Tribunal de Guatemala separa a la CICIG en juicio que compremete a hermano e hijo del presidente Jimmy Morales
Hijo y hermano de Jimmy Morales ya no tendrán a la Cicig en su juicio
Los jueces Edna Maxia, Jaime González y Juan Aceituno decretaron el abandono de Trejo en el debate contra 25 implicados, entre ellos Sammy Morales y José Manuel Morales Marroquín, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales.
Al comienzo de la audiencia, el Tribunal Décimo Tercero Penal verificó que los sindicados y sus abogados habían comparecido. En ese momento notó que la abogada Amanda Trejo, de la Cicig, estaba ausente.
Entonces, los jueces decidieron “de oficio” decretar el abandono del proceso penal de la abogada Trejo por haber estado ausente sin alguna excusa. El debate ya suma 84 audiencias y la declaración de 50 peritos desde el 30 de agosto de 2017.
El fiscal Carlos de León interpuso un recurso de reposición debido a que la decisión del Tribunal le causaba agravio por la presentación de las pruebas.
El Tribunal le otorgó la palabra a cada defensor, quienes centraron sus argumentaciones en que la decisión de los jueces había estado en ley.
Uno de ellos fue Óscar Poroj, defensor de los Morales. “Se usa como argumento de que existe un amparo provisional, pero les puedo decir que ya no existe la Cicig”.
Fernando Guerra, defensor de Samantha Mejía, otra implicada en el caso, argumentó que “la dinámica del proceso penal no es político, por eso se debe confirmar la decisión de decretar el abandono”.
Luego, el Tribunal decretó sin lugar el recurso del fiscal De León.
En la audiencia anterior, el 9 de enero pasado, la jueza Maxia presentó una excusa por la enfermedad de su mamá y el debate se suspendió. Ese día la abogada Trejo ya había presentado una excusa para ausentarse al debate.
Excusa de la Cicig llega tarde al Tribunal
A las 9.25 horas ingresó un notificador en la sala de audiencias y la jueza Maxia informó que había recibido la excusa de la abogada Trejo.
El notificador dejó la excusa desde el 16 de enero pasado en la Unidad de Gestión Penal del Organismo Judicial a las 17:45 horas debido a que la sede del Tribunal estaba cerrada.
La representante de la Cicig centró su excusa en la decisión del presidente Morales de anular el acuerdo de la Cicig el pasado 7 de enero. También que “no se tenga por abandonada mi representación en el debate”.
Pese a la excusa, que llegó 25 minutos tarde, el Tribunal explicó que “por extemporánea” se rechazaba la excusa que había llegado a la unidad de Gestión Penal un día antes y un notificador la llevó a la sala de audiencias hasta que se reanudó el debate.
“Esto afecta porque se discuten las pruebas. La Comisión tiene sus motivos para estar en el debate. Es importante porque están haciendo valer los derechos de la entidad”, dijo el fiscal De León.
Sammy Morales dijo: “No puedo opinar ante las resoluciones del Tribunal. Solo les recuerdo que desde el primer día me he presentado en este proceso. Soy respetuoso de la justicia”.
Al respecto Matías Ponce, portavoz de la Cicig, informó que la excusa se había presentado en tiempo. “El día de ayer se presentó una excusa en el Caso Registro de la Propiedad por parte de la Cicig. Tal como señalamos, en el marco del plan de contingencia, la Cicig ha adoptado medidas para continuar apoyando el trabajo del Ministerio Público, como en efecto se viene haciendo”.
El juez que había beneficiado a hermano e hijo de Jimmy ahora desconoce a la CICIG
El Tribunal Décimo Tercero, presidido por el juez Jaime González Dávila dejó fuera a la CICIG como querellante adhesiva en el Caso Botín Registro de la Propiedad, donde están sindicados Sammy Morales y José Manuel Morales, el hermano y el hijo del presidente de la República. A pesar de que el Ministerio Público planteó un recurso de reposición para que los jueces del Tribunal reconsideraran su decisión, fue rechazado.
Los abogados de los Morales argumentaron que los mandatarios de la CICIG no habían acudido a las audiencias, incluso Oscar Poroj, defensor de Sammy Morales, afirmó que “ya no existe Comisión Internacional contra la Impunidad”, repitiendo los discursos del gobierno de Jimmy Morales. No es la primera vez que el juez González Dávila beneficia a la familia del presidente, en esta nota explicamos quién es y cómo ha resuelto en beneficio de los familiares del presidente.
No existen muchas fotos del magistrado Jaime González Dávila, porque no deja que se las hagan. Cuando Nómada le solicitó hacerlo la respuesta fue “yo colaboro atendiendo a la prensa, pero no me parece lo de las fotografías”. Es un hombre no muy alto y de complexión ancha. Tiene un bigote corto y poco poblado. Usa lentes y su tez es de color morena. Su cara es amigable, y aunque no refleja su incomodidad, sus manos y sus piernas sí lo delatan.
Llegó a ser magistrado presidente de la Sala Tercera de Apelaciones penales en la elección de 2014. Es decir, fue el tercer magistrado de Apelaciones con más votos por parte del Congreso de PP-Líder. El tribunal lo completan Beila Adalí Xiomara Estrada y Sonia de la Paz Santizo Corleto. La Corte de Apelaciones está jerárquicamente abajo de la Corte Suprema de Justicia y arriba de los juzgados, y por eso sus resoluciones pueden cambiar las sentencias.
Los beneficios para los Morales
La Sala Tercera del magistrado Jaime González Dávila resolvió en febrero de 2017 enviar a sus casas al hijo y el hermano del presidente Jimmy Morales, enviados a prisión preventiva en enero de ese año para que no pudieran usar su cercanía con el poder para intervenir en las investigaciones del MP y la CICIG, que los acusan de haber estafado al Estado en un caso de corrupción de Q270 mil (unos U$40 mil) en 2013. Así como envió a sus casas a Estuardo Orellana, exsuegro de José Manuel Morales, y a Alma Orellana, implicada en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Los cuatro sindicados recibieron las medidas sustitutivas de arraigo, arresto domiciliar, obligación de firmar en la fiscalía cada 15 días, la prohibición de acercarse al Registro General de la Propiedad, y el pago de Q100 mil de fianza. Así que a partir del22 de febrero, ninguno de los familiares debería pasar una noche más en prisión. Estuvieron recluidos en el cuartel general de Matamoros por 32 días, desde el 18 de enero del 2017.
El tribunal explicó que para la resolución se tomó en cuenta que los acusados se habían puesto a disposición de la justicia, y que lo habían hecho voluntariamente, por lo que no existía un riesgo de fuga u obstrucción para la investigación.
Es importante recordar que se pusieron a disposición de la justicia sólo después de que la jueza Silvia de León mencionara sus nombres públicamente en el caso Botín Registro de la Propiedad.
Quizás para compensar la decisión, el juez González Dávila decidió aumentar los delitos por los que se les investigaría. En ese entonces también se les investigaría, a Sammy Morales y Mario Estuardo Orellana, por lavado de dinero.
Arzú, el otro protegido
El magistrado González Dávila tiene otros fallos relacionados con figuras importantes y conocidas, como el fallecido alcalde Álvaro Arzú, quien estuvo en un proceso judicial de antejuicio por incitar a la violencia, desde diciembre de 2016. El ex alcalde se negó a asistir a las audiencias que agendó la jueza pesquisidora, Silvia Morales.
La primera cita a la que el alcalde decidió no llegar fue el 18 de enero de 2017, por lo que se reprogramó para el 25 de enero, y tampoco llegó. El 6 de febrero, fecha en que se le citó por tercera vez, Álvaro Arzú recibió un amparo provisional, por parte del tribunal que lidera el magistrado Jaime González Dávila.
La resolución de la Sala fue provisional. El magistrado González explicó a Nómada que se decidió así para poder hacer las averiguaciones necesarias. Tanto la decisión de las prisiones domiciliares para los familiares del presidente Jimmy Morales y el amparo provisional para Arzú fueron respaldados por las otras dos juezas de la Sala.
¿Defensor de jefe de pandilla mientras era juez suplente?
Jaime Amílcar González Dávila es abogado desde hace 27 años. Ha sido Vocal I en la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Trabajó en el Instituto de la Defensa Pública Penal del 2003 al 2005. Y fue magistrado suplente en la Sala Sexta de Apelaciones entre 2009 y 2013, antes de ser magistrado titular y presidente de la Sala Tercera de Apelaciones.
En su carrera ha tenido procesos como defensor, juzgador y juzgado. Uno de los casos más interesantes de su carrera fue el de un pandillero, que pertenece a la célula Little Crazy Gangster de la Mara 18. El nombre de su referido es Herber Gregorio Churimilla, alias Smay, que fue capturado en 2014. Y se le acusó de ser responsable de 133 asesinatos y 46 intentos de homicidio entre el 2010 y el 2012.
Jaime González, siendo magistrado suplente, defendió al Smay en el año 2012. Según el abogado fue por un caso de violación pero, “él no era culpable de violar a esa muchacha, solo estuvo presente”. En la explicación de González Dávila a Nómada, el Smay se encontraba en una fiesta con otras personas que habían ingerido alcohol, y que él no participó en el delito, aunque tampoco intervino para prevenirlo.
Al cuestionarle sobre la relación de un magistrado suplente con un pandillero, su respuesta fue: “yo no era titular, y no hubo conflicto de intereses”. Se le replanteó la pregunta, sobre el perfil de ambos, y González Dávila dijo que le conocía por un caso que había llevado de la familia de Herber Churumilla en el pasado. Y agregó que, Churumilla “era un buen patojo”, y que sus padres le pidieron al magistrado que le hablara y que intentara guiarle.
El juez juzgado
Los casos en los que se ha visto involucrado el magistrado Jaime González han sido varios. Hace un año estuvo cerca de perder su inmunidad porque la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) solicitó un antejuicio en su contra. El motivo: intento de proteger a los diputados miembros de la Junta Directiva de Luis Rabbé, acusados de crear plazas fantasmas en el Congreso.
La FECI considera que Jaime González Dávila firmó el acta de una sesión plenaria de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la que no participó. La magistrada que se percató del incidente fue María Eugenia Morales Aceña, quien denunció lo ocurrido, al MP y a la Junta de Disciplina del Organismo judicial.
El magistrado González Dávila, explicó que lo que ocurrió en ese caso fue un error humano y administrativo. Como él fungió como magistrado de la CSJ, debido a que otros representantes se excusaron de conocer algunos casos, pero ‘no les pidieron que firmaran las actas el mismo día sino que unos días después’, se confundió. “Revisé las fechas de las dos actas primeras, pero la tercera no, y esa era de un sesión en la que no estuve yo”, dice el magistrado.
Es decir, firmó que había participado de una discusión en la Corte Suprema de Justicia en la que no estuvo.
En enero de 2017, se conoció que algunos magistrados titulares de la CSJ y otros magistrados de la Corte de Apelaciones decidieron que no había que quitar la inmunidad a González Dávila por el caso de Plazas Fantasmas. Aunque por el otro caso de la firma fraudulenta, el magistrado González Dávila se encuentra todavía bajo investigación por la FECI y la supervisión de tribunales del Organismo Judicial.
“No hubo mala fe”, dice González Dávila, “y si en algún momento se demuestra lo contrario pues ni modo”.
Al magistrado Jaime González Dávila también se le recuerda por ser parte del tribunal que permitió que Eduardo Vernon González, aquel abogado asesor de la exvicepresidenta Roxana Baldetti, no esté preso a pesar de tener una sanción de 5 años en prisión por participar en el delito de tráfico de influencias con el exdiputado Gudy Rivera, cuando ambos intentaron chantajear a la jueza Claudia Escobar para apoyar a Baldetti en el caso del Tribunal Supremo Electoral a cambio de su reelección.
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