Colombia: el Senado comienza a discutir las objeciones de Duque a los Acuerdos de Paz
Notas sobre el tema
Contrarreloj en el Senado para las objeciones a ley estatutaria de JEP
A partir de este lunes, las objeciones presidenciales a algunos aspectos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzarán una carrera contrarreloj de dos meses en el Senado, donde debe haber decisión sobre las mismas antes del próximo 20 de junio.
Luego de los días de descanso y reflexión de Semana Santa, los senadores se preparan para tomar una decisión sobre los reparos que envió el Gobierno Nacional a esta iniciativa, la cual hace parte del esquema de juzgamiento de los excombatientes.
La carrera contra el reloj será, además, porque en la agenda del Senado también está la aprobación del Plan de Desarrollo, el cual, por ley, debe estar listo antes del próximo 7 de mayo.
Este proyecto concitará gran parte de la atención de los senadores por varios días tomando en cuenta que se trata de la hoja de ruta del Gobierno para los próximos 4 años.
En cuanto a la justicia para la paz, entre los aspectos que objetó el presidente Iván Duque están las reglas para la extradición de los exmiembros de las Farc que hayan cometido delitos después de la firma del acuerdo de paz, las entidades encargadas de definir quiénes son realmente aptos para recibir beneficios de la JEP y que esa organización, con su patrimonio, sea la única responsable de la reparación a las víctimas.
Esas discrepancias fueron negadas en la plenaria de la Cámara de Representantes con 110 votos en contra y solo 44 a favor, lo que convierte al Senado en el escenario en el cual se vivirá el siguiente round, el cual será el definitivo.
El senador por Colombia Justa Libres John Milton Rodríguez, uno de los integrantes de la comisión de Senado que estudia las objeciones, la que tiene previsto presentar un informe esta semana, afirmó que la idea es proponerle a la plenaria analizarlas “una por una” y tratar de llegar a un “consenso entre todos los sectores”.
Este consenso del que habla el congresista no se ve sencillo, ya que en el Senado ya hay un informe, radicado por los senadores opositores Iván Marulanda (‘verdes’) y Alberto Castilla (Polo), que propone negar los reparos presidenciales y que el jefe de Estado tenga que sancionar la ley estatutaria de la JEP como salió de la Corte Constitucional, la cual ya le dio su visto bueno al texto.
Según el Reglamento del Congreso, la Mesa Directiva de la corporación deberá poner a consideración de la plenaria este informe primero que el radicado por el sector de Rodríguez, en el que también está la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia.
Las palabras del senador Rodríguez, en el sentido en que la idea es proponer que las objeciones se discutan “una por una” abre la posibilidad de que el debate en el Senado se extienda.
A diferencia de la Cámara de Representantes, donde el informe que se impuso proponía únicamente negar todos los seis reparos presidenciales, en bloque, en el Senado el debate podría darse de manera diferente.
En ese caso, el presidente del Senado, Ernesto Macías, tendría que poner en discusión y votación una a una las seis objeciones presidenciales, lo que tomaría más tiempo que en la Cámara de Representantes.
El Senado se ha destacado por ser el escenario de los debates más encarnizados alrededor del tema del proceso de paz. En esa corporación se encuentran congresistas más críticos del acuerdo y también defensores más feroces de la integridad de lo pactado.
Adicionalmente, las diferencias en votos entre unos y otros son menos holgadas que en la Cámara, lo que, para observadores, podría desencadenar en que algunos de los reparos alcancen las mayorías para ser acogidos y otros sean negados.
Partidos como el Liberal, Cambio Radical, ‘la U’ y los opositores –Polo, Alianza Verde y Coalición Lista de la Decencia-–tienen la decisión de negarlos y los votos para hacerlo. Y el Centro Democrático, el Partido Conservador y los movimientos cristianos, bloque que está en minoría en este tema, están en la orilla de aprobarlos.
Aunque en el papel los partidos políticos están jugados con la votación sobre las objeciones a la JEP y las mayorías no favorecen al Gobierno Nacional, nadie sabe qué pasaría si los reparos se votan uno por uno.
Si se votan de manera diferente, es decir si algunas objeciones se salvan y otras no, se abriría otro debate jurídico alrededor del futuro de la ley estatutaria de la justicia para la paz ya que habría que determinar qué pasaría con la norma tomando en consideración que la Cámara negó la totalidad de las discrepancias presidenciales.
Objeciones no se votarán en bloque en Senado
En medio de un ambiente político enrarecido por las diferencias políticas sobre las objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), mañana el Congreso de la República retoma la discusión del tema.
Se espera que hoy la comisión accidental del Senado pueda radicar la ponencia para discusión en plenaria, aunque ya dos de sus integrantes presentaron un informe pidiendo el hundimiento de los reparos a la norma.
Se trata de los senadores Iván Marulanda, de la Alianza Verde, y Alberto Castilla, del Polo Democrático, quienes presentaron un informe negativo, lo que generó molestia del presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático.
El dignatario se quejó de que Marulanda y Castilla radicaran su informe el pasado 10 de abril, un día antes de que se realizara la audiencia pública en la que fueron escuchadas las opiniones del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez; el comisionado de Paz, Miguel Ceballos; y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, entre otros altos funcionarios del Estado.
Tras esa audiencia, está pendiente el informe de ponencia del resto de los integrantes de la comisión accidental: Paloma Valencia (Centro Democrático); John Milton Rodríguez (Colombia Justa Libres); Jonathan Tamayo (ASI); David Barguil (Partido Conservador); Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y Julián Bedoya (Partido Liberal). El senador José David Name (La U) renunció a formar parte de esta comisión accidental.
A diferencia de lo que ocurrió el pasado 8 de abril en la Cámara de Representantes, donde las objeciones fueron votadas en bloque y archivadas con una votación de 110 contra 44, en el Senado se espera que sea justo al revés, según advirtió Macías.
“Hay que discutir objeción por objeción y votar artículo por artículo de los objetados”, ha dicho varias veces el Presidente del Senado, quien considera que la votación en la Cámara “podría estar viciada”, por varias razones.
La primera, es porque las objeciones se votaron en bloque y no una por una como, en su criterio, señala la Ley Quinta de 1992, reglamento interno del Congreso. Y la segunda razón es porque advierte que la Carta Política establece que las objeciones deben votarse primero en la Comisión de origen de la ley objetada, en este caso el Senado.
Macías no descarta presentar una acción de tutela porque considera que lo votado en Cámara viola los artículos 165 y 167 de la Constitución. Sería la primera vez que se utilice esta herramienta jurídica contra una decisión del Congreso de la República.
Algunos expertos han considerado esa posibilidad como “un exabrupto jurídico”, pues recuerdan que la acción de tutela fue concebida para proteger derechos fundamentales de las personas, no de las instituciones que cuentan con otros mecanismos a través de la justicia contenciosa administrativa.
Gobierno busca las mayorías
En el Congreso se dice con insistencia que la decisión de discutir objeción por objeción y votar cada artículo por separado “es un esfuerzo desesperado” del Gobierno para tratar de consolidar unas mayorías, aunque sean precarias que le permitan aprobar los reparos del presidente Duque a la JEP.
De hecho, antes del receso de la Semana Santa, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dijo que a pesar de que en Cámara las objeciones fueron votadas de forma negativa, el Gobierno insistirá en alianzas para salvarlas.
“No se ha perdido esa iniciativa y seguimos haciendo la convocatoria para que se revisen las posiciones y podamos hacer un gran acuerdo nacional, de manera que la sanción a la ley estatutaria sea lo más pronto posible”, señaló la Ministra.
Mientras, el senador Rodríguez indicó que la ponencia mayoritaria en Senado “buscará que se logre un consenso alrededor de las objeciones, analizándolas una por una, para que se hagan los ajustes necesarios pero llegando a un consenso entre todos los sectores políticos”.
No obstante, las cuentas no parecen favorecer las intenciones del Gobierno, a pesar de que en la Cámara Alta hay más críticos del proceso de paz que en la Cámara Baja.
De los 106 senadores, cuatro son del partido Farc que tendrán que declararse impedidos; y de los 102 restantes, extraoficialmente se dice que votarían, mínimo, 60 contra las objeciones, y solo 40 a favor.
En contra se han declarado Partido Liberal, Cambio Radical, La U y sectores de oposición: Polo Democrático, Alianza Verde, Colombia Humana y la Lista de la Decencia.
A favor de las objeciones están, por ahora, Centro Democrático y Partido Conservador, aunque el Gobierno espera ‘seducir’ a algunos congresistas de La U, partido que se declaró de Gobierno, pero anunció su rechazo a las objeciones.
Las seis objeciones de Duque
Las seis objeciones del presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la JEP, son:
1- Reparación a víctimas
Según Duque, el artículo “no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas”.
2- Lista de desmovilizados
Dice el Presidente que el inciso octavo del artículo 63 de la JEP deja en manos de la Sala de Amnistía e Indulto la inclusión de personas que serán sometidas a la JEP. Para el Gobierno, esta competencia es del Alto Comisionado para la Paz.
3- Investigación de Fiscalía
El Gobierno no está de acuerdo con que la justicia ordinaria limite su posibilidad de investigar hechos cometidos por personas sometidas a la JEP si fueron cometidos antes del 01 de diciembre de 2016, como establece el artículo 79 de la JEP.
4- Máximos responsables
El parágrafo 2 del artículo 19 de la JEP dice que en ningún caso podrá renunciarse al ejercicio de la acción penal cuando se trate de delitos no amnistiables. Para el Gobierno no se puede claudicar en la acción penal frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra y la responsabilidad de sus máximos responsables.
5- Extradición
El artículo 150 de la estatutaria de la JEP autoriza la extradición de ex Farc cuando la conducta que se le impute sea cometida después de la firma del Acuerdo de Paz. Pero el Gobierno advierte que ese tribunal no puede practicar pruebas.
6- Verdad
La objeción al artículo 153 de la estatutaria es porque no establece límites para que una persona sometida a la JEP puede ofrecer verdad antes de su extradición.
Quienes han acudido a la JEP piden que pronto haya Ley Estatutaria
La disputa por las objeciones que el presidente Iván Duque hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aún es un camino de espinas. La Corte Constitucional dejó en claro que el Congreso sí puede tramitarlas, pero, luego de que las propuestas del mandatario se hundieran estrepitosamente en la Cámara de Representantes (110 votos contra 44) el pasado 8 de abril, su futuro es más que incierto. Apenas termine Semana Santa será el turno del Senado para votar. El resultado de esa contienda será el derrotero para lo que viene en los panoramas legislativo y judicial.
En espera de que este tema tan complejo como importante se resuelve, la JEP sigue funcionando sin reglas de juego. Ante ese escenario, El Espectador consultó a los abogados de algunos de los comparecientes ante esta justicia especial y a representantes de víctimas. Porque, mientras el presidente Duque trata de ponerle el sello uribista a esa norma, es un hecho que algunas de las personas que han pedido acogerse a esa jurisdicción son cercanas al uribismo. Lo hicieron, por ejemplo, los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega, condenados por ofrecer sobornos a congresistas como Yidis Medina para que votaran a favor de la reelección presidencial, modificación que benefició directamente a Álvaro Uribe.
Ambos suscribieron actas de sometimiento a la JEP en abril de 2017, pero esta instancia no les ha dado aún respuesta. Igualmente lo hizo, en octubre de 2018, el general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército. El alto oficial (r) comparece ante esa justicia especial por presunta relación con ejecuciones extrajudiciales, en el denominado caso 003. Anunció que no reconocerá responsabilidad y espera demostrar su inocencia en juicio ante el Tribunal de Paz. Para que esto pase, para que la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP pueda indagar y eventualmente llamar a juicio a cualquier compareciente, se necesita la ley estatutaria.
El abogado de Montoya, Andrés Garzón, aseguró a este diario que, en este momento, la JEP puede seguir funcionando, pues los procesos en esta justicia especial están en una etapa muy preliminar. Según Garzón, se puede continuar procesalmente utilizando el acto legislativo 01 de 2017 con que se creó la JEP, la Ley de Amnistía e Indulto y la ley de procedimiento de la JEP. “Pero, a mediano y largo plazo, es necesario que exista una ley estatutaria que dé un sustento sólido a las actuaciones posteriores, especialmente cuando no se va a reconocer ningún tipo de responsabilidad”. Es decir, cuando se espera ir a juicio en el tribunal de paz.
La razón para ello es que la ley estatutaria fija las reglas de juego para esa etapa. El abogado Garzón comparte, a título personal, las objeciones que hizo el presidente, por considerar que son temas sensibles y de “transcendental importancia”, como la relacionadas con delitos sexuales contra menores. Garzón representa igualmente al exgobernador de Arauca Julio Acosta Bernal y al excongresista Julio Manzur. Ambos pidieron pista en la JEP. “Para los militares, la JEP es su juez natural. Los agentes no miembros de la Fuerza Pública y terceros también irán a demostrar su inocencia. Esa situación no tiene nada que ver con las objeciones”, anotó.
No todos los abogados están de acuerdo con que la ley estatutaria sea tan urgente, porque si bien es necesaria, el tribunal de paz todavía está “crudo”. Así opina el abogado Édgar Torres, quien representa a algunos oficiales de alto rango procesados por graves crímenes, como el general en retiro Rito Alejo del Río, quien fue condenado a 25 años de prisión por la muerte de Marino López Mena en 1997, durante la operación Génesis, que terminó en una incursión paramilitar. Torres también defiende al coronel Jorge Plazas Acevedo, procesado por el crimen del periodista Jaime Garzón. Ambos militares han manifestado que se acogen a la JEP, pero en “calidad de inocentes”.
Aunque señala que sí se necesita la ley, Torres dice que por ahora no es urgente porque existen otras normas que fijan reglas de juego. “Si se quieren quedar con una batalla de odios y rencillas partidistas, que lo hagan, con lo que está podemos tomar decisiones”, dijo. “El tribunal no entrará a funcionar sino hasta junio del año entrante. De ninguna manera hasta ahora se avizora la primera acusación formal de la Unidad (de Investigación y Acusación) en contra de un compareciente”, agregó. El abogado Torres indica que, en todo caso, la Unidad de Investigación ya está operando.
“Si no pudiera funcionar la JEP sin la ley estatutaria, nada de lo que ha pasado hasta ahora podría haber pasado. No hubieran podido comparecer los señores de las Farc por secuestros, no habría podido presentarse el general Montoya en audiencia”, dijo. Eso sí, para Torres es claro que la JEP no puede caerse, ni puede quedarse sin ley, pues la Corte Constitucional ya falló al respecto. El abogado explicó que si el Congreso llegara a negar las objeciones y el presidente a sostenerse en estas, el jefe de Estado tendría que devolver la ley al Congreso nuevamente y ahí el presidente del Senado tendría que sancionarla.
“Un fallo como el de la Corte sobre la exequibilidad de esa norma no se puede desconocer. Sería entrar en una tiranía y no es posible, la democracia impone el procedimiento”, añadió, mostrando una postura que resulta controversial para otros juristas consultados por El Espectador. De acuerdo con el abogado Germán Romero, quien representa en la JEP a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, la ley sí es necesaria porque las objeciones estarían mandando un mensaje político complicado, así los procedimientos por ahora no se afecten. “Es una situación que aplaza que se apruebe la ley y que advierte de una intención de hacer modificaciones profundas al sistema de justicia transicional”, sostiene.
Este defensor asegura que los casos que lleva su oficina no se han afectado ante la ausencia de ley, sino debido a la demora de los procedimientos en esa justicia especial. “Están en una fase muy preliminar. Yo hago parte de las personas que no le entregan un cheque en blanco de credibilidad a la JEP simplemente porque existe. Hay cosas muy complicadas. En esta etapa no se resiente tanto, pero en breve, cuando se complejicen los procedimientos, cuando se necesite el procedimiento contradictorio, en ese se momento se sentirá el vacío de la ley estatutaria”, señaló Romero.
Las críticas de Romero apuntan a que la JEP no ha explicado todavía los criterios que usará para priorizar casos. “Muchos familiares no saben si su caso está en la Fiscalía, en un juzgado o en la JEP. Las víctimas están quedando por fuera”. De otro lado, para el abogado Mauricio Pava, quien representa al empresario y exsenador David Char, si bien el presidente puede hacer objeciones por inconveniencia, “la crítica destructiva e intransigente frente a la JEP no aporta, no construye paz”. Además indicó que, si bien se puede seguir sin esta ley, esa norma es necesaria para fijar los límites de la libertad interpretativa de la JEP.
“Esta es una oportunidad para la JEP de consolidar el proceso de paz, mostrar hechos concretos, comunicar que todos los actores del conflicto caben. La posibilidad de burla a la justicia no depende del voto de confianza previo sino de revocar beneficios cuando se incumplan condiciones”, señaló Pava. La pelota la tiene, por el momento, el Congreso.
Si quiere entender que es la ley estatutaría de la JEP puede ver el siguiente video:
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