Panamá: juez niega fianza al expresidente Martinelli
El juez de garantías del Segundo Tribunal de Justicia, Justo Vargas, negó la fianza de excarcelación al expresidente Ricardo Martinelli por considerar que no encontró variación de las circunstancias jurídico-penales dentro del proceso que se le sigue al acusado. ‘Estimamos que lo más prudente es negar la solicitud de fianza de excarcelación solicitada por la defensa del expresidente de la República’, sentenció.
La decisión de Vargas es un duro golpe para la defensa del también líder del partido Cambio Democrático, que apostó por el Sistema Penal Acusatorio ordinario luego de que la Corte Suprema de Justicia declinara competencia para juzgar a su cliente. Es la cuarta ocasión en que a Martinelli le niegan la libertad, ya fuera a través de una medida cautelar o de una fianza.
La defensa de inmediato apeló el arbitraje del juez, quien fijó para el 11 de febrero, a las 10:00 a.m., la audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones.
Después de deliberar por casi tres horas, el juez de garantías determinó —luego de hacer una evaluación de los elementos de convicción presentados por las partes— que en el proceso que se le sigue al exgobernante, por supuestos pinchazos telefónicos y dos delitos de peculado, se encuentran acreditados los cuatros delitos que se le imputan.
También dejó constancia de que el jefe del Consejo de Seguridad es también el Presidente de la República. No obstante, dejó en claro que la vinculación de Martinelli a los hechos de los que se le acusa se aclararán en la fase de juicio oral, que se ha fijado para el 12 de marzo próximo.
El análisis del juez contempló la compra de tecnología para efectuar la interceptación telefónica, la información que reposa en la carpetilla sobre las intervenciones telefónicas y la ausencia de una resolución por parte de la Sala Penal de la Corte que autorizara las mismas, así como las facturas que acreditan la adquisición del equipo de escuchas, entre otros.
‘Al parecer, por los elementos indicados, se dieron los cuatro delitos; el tema es probar la vinculación de la persona indicada, y probar que la orden la dio el presidente del Consejo de Seguridad, que a su vez es el presidente de la República’, indicó el juez de garantías.
VERSIONES DE LAS PARTES
La audiencia, que se celebró en el Segundo Tribunal de Justicia del Palacio Gil Ponce, se inició a las 9 de la mañana de ayer. La sala se encontraba casi llena, en comparación con las últimas audiencias presididas por el juez de garantías Jerónimo Mejía, antes de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declinara competencia del caso.
El abogado del expresidente, Alfredo Vallarino, expuso los argumentos para tratar de convencer al juez de otorgar fianza a su cliente. Luego, el juez permitió la palabra a la Fiscalía, y posteriormente a los querellantes.
Una vez finalizados los alegatos, Vargas concedió a las víctimas y al exgobernante el uso de la palabra.
Martinelli le dijo que nadie está por encima de la ley, pero pareciera que a él no le aplican la condición de ser humano. Comparó su estado al de los judíos exterminados en los campos de concentración nazi, a quienes los alemanes consideraban subhumanos, ‘untermensch’, en alemán.
‘Ante el sistema judicial me considero un untermensch , un ‘sub ser humano”, reclamó el exmandatario.
Se quejó de que este proceso tiene el propósito de sacarlo del ruedo político, porque su popularidad como candidato a alcalde capitalino supera el 85%. Denunció que le han llegado mensajes del presidente Juan Carlos Varela en los que le advirtieron que no le iban a conceder fianza. Habló de su deteriorada salud y agregó que por órdenes de ‘Varela, que escucharon 10 personas’, lo sacaron del Hospital Nacional el pasado 21 de diciembre, cuando se disponía a someterse a exámenes médicos por espacio de cinco días.
Por su parte, Balbina Herrera, víctima de los pinchazos, quien tomó la palabra unos minutos antes que Martinelli, solicitó encarecidamente al juez negar la petición de fianza.
Abogó por los derechos de las víctimas y denunció los constantes ataques que ha sufrido cada vez que sale de la audiencia. Pidió respeto por parte del expresidente y recordó al juez que, a través del equipo de espionaje, Martinelli se metió en su casa y después colgó un tuit en el que decía que ‘por verle el panti rojo a Balbina ésta le solicitó $30 millones’, parafraseó Herrera.
‘Las víctimas nos sentimos inseguras, no tenemos policías que nos cuiden, el que falló fue él (Martinelli); que asuma su responsabilidad como tal’, ya que a lo largo del proceso no ha negado que pinchó los teléfonos, dijo Herrera. Como víctima, la también dirigente del Partido Revolucionario Democrático dijo no estar dispuesta a compartir su vida íntima con nadie e insistió en que su intimidad fue vulnerada por el expresidente sin justificación judicial.
EL PAQUETE DE FIANZA
La defensa del exmandatario, representada por el abogado Alfredo Vallarino, ofreció $500 mil para que el juez concediera la fianza a su cliente, monto que equivale, recordó, a la mitad de la suma que fijó la Corte del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos, cuando se surtía el proceso de extradición del expresidente a Panamá.
Vallarino dispuso entregar a la autoridad los pasaportes —diplomático y ordinario— de su defendido para tranquilizar los temores de fuga que alegaba la parte querellante. También la posibilidad de que a su cliente se le prohíba abandonar el país y que se presente periódicamente ante el tribunal para firmar cuando lo determine el juez. Aunado a esto, expresó que el juez podría dictar una medida de alejamiento de Martinelli a los querellantes, y ofreció métodos tecnológicos para que la Secretaría Judicial someta a su cliente a un proceso de monitoreo a través de su celular, por el sistema de GPS, otorgando el número de IP y la activación del sistema ‘face time’, para que las autoridades comprueben que su cliente porta el móvil.
El abogado Vallarino recurrió a la estrategia de desvincular a su defendido del delito de peculado, que tiene la pena más severa. En este sentido, explicó que en el informe de auditoría que recoge los detalles sobre la pérdida del equipo de escuchas, efectuado por la Contraloría General de la República, no se menciona a su cliente. Enseguida el juez lo llamó al orden, por no ser el momento de adentrarse en ese tipo de consideraciones.
Durante su intervención, el abogado expuso que el estado de salud del expresidente no es el mejor y presentó dos informes médicos elaborados por cardiólogos, que recientemente lo evaluaron.
Vallarino expresó que su cliente, al estar veinte meses preso, prácticamente ha cumplido en detención preventiva la pena mínima de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, que contemplan de uno a tres años de prisión.
No obstante, Dalia De Castro, fiscal superior de la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada, subrayó que Martinelli tiene siete meses preso en el centro penitenciario El Renacer, y que la Corte Suprema de Justicia determinó que el tiempo empieza a correr desde que fue extraditado a Panamá, donde enfrenta una pena de 21 años de prisión.
Vallarino argumentó que su cliente aún no ha sido condenado, por lo tanto, como debe ser considerado como inocente por la justicia, tiene derecho al principio de excepcionalidad.
No obstante, la fiscal contraargumentó que existen varios elementos que vinculan a Martinelli con los hechos de que se le acusa; situaciones que acreditan las víctimas y los testigos, quienes darán su versión durante el juicio oral.
Afuera del juzgado, Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, y un grupo de simpatizantes gritaban consignas por la libertad de su líder. Las voces se colaban a la sala de audiencias, donde el juez solicitaba a los participantes máxima concentración.
Vargas efectuó algunas preguntas a los oradores con la intención de conocer los detalles del caso. Enfatizó en la parte médica del privado de libertad —informe que solicitó antes de decretar un receso para evaluar la fianza—, así como en las evidencias sobre la compra de los equipos de escuchas.
Uno de los instrumentos de alta tecnología adquiridos por el Estado fue el equipo Pegasus, cuyo paradero se desconoce. Se trata de softwares y no de máquinas, cuya licencia debió haber expirado.
La decisión de mantener a Martinelli en prisión dificultará sus planes políticos; una situación que Herrera y el resto de los querellantes resaltaron como la única novedad planteada por la defensa en la solicitud de fianza.
La candidatura de Martinelli, para Mitchell Doens, víctima y querellante, está reñida con el precario estado de salud que alega padecer el acusado. Es uno de los puntos que la defensa plantea insistentemente para lograr su libertad: hipertensión, afecciones cardíacas, depresión, entre otras.
Los querellantes y la fiscalía insistieron al juez sobre el riesgo de fuga, de otorgar una fianza a Martinelli.
Trajeron a colación nuevamente los informes entregados por los agentes norteamericanos ( marshalls ) en los que advertían de las precauciones al transportar a Martinelli de un sitio a otro. También recordaron que el juez Edwin Torres, del Distrito Sur de la Florida, en Estados Unidos, negó la fianza por temor de fuga, por ser un hombre acaudalado y con conexiones internacionales, situación que facilitaría su escape de la justicia.
Los querellantes insistieron en que la excarcelación no garantizaría la comparecencia de Martinelli en la audiencia de fondo. ‘Hay antecedente de fuga al irse a Estados Unidos y evadir la justicia, nada impide que lo quiera hacer una vez más’, indicó Doens.
Por su parte el abogado David Cuevas, representante del querellante autónomo Rosendo Rivera, refutó lo dicho por Vallarino en cuanto a la equiparación del tiempo que lleva detenido Martinelli y la pena mínima del delito. Insistió en que el expresidente no vino por voluntad propia, sino que fue extraditado para que atienda el proceso en su contra. Cuevas recordó al juez que cualquier otra conclusión iría en contra de los parámetros que ordenaron la detención de Martinelli.
El abogado añadió que las demoras en el proceso se deben a los 75 recursos que ha interpuesto la defensa y que, en igual número de ocasiones, el exmandatario ha sido atendido por médicos durante los meses que ha estado detenido.
Ricardo Martinelli: ‘Me quieren sacar del ruedo político’
Al expresidente Ricardo Martinelli se le permitió hablar, la tarde de este lunes 4 de febrero, en la audiencia en la que solicita una fianza de excarcelación. Allí dijo que la intención de mantenerlo detenido, de forma provisional, es para sacarlo del ruedo político.
Martinelli indicó que le han destruido su reputación y que él demostrará que es inocente. “Me tienen recluido y excluido de todo”.
El expresidente Martinelli, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario El Renacer, insistió en esta audiencia que él no ha sido notificado de un proceso que ya tiene 18 meses.
El exmandatario insistió en que es un panameño al que le han violado todos sus derechos. “Yo necesito la fianza porque es un derecho que tengo como panameño”.
Martinelli afirmó ante la sala que su caso es político y que el presidente Juan Carlos Varela le mando a decir con dos personas que él no sale hasta el 12 de junio.
“Nunca me han dado el privilegio de defenderme y han violado todos mis derechos”, insistió el exmandatario, al tiempo que recordó que la ley debe ser igual para todos. “Parece ser que para Martinelli hay otra ley”.
“Esta fianza yo me la merezco”, añadió.
Según el dirigente político de Cambio Democrático, al parecer en el país los privilegios y la ley se los aplican a todos los panameños, menos a él.
Dijo que esa situación se presenta en su caso por diferentes motivos, entre ellos los personales o políticos.
También dijo que durante la audiencia escuchó de parte los querellantes muchas clases de mentiras e improperios.
Martinelli se definió como un ser humano, sin embargo, él ante el sistema judicial panameño se considera un subhumano porque parece que la ley se aplica a todos menos a él. “Primero que todo, proclamo mi inocencia y los voy a probar”.
Tras las declaraciones de Martinelli ante la audiencia, el juez de garantías de Panamá, Justo Vargas, decretó un receso abierto para deliberar sobre la petición de fianza presentada por la defensa del expresidente.