Elecciones 2019: tres mujeres aspiran a la presidencia de Guatemala
Una mujer quiere ser presidenta en Guatemala
Por Salvador Meléndez
Este año, tres mujeres aspiran a la presidencia de Guatemala, y cinco buscan la vicepresidencia. La tendencia feminista a nivel mundial –aunque ninguna de las candidatas defiende este concepto– refuerza la trayectoria política de largo aliento de las tres presidenciables: Sandra Torres, Thelma Aldana y Zury Ríos. Las encuestas más recientes indican que ellas tres tienen más posibilidades de alcanzar la presidencia.
Hace 45 años, una mujer asumía por primera vez la presidencia de un país en América. Se trataba de María Estela Martínez de Perón, electa como vicepresidenta en 1973 y quien asumió la presidencia de Argentina tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, en 1974; Martínez de Perón fue depuesta por un golpe de Estado en 1976. Su llegada al poder, sin embargo, no supuso el inicio de ninguna tendencia, y durante los siguientes 16 años ninguna mujer ostentó el cargo de presidenta de otro país americano.
No fue hasta 1990 cuando Violeta Chamorro (Violeta Barrios de Chamorro) ganó las elecciones en Nicaragua, venciendo en ese momento a Daniel Ortega. “El pueblo es sabio”, dijo la entonces presidenta. Este triunfo tampoco supuso ninguna tendencia.
En 2013, sin embargo, ya había cuatro mujeres presidentas en América Latina: Dilma Rouseff (Brasil) Cristina Fernández (Argentina), Laura Chinchilla (Costa Rica) y Michelle Bachelet (Chile). En 2017, el diccionario Merriam-Webster declaró que el “feminismo” como término del año y una años más tarde había 18 mujeres como jefas de Estado en el mundo.
Dentro de este efecto “contagio” y, al mismo tiempo, siguiendo la línea natural de su trayectoria política, este año en Guatemala hay tres candidatas para presidir la presidencia: Sandra Torres por el partido UNE; Thelma Aldana como precandidata del Movimiento Semilla y Zury Ríos por Valor.
Estas tres candidatas, que compiten en el escenario del extremo multipartidismo del país, con 28 agrupaciones políticas inscritas, y con base en las últimas encuestas realizadas son, en la actualidad, las contendientes más fuertes para estas elecciones.
Una encuesta de la agencia CID-Gallup, del pasado 15 de enero, registra una intención de voto para Sandra Torres (UNE) de 17%, Thelma Aldana (Semilla) con 10%, Zury Ríos (VALOR) con 7% y Alejandro Giammattei (VAMOS) con un 5%.
Este año, además, y a diferencia de la contienda de 2015, hay seis candidatas a la vicepresidencia. En total hay nueve representantes mujeres en los 15 binomios presentados a la fecha, una cifra muy por encima de las dos candidatas mujeres que se postularon a presidenta o vicepresidenta en 2015.
Sin embargo, la falta de representatividad de mujeres en puestos del Congreso o puestos municipales, sigue dando muestras de una cultura machista y desigual que ha excluido a las mujeres de los procesos públicos. Un ejemplo de esto es el Congreso de la República, tanto en la representación de mujeres, como en el intento fracasado de incluir la iniciativa de paridad dentro de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
Tres candidatas de largo aliento
Actualmente, según los últimos sondeos, las tres candidatas con mayor reconocimiento e intención de voto en el país tienen una larga trayectoria en el ámbito político y judicial del país: Sandra Torres, Thelma Aldana y Zury Ríos. Ninguna de las tres puede considerarse un perfil oportunista, que haya tratado de aprovechar la ola del feminismo, aunque ni una de ellas lo defiende en su discurso. Lo cierto es que desde hace una década, las tres han apuntado a una carrera en las esferas públicas del país.
En 2009, la candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, era la esposa del entonces presidente, Álvaro Colom (2008-2012) y gestionaba cientos de millones de quetzales para coordinar programas sociales dentro del Fondo de Cohesión Social sin ocupar un cargo público. Estos programas sociales consolidaron las bases de la UNE y sirvieron para que Torres se diera a conocer en todo el país. En 2011, Torres se divorció del presidente Álvaro Colom y se lanzó como candidata a presidenta.
En aquel momento, sin embargo, no pudo participar por prohibición constitucional, luego de que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolviera aplicarle a Torres el artículo 186 inciso c) de la Constitución Política. Este artículo señala que tienen prohibición legal los parientes del mandatario —incluyendo al cónyuge— que pretendan alcanzar la Presidencia cuando éste todavía se encuentre en funciones.
Sandra se volvió a presentar como candidata en 2015, donde pasó a segunda vuelta y perdió frente al actual presidente Jimmy Morales. Su candidatura para este 2019 sería la tercera oportunidad.
Torres despierta un fuerte anti voto urbano, pero su coordinación de los programas sociales en el país, a día de hoy, aún sigue recaudándole apoyo entre las personas de menos recursos.
Hace diez años, Thelma Aldana, ex fiscal general, y actual precandidata a la presidencia por el Movimiento Semilla, se encontraba fungiendo como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde entró en 1999. En 2011, pasó a presidir el Organismo Judicial y fue cuando conoció al expresidente Otto Pérez Molina. En 2014, Pérez Molina la nombró fiscal general, un puesto que ocupó hasta 2017 y que en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) abrió los casos más importantes de corrupción en la historia reciente del país. El partido Semilla, un nuevo partido surgido a partir de la ola anticorrupción, ha anunciado que será su candidata, pero se encuentra pendiente su proclamación en la Asamblea Nacional del partido.
Zury Ríos en 2009 se encontraba cumpliendo su treceavo año como legisladora del Frente Republicano Guatemalteco (FRG). Un partido fundado por su padre, el general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado entre 1982 y 1983, condenado por genocidio en 2012, cuya sentencia fue revertida por la CC ordenando el reinicio del juicio en una etapa anterior. Ríos Montt finalmente falleció el año pasado sin enfrentar nuevamente la justicia.
Durante los 16 años como legisladora, Zury Ríos promovió leyes vinculadas a la salud sexual, la educación de la mujer adulta, la ley del tabaco. En 2011 se lanzó como precandidata a la presidencia por el FRG, pero ya no participó en ese proceso electoral.
En las anteriores elecciones, en el 2015, el Tribunal Supremo Electoral rechazó su candidatura, entonces por el partido VIVA. Unos meses más tarde la Corte Suprema de Justicia la amparó y pudo presentarse obteniendo, al final, un quinto lugar. En estas elecciones, Ríos se postula con el partido Valor. El pasado 13 de febrero, la Corte Suprema de Justicia volvió a otorgarle un amparo provisional, obligando al TSE a inscribirla como candidata.
También se ha comentado en círculos políticos la posible postulación de Nineth Montenegro, de Encuentro Por Guatemala (EG), como candidata a la presidencia por este partido. Montenegro lleva 22 años como congresista e integró los partidos Alianza Nueva Nación (ANN), Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG) y EG. Una mujer más que busca ser presidenta de Guatemala.
Las vicepresidenciables
Este año, además, se suman otros seis partidos que presentarán a una mujer como candidata a la vicepresidencia. Así será un total de nueve mujeres entre los 17 binomios inscritos. Siete mujeres más a las dos que se presentaron en las anteriores elecciones.
El partido de derecha liberal Compromiso Renovación y Orden (CREO) presenta como candidata a vicepresidenta a Yara Argueta, quien acompañará a Julio Héctor Estrada, ex ministro de Finanzas del gobierno de Jimmy Morales. Yara Argueta estudió en Stanford, es parte del Consejo de Fiduciarios de Fundesa y fue la CEO de pinturas LAPCO (Corona, La Paleta, Sytec y Modelo), una de las empresas más grandes de esta área, hasta 2016.
Por el partido Winaq, partido indigenista de izquierda fundado por Rigoberta Menchú, la vicecandidata será Liliana Hernández, abogada y notaria quien ha trabajado en la Unidad de la Mujer del Instituto de la Defensa Pública Penal y en la Defensoría de la mujer indígena.
El actual partido oficialista, FCN-Nación, también presentó a una mujer como aspirante a la Vicepresidencia, que acompañará a Estuardo Galdámez. Se trata de Betty Marroquín, licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Francisco Marroquín y gerente de BM Consultor desde 2016.
El partido de izquierda Convergencia, que en las anteriores elecciones obtuvo tres escaños en el Congreso, presenta a Claudia Mariana Valiente como compañera de fórmula de Benito Morales. Valiente es socióloga por la Universidad de San Carlos (USAC); perteneció a la Asociación de Estudiantes Universitario (AEU) de la USAC, ha trabajado en la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en Guatemala (ODHAG) y ha apoyado proyectos en la ONU.
Aunque todavía no se ha inscrito oficialmente, el partido Prosperidad Ciudadana, del alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, postula como vicepresidenciable a Blanca Alfaro, ex alcaldesa de Masagua, uno de los cuatro municipios que hace unos años trató de buscar la reducción del salario mínimo.
El Congreso de las hijas y las esposas
Sin embargo, a pesar del nuevo impulso a las mujeres para esta campaña, el Congreso de la República es una muestra de que el camino por recorrer para el reconocimiento de las mujeres en puestos públicos de toma de decisiones todavía es largo. Y también de que la cultura machista del país, y la estructura vertical y rígida de los partidos políticos en Guatemala, suponen fuertes impedimentos para el ascenso de las mujeres en puestos políticos.
Una de las reformas contempladas dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue la propuesta de paridad y alternabilidad en el Congreso, que pretendía alternar un hombre y una mujer en los listados de diputados y corporaciones municipales. Esta reforma pasó por el visto bueno del Tribunal Supremo Electoral y también de la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, a diferencia de otras de las reformas propuestas, esta no logró los votos suficientes de los diputados.
Una de las votaciones que rechazó la reforma de la paridad se hizo memorable después de que el diputado Linares-Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), dijera que las mujeres son un “accidente biológico”.
“En la discusión, los diputados y diputadas no accedieron a estas reformas. A pesar de que la CC apoyó e incluso dio argumentaciones muy importantes en favor de esa reforma”, dice Sandra Morán, diputada por el partido Convergencia, “Si no se lograba la paridad, teníamos la esperanza de que por lo menos entrara la cuota del 30 por ciento. Sin embargo, en esa reforma, ni en 2016 ni en 2017, logramos introducir ningún cambio”, añade Morán.
Sandra Morán es una de las 26 diputadas mujeres del total de 158 curules en el Congreso de la República de Guatemala. Es decir, forma parte del 16 por ciento de mujeres en el Hemiciclo. Así, actualmente, la cuota en el Congreso es de cinco hombres por una mujer. Morán sería además el ejemplo de una de las pocas mujeres que han accedido al Hemiciclo por sus propios méritos.
“A excepción de algunos casos, de diputadas que tienen toda una trayectoria, el resto llega por parentesco o redes familiares. No llegan por idoneidad o liderazgo, sino que los perfiles son otros”, explica a este respecto Geidi de Matta, politóloga y actual directora de Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).
Entre las 26 mujeres diputadas, seis de ellas son esposas de caciques, quienes les han dado entrada al Hemiciclo, según la analista.
Aracely Chavarría Cabrera de Recinos, diputada por el Movimiento Reformador, fue postulada por el Partido Patriota (PP), es la esposa de Rubelio Recinos, exalcalde de Barbera, Santa Rosa e importante cacique de la zona.
También ocupa un cargo de diputada Edna Azucely Soto Juárez de Kestler del partido Todos, esposa de Roberto Kestler, ex diputado de Chimaltenango, la cual ocupa su curul luego de que el diputado perdiera el cargo por la investigación en su contra por el caso Negociantes de la Salud.
Además tiene un puesto de diputada Floridalma Leiva Hernández, actualmente independiente, pero postulada por el PP, es esposa de Francisco Javier Vásquez Montepeque, ex alcalde de la Gomera y también cacique de la zona. Leiva Hernández llegó a la curul ocupando el lugar del diputado Arístides Crespo luego que fuera removido del cargo por su investigación en el caso de Plazas fantasma en el Congreso
Otra curul es ocupada por María Stella Alonzo Bolaños, diputada independiente luego de la cancelación del PP, el cual la postuló. Es pareja de Otto Perez Leal, ex alcalde de Mixco e hijo del ex presidente, Otto Pérez Molina.
Mirma Magnolia Figueroa Resen de Coro, postulada por el cancelado partido Libertad Democrática Renovada (Lider) actualmente forma parte del bloque legislativo Alianza Ciudadana, y es esposa del ex alcalde de Santa Catarina Pinula Antonio “Tono” Coro, es otra de las diputadas.
Además de ellas, Sandra Patricia Sandoval González, diputada por Jutiapa del partido Todos, es ex esposa del narcotraficante, Irvin Giovany Aguilar Duarte, preso en EEUU por traficar cocaína, mientras que el hermano de la diputada, Mario Aníbal Sandoval González, se encuentra prófugo de la justicia también por vínculos por el narcotráfico.
Entre otras mujeres diputadas a quienes se ha relacionado con organizaciones criminales se encuentra Sofía Hernández, diputada por Huehuetenango, postulada por el cancelado partido Lider, hermana del ex alcalde de San Antonio Huista y a quienes se relaciona con el cártel del mismo nombre.
En 2016 entró también como diputada Karla Andrea Martínez Hernández, la hija de Sofía Hernández, también postulada por Lider y quien asumió la curul luego de que no pudiera ocupar el su cargo a diputado, Luis Chávez, por una investigación penal en su contra al momento de ser reelecto.
Otra de las congresistas es Vivian Beatriz Preciado Navarijo por el partido Unión del Cambio Nacional (UCN), hija de la ex alcaldesa de Ocos, Edilma Navarijo. Su tía, Alma Lucrecia Hernández Preciado, fue capturada por la oficina estadounidense para Administración para el Control de Drogas, DEA. La investigación determinó que Hernández Preciado era la encargada de organizar y trasladar los cargamentos de cocaína de los carteles colombianos hacia México.
Además, ocupan también un puesto la hija de la diputada Delia Bac, Eva Nicolle Monte Bac. Ambas postuladas por el cancelado Lider.
“Al final, para postularse, lo que más pesa para una mujer es la capacidad del poder económico. No es tanto el liderazgo. Y hay muchos caciques que son propietarios de las organizaciones políticas. Lo que se evidencia es que los partidos no se han logrado democratizar internamente”, explica Geidy de Matta.
Sandra Morán es el ejemplo de la estructura rígida y vertical que caracteriza a los partidos al dejarla fuera siendo una de las caras más visibles de Convergencia. Morán entró como diputada en 2016, era la primera vez que la sociedad civil organizada entraba en Hemiciclo. Y era la primera diputada en declararse abiertamente feminista y lesbiana. Su trayectoria durante los cuatro años estuvo dirigida a presentar iniciativas vinculadas a las mujeres y niñas. Sin embargo, para estas elecciones, Convergencia optó por no postularla a diputada. Según fuentes del Congreso, esto se debió a órdenes de Pablo Monsanto, ex comandante guerrillero y líder del partido.
Preguntada al respecto, Sandra Morán indicó que se debió a una rotación de puestos, aunque posteriormente al indagar sobre el posible machismo detrás de esta decisión, indicó que a su parecer no fue una buena decisión del partido.
“Los mismos partidos, aun siendo de izquierdas, son conservadores en estos temas. En mi caso, hubo mucha crítica a las leyes que presenté. Algunos incluso se atreven a decir que son intereses personales, por ser mujer y ser lesbiana. Debido a eso, todo lo que se presente en esa materia resulta personal. Hay una lectura injusta desde Guatemala sobre este tipo de iniciativas de ley”, dice la diputada.
“La realidad es que la forma vertical de presentar las agrupaciones políticas en el país, deja de lado la participación de las mujeres. A pesar de las estadísticas, hay más mujeres empadronadas que hombres”, explica de Matta.
Para la académica de IPNUSAC, Guatemala sigue dominada por una cultura patriarcal machista y excluyente. “Efectivamente, en otros procesos electorales se ha visto la necesidad de la participación de la mujer, más como una situación de accesorio, no por capacidad sino por cumplir”.
Según cifras de Mirador Electoral sobre los resultados electorales de 2015, solo un 18 por ciento de todos los cargos populares eran mujeres.
De las de las 338 alcaldías en disputa, en las elecciones pasadas, sólo ocho mujeres fueron electas, lo cual representó un 2.4%, mujeres.
De las 28 Secretarías Generales de los partidos políticos inscritos, cuatro mujeres ocupan el cargo, esto representa el 14%. En el Congreso, solo hay 26 diputadas.
“Esto constata la grave exclusión de las mujeres en el ejercicio del poder público y denota la urgencia de la transformación del Sistema Electoral y de Partidos Políticos”, indica el análisis de Mirador Electoral.
Sin embargo, para Sandra Morán, quien explica que es posible que se postule para diputada con otro partido, el incremento de mujeres dentro de los puestos a candidatos es el indicativo de cierta transformación en el país.
“Yo creo que hay un impacto. Se piensa que debería haber mujeres en el ejercicio de los derechos políticos. No estoy segura de que sea un avance en feminismo. Pero va a ser histórico que, por primera vez en este núcleo pequeñito de candidatos, la mayor parte de ellos sea mujeres”, concluye Morán.
Elección 2019: muchos candidatos y poco acceso a la información
Hasta el momento, siete partidos políticos acreditaron sus binomios en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), dijo a Perspectiva Luis Ramírez, vocero de esa entidad. Las agrupaciones son: Todos, Fuerza, Vamos, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Unión del Cambio Nacionalista (UCN), Partido Unioniosta (PU) y Valor.
Otras 13 agrupaciones ya proclamaron a sus candidatos para puestos de elección popular pero no han recibido credenciales y finalmente, tres no han realizado asamblea general: Movimiento Semilla, Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y Partido Liberal de Guatemala (PLG). Además, el partido VIVA se encuentra en un impasse por la renuncia de su candidato presidencial.
Entre los elementos que oscurecen el proceso electoral está el acuerdo firmado entre el TSE y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Según informa Giovanni Fratti, abogado de Guatemala Inmortal (GI), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aceptó para su trámite el amparo de GI contra el convenio.
De obtener una respuesta favorable, el convenio puede resultar derogado y “podremos respirar más tranquilos”, expresa el abogado, quien explica que el TSE no está facultado para firmar ese convenio, que por otra parte, concede a la CICIG una potestad que no tiene para conocer asuntos electorales de Guatemala.
“Es un hecho que el ex comisionado Iván Velásquez fue visto en El Salvador realizando campaña anticipada con la ex fiscal Thelma Aldana, sobre quien pesan varios señalamientos, como la protección a Mayra Véliz; la compra sobrevalorada de un edificio para el Ministerio Público (MP) y la contratación de José Carlos Marroquín como asesor, aunque vivía en el exterior. El colmo es que de este señalamiento, Aldana se libró con un amparo en un juzgado civil. El mensaje de este amparo es que cualquier criminal podrá ampararse en cualquier juzgado”, dice Fratti.
Según esta opinión, es evidente que el TSE está haciendo lo posible para facilitar la participación del movimiento Semilla, del que se especula que Aldana sería presidenciable. Por ejemplo, dice Fratti, ese grupo no ha cumplido los plazos de ley para la realización de sus asambleas departamentales y municipales.
Asimismo, el abogado menciona que según el registrador del TSE, Semilla ha realizado el proceso en orden y conforme a la ley vigente. Esto, para Fratti, evidenciaría colusión entre el órgano electoral y el partido citado.
A lo anterior, Fratti suma las trabas y denuncias contra las dos candidatas que podrían llegar a una segunda vuelta con Aldana. Sandra Torres, señalada por el delito de financiamiento electoral anónimo, vigente hace cuatro meses, y Zury Ríos. En los dos casos cabe mencionar que la ley no es retroactiva, dice Fratti.
Por último, señala que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), contiene aberraciones contra la libre expresión. Esto fue denunciado hace meses ante la Corte de Constitucionalidad por la Cámara de Medios de Comunicación, el CACIF y la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Sin embargo, la CC no ha dado respuesta, concluye Fratti.
Un panorama complejo y poco ordenado
Según Héctor Rosada, el panorama político es complejo, poco ordenado y evidentemente con carencia de liderazgos. La falta de información y de debate se expresa en que el grueso de la población es absolutamente ajeno a un pasado que estuvo marcado por la confrontación armada.
“Es difícil comprender el presente si no se conoce el pasado. La desconexión absoluta entre el gobierno y la población es mucho más evidente actualmente”, dice.
Para Celia Luna, la reforma a la LEPP es un elemento positivo que contribuye a reducir el período de la campaña y con este, la probabilidad de financiamiento ilícito.
En cuanto a la libre expresión, señala: “La LEPP no prohíbe a los binomios y candidatos expresarse libremente, aunque limita las menciones que puedan considerarse campaña, como la exaltación de candidatos y la exposición de planes de gobierno. Es un tanto irresponsable señalar que hay límites a la información, puesto que se motiva temor. Muchos de quienes han manifestado descontento con la normativa vigente son los mismos diputados que aprobaron esta reforma en 2016”.
La reforma pretende que los partidos planteen su relación con los ciudadanos de una forma que vaya mucho más lejos del clientelismo al que el país está acostumbrado. Según Luna, son los organismos políticos los encargados de replantear su relación con la ciudadanía.
Con esta posición coincide Manfredo Marroquín, recién proclamado presidenciable de Encuentro por Guatemala (EG). Según afirma, “hay temores injustificados con el tema de la información. Si se trata de información sin sesgo no hay por qué considerarla propaganda anticipada”.
Sin embargo, agrega que es necesario revisar algunos aspectos de la LEPP. “Es deseable un proceso electoral que no sea tan restrictivo. Es comprensible que se acortara la temporalidad. Mientras más largo, implica más recursos económicos y por ende más probabilidades de financiamiento ilícito”.
Además, expresa que se están dejando de lado aspectos muy importantes en la campaña, como son un debate de mayor nivel, propuestas concretas y menos ideologización, que finalmente califica como “un sofisma que esconde los verdaderos problemas de Guatemala”.