Chile: obispos se oponen a proyecto que obligaría a denunciar abusos
Los obispos, agrupados en la Conferencia Episcopal, defendieron el secreto de confesión y cuestionaron nuevamente el proyecto que podría obligar a religiosos denunciar casos de abuso sexual, incluso cuando estén bajo este sacramento.
El proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que se encuentra en la comisión de Constitución del Senado se ha convertido en protagonista de la Asamblea Plenaria de los obispos en Punta de Tralca, que empezó ayer y se extenderá hasta el viernes.
A la visión expresada el domingo por el administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós –que calificó esta interferencia del Estado como el “peor de los abusos” por “vulnerar la conciencia”–, se sumó el lunes la del secretario general de la Conferencia Episcopal, Fernando Ramos, quien ya había manifestado su rechazo al proyecto de ley.
El secreto de confesión hace parte del sacramento de la confesión como Jesucristo lo instituyó. Un sacerdote preferiría ir a la cárcel antes que traspasar el secreto a la confesión.
– Canonista y sacerdote Francisco Walker.
Ramos insistió en las críticas, enfatizando que el secreto de confesión es inviolable y que pueden terminar en la excomunión.
“Es un sacramento, es un acto sagrado mediante el cual una persona se reconcilia con Dios. El hecho de que en algunos estados se haya dado una legislación al respecto no significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. El sigilo de la confesión es inviolable, y si un confesor llegase a violar este sigilo recibe automáticamente la pena de excomunión de la Iglesia”, aseguró Ramos.
El obispo de Melipilla, Cristián Contreras Villarroel, se cuadró con esa postura y resaltó que lo que pueden hacer los religiosos es recomendar acudir a la justicia.
“El sacerdote puede sin lugar a duda decirle a esa persona: Mira, es bueno que tú te acerques a una comisión de la propia Iglesia, que la tenemos, y que te acerques también si hay un delito a la Fiscalía, a personas que puedan ver tu caso”, expresó Contreras.
El canonista y sacerdote Francisco Walker aseguró que es prácticamente imposible que las leyes canónicas se modifiquen en esa línea. A su juicio, los sacerdotes prefieren ir a la cárcel que violar el secreto de confesión.
“La legislación canónica en este punto es intransable, porque no es algo que esté bajo la disposición de la Iglesia, ni siquiera el papa. O sea, el secreto de confesión hace parte del sacramento de la confesión como Jesucristo lo instituyó. Un sacerdote preferiría ir a la cárcel antes que traspasar el secreto a la confesión”, aseveró Walker.
El vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, Helmut Kramer, reafirmó la importancia de que el proyecto se apruebe tal como está y cuestionó las críticas.
“No es una razón para no respetar las leyes de Chile y creer que la Iglesia Católica está por sobre la legislación del país. Si el papa debe hacer algún tipo de modificación a la ley canónica, eso es un problema de ellos”, dijo Kramer.
El diputado humanista Tomás Hirsch instó a los sacerdotes a cumplir funciones en el Vaticano si pondrán esas leyes por encima de las del Estado chileno.
“Estos señores tienen que entender que si viven en Chile y trabajan en Chile tienen que respetar las leyes chilenas (…) Me parece que ya se están pasando un poco de la raya”, cuestionó Hirsch.
El diputado Hirsch pidió a los senadores aprobar el proyecto tal como está y no ceder a las presiones de la Iglesia.
Denunciante de padre Poblete entrega su relato en reportaje
En un reportaje de Mega se conocieron crudos detalles del caso de abuso sexual denunciado por la teóloga Marcela Aranda, en contra del jesuita Renato Poblete.
Según Aranda, los abusos se extendieron por cerca de ocho años e incluyeron la obligación, bajo amenazas, de abortar en tres oportunidades.
“Él comenzó a abusarme sexualmente con mucha violencia. Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me golpearan por turnos, mientras él miraba”, fue parte de su relato.
La denunciante detalló, además, que su caso lo contó a través de un escrito, en varias oportunidades, al exprovincial de la Compañía de Jesús, Juan Ochagavía, quien no le dio ninguna respuesta.
Hace poco, la Compañía de Jesús anunció que investiga nuevas denuncias en contra de Poblete.
Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados sigue análisis por fin a prescripción de delitos sexuales contra menores
Diversas opiniones sobre la moción que declara imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, recogió la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
La Defensora (S) de la Niñez, María Luisa Montenegro, respaldó la iniciativa que se encuentra en segundo trámite, ya que los niños, niñas y adolescentes denuncian los abusos muchos años después.
“La imprescriptibilidad de delitos sexuales es una forma también de protección a las víctimas, ya que las víctimas no siempre tienen la posibilidad denunciar en el mismo momento y, muchas veces, están imposibilitadas por las mismas personas que lo rodean o la misma circunstancia de ser niño”, explicó.
Luego, recordó que los niños son una población vulnerable ante la justicia, reconocido por entes internacionales como el Comité de los Derechos del Niño que recomienda que los delitos sexuales contra niños sean imprescriptibles y que la reparación de los niños no sea solo monetaria, como se puede dejar ver en el proyecto, sino que esa reparación tiene que ser integral, con una protección real de los derechos de los niños que fueron víctimas y la adecuada restitución de sus derechos.
También, planteó incluir en el catálogo de delitos considerados en esta propuesta, la violación con homicidio, ya que la muerte de un niño puede ser descubierta muchos años después, y la comercialización de material pornográfico infantil.
Red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos
Helmut Kramer, en representación de la red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos, señaló que están de acuerdo con el proyecto, pero proponen que sea con efecto retroactivo.
Asimismo, consideró que la iniciativa reconoce y a respeta el proceso interno que enfrentan las víctimas y que demora años, como ocurrió en su caso personal.
“En mi caso fueron 35 años en poder hacerlo público y en poder denunciarlo. De a poco lo había comenzado a hablar con personas muy puntuales en el ámbito más íntimo, pero el poder pararse, reconocer que uno ha sido víctima, que uno ha sobrevivido a un abuso sexual, no es fácil”, sentenció.
Sostuvo que hay que tomar en cuenta que, por cada persona que denuncia, hay diez detrás que nunca lo van a hacen, por la presión social, por no querer asumirse, por muchos miedos. “Y en el caso del abuso sexual eclesiástico, la cifra negra cambia de uno a veinte”, expresó.
Enseguida, expuso el asesor legislativo Leonardo Stráde-Brancoli, quien se refirió a aspectos constitucionales para imponer la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores y su aplicación retroactiva. Luego, el académico Enrique Aldunate dijo no compartir la imprescriptibilidad en este tipo de delitos, ya que ella se aplica, por ejemplo, a los crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, el diputado Boric no compartió esta apreciación, enfatizando que es posible aplicar el fin de la prescripción a estos delitos contra menores, como los que fueron cometidos por integrantes de la iglesia.
“Estamos ante una situación que ha sido reiterada, permanente en el tiempo, concertada, encubierta y, por lo tanto, también reviste características de planificación”, enfatizó.
Ejemplificó que, en Australia se han establecido comisiones de verdad y justicia para tratar estos casos. “El tema es que no son agentes estatales que los cometen. La comparación no me parece afortunada y creo que perfectamente se puede dar un tratamiento especial a los delitos de abuso sexual contra menores de edad”, consideró.
Cabe señalar que el proyecto -que considera los delitos de violación, abusos sexuales, estupro, prostitución de menores y pornografía infantil- deroga un artículo del Código Penal que indica que el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 18 años.