompañamiento de otras organizaciones de mujeres: Mujeres Transformando el Mundo -MTM- y Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -Unamg-. En 2016, el coronel Esteelmer Reyes fue condenado a 120 años de prisión y el ex comisionado militar Heriberto Valdez a 240 años por los delitos de desaparición forzada, asesinatos, violaciones y esclavitud sexual cometidos en el destacamento militar, entre 1982 y 1986. Lo novedoso, además del juicio, fue que la sentencia incluyó medidas de reparación y la declaración del Día Nacional de la Verdad de las Víctimas de Esclavitud Sexual. Esto abre la puerta para vincular la esclavitud sexual a la que fueron sometidas muchas mujeres durante el conflicto armado, con las mujeres víctimas de la trata en la actualidad.
El retroceso en la normativa respecto al derecho a decidir sobre los cuerpos y la capacidad reproductiva es otra faceta de la violencia contra las mujeres. La región centroamericana está experimentando un fuerte retroceso en relación al aborto, que no sólo viola el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, sino que también pone en riesgo la vida de muchas de ellas, en particular de las más pobres. En la actualidad hay tres países que prohíben totalmente el aborto, incluso el aborto terapéutico: Nicaragua, Honduras y El Salvador. En Nicaragua hubo un retroceso de 150 años. Desde 1837 el Código Penal establecía que no constituía delito un aborto con el objeto de salvar la vida de la madre. Sin embargo en 2006, en el marco de una campaña electoral, la Asamblea Nacional impuso la penalización total del aborto, decisión que fue respaldada por la bancada sandinista.
En el Salvador, con la reforma penal 1998 se eliminaron todas las excepciones a la prohibición de interrumpir un embarazo: violación, inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre. En la actualidad hay más 147 mujeres, todas pobres, encarceladas por aborto. Algunas de ellas cumplen condenas de más de cuarenta años, ya que los jueces equipararon el aborto con el homicidio agravado por el vínculo. Si bien en 2017 hubo propuestas del FMLN para introducir excepciones a la penalización del aborto, en el poder legislativo se alzaron voces para que se aumenten las penas de 8 a 50 años cuando se interrumpe un embarazo.
La ley guatemalteca autoriza el aborto en caso de riesgo de la vida de la madre. En la actualidad ante el intento de algunos sectores de introducir una mayor flexibilización en las excepciones, otros sectores plantean incluso penalizar los embarazos espontáneos, a través de una ley denominada para la Protección de la Vida y la Familia.
Ante los fundamentalismos religiosos y militaristas que siguen proponiendo, como durante los conflictos armados, tanto el disciplinamiento del cuerpo de las mujeres, como de las comunidades que resisten su ocupación por parte de las transnacionales y los poderes económicos locales, ellas se organizan y los enfrentan, defienden sus cuerpos y sus territorios, aunque paguen con sus vidas, como Berta Cáceres o Juana Ramírez Santiago.
* Investigadoras del Grupo de Estudios sobre Centroamérica (IEALC/UBA) y de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO)
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