Colombia: Ministro de Defensa adjudica al ELN atentado contra escuela militar y peligra el Acuerdo de Paz
Notas sobre el tema
Fiscalía investigará a Comando Central del Eln por atentado en la escuela de Policía
Tras el atentado cometido la mañana de este jueves en la Escuela de Cadetes General Santander, al sur de Bogotá, en donde un carro bomba explosionó al interior de la institución, el ministro de defensa Guillermo Botero, en compañía del fiscal general Néstor Humberto Martínez, altos mandos del Ejército, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos y el director de la Policía, Óscar Atehortua entregaron los primeros resultados de las indagaciones que se vienen haciendo sobre el hecho y confirmaron la participación del Eln en este atentado.
El primero en intervenir fue el ministro de defensa, Guillermo Botero, quien aseguró que ya se tomaron algunas medidas frente a lo ocurrido. Lo primero es que se ordenaron los respectivos controles a la entrada y salida de todas las ciudades del país. Asimismo, pidió la activación del sistema de recompensas que será anunciado en las próximas horas y se va a buscar la extinción de dominio de los bienes de este grupo guerrillero.
Frente al autor material que fue identificado el día de ayer, el ministro Botero aseguró que era miembro activo del Eln y conocido con los alias de El Mocho o Kiko. Según han podido establecer las autoridades, Mocho es un experto explosivista de este grupo guerrillero y desde hace 25 años hacía parte de esta organización. También fue cabecilla de varios frentes del Eln y perdió su mano derecha entre 2008 y 2010.
.@FuerzasMilCol y @PoliciaColombia están preparados para combatir a todos los integrantes ELN. Nuestra #FuerzaPública es una de las más preparadas de América, con condiciones de dirigir cualquier operación. #YoCuidoAQuienMeCuida pic.twitter.com/YgzTPnN9HJ
— Guillermo Botero (@GuillermoBotero) January 18, 2019
Sobre el vehículo que se usó para este acto terrorista, Botero aseguró que se pudo determinar que se adquirió el 11 de mayo del año pasado por parte de José Aldemar Rojas, lo que indicaría que esta operación se estaba planeando desde hace más de 10 meses. Aclaró que el vehículo tipo camioneta ingresó a las escuela por la puerta donde se reciben los camiones de carga pesada. Allí no hubo la intervención de ningún perro antiexplosivos, ya que estos solo están dispuestos en la entrada principal de la institución.
El segundo en intervenir en la rueda de prensa fue el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien hizo un resumen del recorrido que tuvo la camioneta Nissan Patrol minutos antes de hacer su ingreso a la Escuela de Carabineros. Martínez indicó que gracias a las cámaras de seguridad de la Policía se pudo determinar que el vehículo hizo un recorrido por la Avenida Villavicencio y hacia las 9:25 de la mañana se estaciona en la estación de Transmilenio de Venecia, en donde desciende una persona del vehículo. Tras ello, sigue su recorrido hacía la escuela, hasta que ingresa y comete el atentado terrorista hacia las 9:32 de la mañana.
"El ELN tiene que entregar a todas las personas secuestradas inmediatamente, eso no tiene perdón en el siglo de los derechos y la libertad, es muy importante en este momento que el país entienda que el ELN no ha hecho una sola manifestación de su voluntad de paz" @ceballosarevalo
— Presidencia Colombia (@infopresidencia) January 18, 2019
De igual manera, al establecer las placas del vehículo, gracias a los registros de seguridad de la escuela, se consultó el RUNT y se identificó como propietario a José Aldemar Rojas. Con el registro fotográfico de Rojas en la Registraduría se procedió a hacer el cotejo con los guardias de seguridad de la puerta por donde ingresó la camioneta, quienes confirmaron que había sido Rojas el conductor.
Adicionalmente, la Fiscalía hizo el trazo jurídico del vehículo encontrando que el 13 de febrero de 2017 fue adquirida por Mauricio Mosquera alias Macancan, vinculado al Eln y procesado por los delitos de rebelión, concierto para delinquir y terrorismo. Luego, en 2018 fue traspasada a alias El Mocho. El jefe del ente investigador también confirmó que se tiene toda la documentación que comprueba que Rojas Ramirez pertenecía al Eln y que gracias a una necrodactilia de la mano izquierda del Mocho se pudo identificar plenamente.
También, según lo reveló el fiscal Martínez, gracias a las interceptaciones que lograron recuperar de José Aldemar Rojas, se pudo identificar a otro de los presuntos autores de este atentado, quien fue capturado hacia las 2:30 de la madrugada de este viernes en el barrio Los Laches, al sur de Bogotá. El hombre fue identificado como Ricardo Andrés Carvajal Salgar, quien por vía telefonica reconoce su participación en grado de autor en el atentado, según informó el fiscal. Finalmente, el fiscal confirmó que se imputará responsabilidad a titulo de determinadores, autores intelectuales a los miembros del Coce del Eln.
? #EnVivo | Declaraciones sobre los avances en la investigación por el atentado a la Escuela de Policía General San… https://t.co/cjyf8VffjY
— Presidencia Colombia (@infopresidencia) January 18, 2019
¿Por qué van imputar a los jefes del ELN por el carro bomba?
José Aldemar Rojas, el conductor de la camioneta bomba que detonó en la Escuela General Santander, tramitó su pase en febrero del 2018. Cuatro meses después, compró la camioneta Nissan Patrol de color plateado que este jueves estalló en el Alma Máter de todos los comandantes y directores de la Policía Nacional, cobrando la vida de 20 personas.
Este indicio será la base de la decisión que tomará en los siguientes minutos el Gobierno Nacional frente a las negociaciones con el ELN. Así lo dejaron claro el alto comisionado, Miguel Ceballos, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quienes subrayaron que la planeación de este “execrable” hecho se estaba planeando hacía por lo menos diez meses.
La Fiscalía anunció que por este acto terrorista imputará cargos a título de determinadores y autores intelectuales a miembros del Comando Central del ELN, quienes deberán responder por línea de mando. Martínez aseguró que cuenta con material probatorio que permite identificar que el atentado no fue una decisión aislada sino que correspondió a órdenes impartidas por sus superiores en la agrupación armada ilegal del ELN.
Puntualmente, este procedimiento se librará en contra de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Erlington Chamorro Acosta, alias Antonio García; Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán; Gustavo Aníbal Giraldo, alias Pablito; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Pedro Elías Cañas Serrano, alias Óscar Santos. Las investigaciones continuarán para dar con otros determinadores y autores intelectuales del atentado terrorista en la Escuela General Santander de la Policía.
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Desde su llegada a la presidencia, Iván Duque se negó a enviar a un delegado del Gobierno para que retomara las conversaciones con este grupo guerrillero. El argumento central de este distanciamiento es el incumplimiento de los condicionamientos de liberación de todos los secuestrados, y el compromiso de no volver a secuestrar y no volver a cometer actos criminales.
“El 7 de agosto, el presidente dio un mes para evaluar el proceso de paz con el ELN que durante 17 meses realizó el Gobierno anterior. El primer resultado fue negativo porque identificamos con el Ministerio de Defensa que se habían cometido más de 400 actos contra la Ley, de terrorismo, contra los ciudadanos; habían asesinado a más de 100 personas”, aseguró Ceballos.
En los últimos meses, se reactivaron las órdenes de captura en contra de algunos miembros del ELN, entre ellos, integrantes del COCE con sus respectivas circulares rojas para ser ubicados en cualquier parte del mundo. Hace pocas semanas, el Gobierno colombiano pidió a Venezuela información sobre la presencia en su territorio de tres jefes guerrilleros Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García; Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, y Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito.
Este úlitmo es clave porque se investiga la responsabilidad directa que haya podido en el ataque a la Escuela General Santander, ya que los últimos movimientos de José Aldemar Rojas, conocido como El Mocho o Kiko, los hizo en la Comisión Camilo Cienfuegos, del Frente Domingo Laín del ELN, en el 2015. Y posteriormente como jefe de Inteligencia. El hombre también había tenido una cercanía con Nicolás Rodríguez alias Gabino, contra quien pesa una orden de captura internacional, que el gobierno asegura, debe ser acatada. “El Gobierno colombiano mandó una nota diplomática al Gobierno de Cuba para hacerla efectiva”, precisó Ceballos.
“Frente al terrorismo, el Gobierno de Duque no va a ceder y no va a negociar”, sentenció el alto comisionado, quien anunció un pronunciamiento del Primer Mandatario al término de un Consejo de Seguridad.
El fiscal Martínez aseguró que esperarán las decisiones del gobierno colombiano frente a un eventual reactivación completa de las órdenes de captura. Aclaró que la suspensión de algunas de ellas, en el marco de la negociación, no inhibe al poder judicial para presentar hechos que tiene en su poder para solicitar nuevas órdenes de captura, como la imputación de cargos en contra del COCE por desplazamiento forzado y reclutamiento de menores en el Chocó.
En materia de secuestro, el Gobierno le endilga al grupo guerrillero el secuestro de 9 personas desde la llegada de Duque a la presidencia. El último caso fue el secuestro de los tres tripulantes del helicóptero de valores que fue derribado el 11 de enero en Hacarí (Norte de Santander). En este episodio, el ELN se apropió de 1.700 millones de pesos que llevaba en su interior.
“El gobierno sabe y entiende que el Eln no tiene voluntad de paz”: alto comisionado para la Paz
Este viernes, luego de las tareas de inteligencia realizadas por los organismos militares y judiciales del país, se logró establecer que la autoría intelectual del atentado que dejó 21 muertos y más de 80 heridos en la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, en Bogotá, estuvo a manos del Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Según lo informó Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, durante la rueda de prensa en la que se entregaron mayores detalles del atentado al país sobre los hallazgos investigativos del atentado, “en las próximas horas, el presidente Iván Duque hará un anuncio sobre la decisión del Gobierno Nacional frente a ese grupo armado organizado, que con sus actos de dolor ha llenado de sombras y de sangre la historia de este país”.
Si bien las tensiones entre el actual gobierno y la guerrilla han sido tangibles desde su inicio, los hechos recientes marcan un hito en la decisión de continuar o no la mesa de diálogos, estancada en La Habana desde el fin del gobierno de Juan Manuel Santos. “El Eln no ha hecho ninguna manifestación de su voluntad de paz y hoy, con estos hechos, el gobierno sabe y entiende que el Eln no tiene voluntad de paz”, insistió Ceballos.
El alto comisionado recordó que desde el 7 de agosto, día en el que se posesionó Duque como el presidente de Colombia, se anunció que durante un mes se evaluarían las negociaciones con dicha guerrilla. “El primer resultado fue negativo porque identificamos, con los organismos de seguridad y judiciales, que el Eln había cometido más de 400 actos contra la ley y de terrorismo, y habían sido asesinadas más de 100 personas”.
Por eso, explicó Ceballos, Duque, en su momento, estableció unos mínimos requisitos para continuar en la mesa: “el presidente ha dicho que no habrá ningún espacio de diálogo hasta cuando el Eln no entregue todos los secuestrados y renuncie definitivamente a ese delito que todos rechazamos”. Además, indicó, “también ha dicho con claridad que no habrá ningún espacio de diálogo si continúa con los actos criminales. Y hoy estamos lamentando este acto”.
Ceballos señaló que, desde que inició el actual mandato, “el Eln ha secuestrado nueve personas, que se suman a las que históricamente han sido secuestradas por este grupo”. Según dijo, el 8 de agosto, el Eln secuestró tres soldados en Arauca; en septiembre, a Diana María Toro, en Amagá; posteriormente, a una niña menor de edad en el Chocó, hecho reconocido por alias Uriel; luego, al cabo Ángel Mauricio Acevedo, que en este momento está privado de su libertad; y, recientemente, hace una semana, a los tres tripulantes del helicóptero derribado en la zona del Catatumbo.
“A esto se le suman 33 voladuras del oleoducto Caño Limón, Coveñas, cinco de ellas cometidas en 2019”, añadió el alto comisionado para la Paz.
En las próximas horas, entonces, el gobierno confirmará si continúa o no dialogando con esta guerrilla. De ser considerada, no como una organización rebelde, sino como un grupo armado organizado, tendría que acogerse a una nueva norma que permita su desmovilización: la Ley de Sometimiento a la Justicia Ordinaria, que surgió a partir de la supuesta intención del Clan del Golfo de renunciar a sus actividades criminales.
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