Crimen de Berta Cáceres: a tres años, familiares exigen juicio a los autores intelectuales
Notas sobre el tema
Familia de hondureña Berta Cáceres exige castigar a autores intelectuales de su asesinato
Familiares de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres exigieron este martes al gobierno profundizar las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen, entre los que señalaron a dirigentes de una empresa eléctrica.
“Exigimos que se continúen, profundicen y terminen las investigaciones que permitan establecer los responsables de planificar, coordinar y financiar” el asesinato, declararon en rueda de prensa.
También los familiares, entre los que están la madre y la hija de Cáceres, Austra Berta Flores y Olivia Zúniga, condenaron a las autoridades estatales que autorizaron la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena, a la que la ambientalista se opuso.
Las demandas de la familia se registraron tras cumplirse el 2 de marzo el tercer aniversario del asesinato.
El crimen fue cometido por pistoleros que entraron a la casa de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en la comunidad occidental de La Esperanza.
Los familiares recordaron en un comunicado que ya fueron condenados siete de los ocho señalados como autores materiales del caso, mientras que solo uno de los posibles autores intelectuales ha sido acusado.
Reclamaron que ello “deja en la impunidad a quienes dieron origen a su muerte”.
Asimismo, denunciaron que quedan en la impunidad autoridades del gobierno y alcaldías que violentaron normas internacionales que obligan a consultar a las comunidades originarias para desarrollar obras en sus territorios y que, según ellos, otorgaron licencias ambientales ilegalmente.
La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente creado por la OEA, acusó a 16 funcionarios por realizar trámites administrativos, supuestamente irregulares, para la hidroeléctrica de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
Uno de los siete sentenciados por el crimen es el gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, y el único supuesto autor intelectual acusado es el presidente ejecutivo de esa compañía, David Castillo.
Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había denunciado a ejecutivos de DESA de amenazarla de muerte por organizar manifestaciones indígenas contra la construcción de la hidroeléctrica en el rio Gualcarque, en territorio indígena.
Pacto de impunidad rodea asesinato de Berta Cáceres
En el marco del tercer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, la mañana de este lunes la Misión de Apoyo Contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras, MACCIH, presentó su noveno caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque”.
La investigación acusa a 16 personas de haber beneficiado a la empresa Desarrollos Energéticos, DESA. El requerimiento presentado por fiscales de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), fue por los delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos, en perjuicio del Estado hondureño.
La vocera de la MACCIH, Ana María Calderón expresó que las investigaciones se centraron en denuncias realizadas en vida, por la lideresa indígena Berta Cáceres.
“El perjuicio está en función de la cantidad que la empresa cobraría a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, sin embargo, debido a que se suspendió la construcción no se ha podido contabilizar la cantidad”, señaló Calderón.
Además expresó que existen otras líneas de investigación en torno al financiamiento de la represa hidroeléctrica. “Este es un primer paso que se está dando para poner en evidencia acuerdos entre la administración pública y la empresa privada, DESA, y eso fue en realidad lo que denunció Berta Cáceres”, puntualizó la vocera interina de la MACCIH.
Entre los acusados se encuentran: Francisco Rafael Rivas Bonilla, Julio Alberto Perdomo Rivera, Catarino Alberto Cantor López, Luis Eduardo Espinoza Mejía y Ana Lourdes Martínez Cruz. Gabriela Zelaya Gómez, Darío Roberto Cardona Valle, Mauricio Fermín Redondo Flores, José Mario Carbajal Flores, Óscar Javier Velásquez Rivera, Roberto Aníbal Martínez Lozano, Roberto David Castillo Mejía, Julio Ernesto Eguigure Aguilar, Raúl Pineda Pineda, Carolina Lizeth Castillo Argueta y Zaida Odilia Pinel.
Berta Zuniga Cáceres, hija de la luchadora, y actual coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, mira con buenos ojos el requerimiento fiscal presentado por la Ufecic, sin embargo, asegura que a la familia le inquieta mucho que los dueños de los bancos que financiaron su construcción no sean requeridos por la justicia.
Laura agregó que, ahora que la MACCIH y la Ufecic presentaron la línea de investigación y el requerimiento fiscal, los imputados sean procesados y condenados, y se avance en las investigaciones de los autores intelectuales.
Tres años sin justicia
Pascuala Vásquez, (Pascualita), lideresa espiritual del Consejo de Ancianos y Ancianas Lencas, en el COPINH, mediante una compostura, (tradicional rito ancestral a la madre tierra, al maíz y al agua en la que se agradece a los dioses por lo que se ha obtenido su tierra), fue la encargada de dar apertura a las actividades del tercer aniversario de la siembra de Berta Cáceres.
Pascualita, junto al pueblo Lenca con sus rezos y tradicionales ritos, siguen clamando justicia por el asesinato de su lideresa y compañera de lucha. Justicia que no llega y que parece diluirse en el mar de la impunidad que cubre a Honduras.
A pesar de la detención de 8 personas, ninguna forma parte de las cúpulas políticas y empresariales que han sido señaladas de la autoría intelectual del crimen. A finales de 2018, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete de los ocho imputados por el asesinato de Berta Cáceres, sin embargo, su familia y las comunidades Lencas, creen que no es suficiente para hacer justicia.
La justicia todavía no toca a los autores intelectuales del crimen. Berta Zúniga Cáceres, expresa que durante los 3 años se la logrado el paso más fácil para el Estado de Honduras con la condena de 7 de los 8 imputados de ser los autores materiales. La sentencia no deja de ser importante y la misma es producto de toda la lucha articulada que se ha tenido a nivel nacional e internacional, sin embargo aún faltan los autores intelectuales del crimen.
Bertita, como la conocen en las comunidades, señala que este año se abrará un proceso judicial contra David Castillo, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos. S.A, DESA, es un primer actor intelectual detenido, pero que sigue siendo un elemento operativo de los máximos responsables que hoy no están siendo enjuiciados.
“Ni siquiera tenemos la sentencia de cuántos años se les van a dar. Necesitamos cerrar ese proceso para que la sentencia quede firme y no sea revertida”, manifiesta.
Además expresa que hay un proceso pendiente para cancelarle la concesión al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca,” hemos interpuesto dos recursos legales, sin embargo el Estado hondureño no quiere tocar ese punto”, puntualiza.
Pacto de Impunidad
La coordinadora del Copinh también expresa que tienen claridad que frente al caso de su madre existe un pacto de impunidad para proteger a los grandes y poderosos empresarios, que serían los autores intelectuales del crimen.
“Hay un pacto de impunidad que está protegiendo a los autores intelectuales, que incluso son financiadores de la campaña de Juan Orlando Hernández y que sabemos que se juegan intereses grandes. Es claro que hay un pacto de impunidad y que esas personas son protegidas”, enfatizó.
Asesinato
Entre la media noche del 2 y la madrugada del 3 de marzo de 2016, mientras descansaba luego de una intensa jornada de trabajo y planificaciones de un encuentro internacional sobre nuevas energías alternativas, fue asesinada en su casa, ubicada en la residencial el Líbano, La Esperanza, Intibucá, la luchadora y lideresa indígena Berta Isabel Cáceres Flores.
En el silencio de la oscura y fría noche, y bajo la ceguera de Estado hondureño los asesinos mandados por grupos poderosos apagaron una de las voces más grandes de resistencia y rebeldía que ha tenido el país.
La lideresa indígena llevaba varios años denunciando graves amenazas contra su integridad física y moral, la de su familia y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, sin embargo, el Estado hizo caso omiso. En la práctica no recibía protección del Estado por la complicidad que este tiene con los grupos de poder, mismos que son los impulsores de los proyectos hidroeléctricos que Berta siempre denunció.
Honduras juzga el 13 de marzo a acusados por el proyecto que rechazaba Berta Cáceres
La justicia de Honduras fijó para el 13 de marzo la primera audiencia a los 16 nuevos acusados por irregularidades en el proyecto hidroeléctrico conocido como Agua Zarca, en el occidente del país, al que se oponía la ambientalista Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016.
Los 16 acusados deberán comparecer ante los Juzgados en Materia de Corrupción, dijo este martes a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Melvin Duarte.
El lunes, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción de Honduras (Ufecic) acusó a las 16 personas por irregularidades en el otorgamiento de la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El caso fue denominado “Fraude sobre el Gualcarque” y los acusados enfrentan cargo por los delitos de “fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas y falsificación de documentos en perjuicio del Estado”.
La investigación, en una primera fase, ha estado a cargo de la Ufecic, que depende del Ministerio Público, en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre los 16 acusados figuran el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente Darío Roberto Cardona, el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) Roberto Martínez Lozano, y un ejecutivo de la empresa hidroeléctrica acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Según la Maccih, el caso es “paradigmático” y surgió como consecuencia de las “más de 40 denuncias” presentadas ante el Ministerio Público por la ambientalista Berta Cáceres sobre supuestas irregularidades en diferentes concesiones de recursos hídricos que afectarían a la comunidad indígena lenca.
La Ufecic presentó ante la Corte Suprema de Justicia “evidencia de que los 16 acusados habrían cometido diversos delitos contra la Administración Pública” para que la empresa DESA (Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima) fuera “beneficiada con el contrato de operación y la contrata de aguas sobre el río Gualcarque”.
La misma empresa se beneficiaría del contrato de suministro de potencia y energía, y otro de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, este último conocido como Agua Zarca, el que según Berta Cáceres le estaba causando daños al medioambiente.
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en la ciudad de La Esperanza, oeste, pese a que contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para protegerla de las constantes amenazas que recibía, y por su crimen la Justicia hondureña condenó en noviembre de 2018 a siete nacionales.
La investigación ha sido una “tarea de hormiga” de los expertos de la Ufecic y la Maccih, según la denuncia, que además recuerda que la DESA fue creada el 20 de mayo de 2009 por los hermanos Roberto Antonio y Geovanny Isidro Abate Ponce, con un capital de 25.000 lempiras (unos 1.016 dólares).
La empresa DESA, a la que el Copinh acusa de tener responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres, ha reiterado que sus ejecutivos no tienen nada que ver en ese crimen.
“Durante los tres años transcurridos desde el trágico asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ha habido partes inocentes que han sufrido una implacable campaña de acusaciones falsas. En algunos casos, encarcelamiento ilegal”, indicó el pasado día 2 en un comunicado Robert Amsterdam, abogado internacional que representa a la empresa DESA.
Señaló además que el tercer aniversario de la muerte violenta de Cáceres “marca un importante recordatorio de que hasta la fecha no se han presentado elementos únicos de evidencia que muestren alguna participación en el crimen por parte de los ejecutivos o propietarios de DESA”.
“Es comprensible que los compañeros de Cáceres busquen respuestas y responsabilidades, pero el emprender una campaña de presión basada únicamente en teorías de conspiración y sin hechos, significa usar la causa de Berta Cáceres para cometer una grave injusticia”, añadió.
Proyectos de energía “renovable” en Honduras: corrupción, asesinatos y muerte
Ante el anuncio público de la MACCIH-UFECIC de la presentación de requerimiento en contra de 16 funcionarios públicos, autoridades locales y empleados de la empresa asesina DESA, por la comisión de delitos de fraude y corrupción para obtener licencias y permisos para el desarrollo de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica lo siguiente:
- Saludamos el avance que significa el requerimiento fiscal contra estas 16 personas, de las cuales muchas fueron denunciadas por el COPINH y Berta Cáceres, sin embargo, lamentamos su tardanza
- Cuestionamos la decisión de no presentar acciones contra los dueños de la empresa DESA; la familia Atala Zablah y contra los encargados de gobierno de estas políticas, como el ex ministro Rigoberto Cuéllar, principales responsables de estas violaciones.
- Berta Cáceres fue asesinada debido a la existencia de estas estructuras mafiosas dentro del Estado en colusión con la empresa privada. Mientras estas no sean desmanteladas, no pararán las muertes y ataques contra las comunidades indígenas.
- Berta Cáceres y el COPINH hemos denunciado en innumerables ocasiones los proyectos de Minería, Hidroeléctricas y similares, como proyectos de muerte y de saqueo por sus comportamientos permanentes violatorios de derechos de las comunidades y en general. La corrupción y los asesinatos forman parte de esas prácticas y el Estado debe detenerlas.
- Instamos a investigar a las estructuras de la empresa privada como la AHER, dirigida Elsia Paz, quien es altamente racista y ha expresado reiteradamente su desprecio por los pueblos indígenas, por su involucramiento en estos casos de corrupción y fraude.
- El caso de DESA/Agua Zarca/Familia Atala Zablah no es un caso aislado, representa la forma de funcionamiento del saqueo de los bienes del pueblo hondureño por parte de la inescrupulosa empresa privada. Es la misma situación que sufren las comunidades en el río Petacón de Reitoca, Jilamito y Pajuiles en Atlántida, Azacualpa en Copán, Guapinol en Colón y en los proyectos extractivistas de las ZEDES en la costa norte y en Choluteca. Así como la extracción de madereras en Locomapa y en los bosques de Intibucá.
- Denunciamos las responsabilidades de los bancos financiadores de estos proyectos, en especial el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), FMO (Holandés), FinnFund (Finlandés) y FICOHSA por su colusión ante estos actos de corrupción y ausencia de control de sus inversiones. Exigimos su investigación.
- Exigimos que el gobierno de Honduras cancele la concesión sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad de Río Blanco por su naturaleza de en corrupción, ilegalidad, e ilegitimidad, haber causado muerte en Río Blanco y la muerte de Berta Cáceres.
Los funcionarios públicos cometen fraude y corrupción porque empresarios les dan dinero y prebendas. ¿Dónde están los requerimientos contra Daniel Atala, Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala; contra aquellos grandes empresarios que compran a funcionarios públicos para aprovecharse de las comunidades y del Estado de Honduras?
Aunque estos avances representan victorias conseguidas a base de sangre y dolor para el pueblo Lenca y para las organizaciones sociales y populares que luchamos en contra del saqueo y el modelo extractivista de muerte, reafirmamos nuestro compromiso y convicción de seguir luchando por la libertad de nuestros territorios y en contra de las políticas estatales que flagelan la vida del pueblo hondureño.
#3AñosSinJusticia
#JusticiaParaBerta
#BertaViveCOPINHSigue
Dado en la ciudad de la Esperanza a los 04 días del mes de marzo de 2018.
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!
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