Ecuador: el poder judicial acepta investigar a Lenín Moreno pos supuestas cuentas offshore
El escándalo del audio soez de la presidenta del legislativo, Elizabeth Cabezas con la ministra del interior María Paula Romo, ha derivado en un proceso judicial que deberá pedir a la Asamblea Nacional la investigación contra el Presidente de Ecuador, Lenin Moreno, por las implicaciones que tienen las denuncias de ser poseedor de cuentas off-shore en el exterior de la compañía INA Investment. Así lo ha determinado la justicia ecuatoriana al aceptar un pedido de Recurso de Protección solicitado por el activista social Felipe Ogaz y el abogado Ricard Gonzáles, logrando que se llame a declarar a 153 personas, encabezados por las principales autoridades del Ecuador, para este 1 de abril de 2019.
El pedido del antropólogo Felipe Ogaz, conocido activista social junto al abogado Richard Gonzáles, surgió el pasado 7 de marzo al difundirse un audio con una conversación en términos soeces de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien se dirigió a la Ministra del Interior María Paula Romo, en un aparente acuerdo político, para impedir la investigación de presuntos actos de corrupción que involucrarían al presidente de la nación Lenin Moreno Garcés.
El caso fue denunciado por la presunta vinculación del mandatario ecuatoriano con la empresa INA Investment, con cuentas en Panamá, y desde donde habrían salido una serie de pagos, regalos, compras de departamento en alicante, compras de mobiliario y objetos suntuosos para la familia del presidente Lenin Moreno Garcés, y que ha sido denunciado por el periodismo digital “La Fuente”, para luego convertirse en una acusación constante y con documentos por parte del ex presidente Rafael Correa.
Una vez que se comprobó la realidad del audio de la conversación de la presidenta Cabezas con la ministra Romo, Se evidenció la negativa de la Asamblea de Ecuador a investigar al presidente Moreno, por las graves acusaciones en su contra, arribando a presuntos acuerdos para impedir la investigación, por lo que el activista Felipe Ogaz concurrió ante la justicia ecuatoriana y presentó un Recurso de Protección, el cual expuso los hechos pidiendo:
“Que, en sentencia declare la vulneración de nuestros derechos constitucionales; y, en consecuencia, disponga como reparación integral que:
a) La Asamblea Nacional inicie la investigación por los hechos que involucran al Presidente de la República Lic. Lenin Moreno respecto del tema de paraísos fiscales y la Empresa INA INVESTMENT;
b) Que la Asamblea Nacional inicie una investigación por la conversación mantenida por la Presidenta de la Asamblea Nacional y la Ministra del Interior con el ánimo de obstruir la investigación en contra del Presidente de la República.
c) Que las partes más importantes de la Sentencia sean publicadas en la Página Web de la Asamblea Nacional, Presidencia de la República, Ministerio del Interior y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social”.
El recurso fue presentado el pasado 15 de marzo de 2019, y correspondió por sorteo a la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Mariscal Sucre de Quito, cuya jueza, Dra. Raquel Herrera Obando, aceptó a trámite y dispuso mediante providencia dictada este 19 de Marzo de 2019, que se tramitará el recurso de protección, y por ley se deberá sustanciar en audiencia pública a efectuarse en esa judicatura el próximo 1 de abril de 2019, desde las 8h00, para lo cual llamó a 153 funcionarios públicos, autoridades y demás demandados en esta causa.
Los demandados son. El Presidente Lenin Moreno, todos los 137 asambleístas que integran la Asamblea Nacional, incluida su presidenta Elizabeth Cabezas,
Se suman a la lista de demandados, todos los miembros de la Función de Transparencia y Control Social: b.1. Consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social: El Dr. Julio César Trujillo Vásquez; el Dr. Luis Macas Ambuludi; el Gnrl. Luis Hernández Peñaherrera; el Dr. Eduardo Mendoza Paladines; el Dr. Pablo Dávila Jaramillo; el Dr. Xavier Zavala Egas; y, la Dra. Miryam Félix López, en sus calidades de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio.
Por la gravedad de los hechos se llama también a declarar en el caso a las siguientes autoridades nacionales que podrían tener relación en esta investigación: Al Contralor General del Estado: Dr. Pablo Celi; Superintendente de Bancos: Dr. Juan Carlos Novoa; al Superintendente de Compañías: Víctor Manuel Anchundia, Superintendente de Control de Poder del Mercado: Dr. Danilo Sylva; Al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Dr. Fabián Neira Ruiz,
Como parte importante en este llamado, se suman la Ministra del Interior, Dra. María Paula Romo, y la concurrencia de la Procuraduría General del Estado, representada por el Dr. Iñigo Salvador.
Las resoluciones que se adopten de este proceso tienen trascendencia legal, ya que de las mismas se pueden desprender responsabilidades penales, civiles y político-administrativas, que bien pueden encauzar el juicio político contra el presidente Lenin Moreno.