El FA pide eliminar la Doctrina de la Seguridad Nacional en las Fuerzas Armadas
Actividades de acción cívica, autobombo y silencio sobre violaciones a los derechos humanos indican la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en las fuerzas armadas. Para cambiar esta realidad el Frente Amplio propone en su programa 2020-2025 cambiar planes de estudio, inclusión de los militares en la sociedad, entre otras. Al mismo tiempo avanza la consideración parlamentaria de la nueva ley orgánica militar, la que introducirá cambios sustanciales como la reducción de la pirámide de oficiales y el redimensionamiento de las fuerzas.
Recientemente el Frente Amplio (FA) aprobó su programa 2020-2025 que incluye varias propuestas sobre defensa. Están dirigidas a erradicar de las Fuerzas Armadas todo vestigio de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esta concepción, elaborada por el Pentágono en el contexto del enfrentamiento con la Unión Soviética y adoptada por los ejércitos de América Latina, sigue contaminando tanto a la formación como a las concepciones militares, dijeron a Caras y Caretas Eduardo Alonzo, integrante de la Comisión Especial de Defensa del FA, y el presidente de esa comisión, Gustavo Scaron.
“Este programa en materia de defensa es un paso adelante importante, a diferencia del anterior. Es una propuesta que en primer lugar define, al igual que el anterior, la concepción de la defensa nacional pero intenta, a través de una serie de pasos, de herramientas, erradicar definitivamente la Doctrina de la Seguridad Nacional. Por lo tanto es un programa que parte de esta premisa. Plantea que dentro de nuestras fuerzas armadas hay vestigios de esta concepción. De eso dan cuenta los fallos de los últimos tribunales de honor.
“Por otro lado el programa habla de una concepción artiguista de las fuerzas armadas, que lo retoma del programa anterior, lo profundiza. Y por otro lado plantea el tema de la inclusión de las fuerzas armadas en todo lo que tiene que ver con la vida de la sociedad, en toda su complejidad. Este tema es un hilo conductor que atraviesa toda la propuesta programática.
“Hay una definición que nos parece fundamental y que viene a colación de lo que ha pasado en estos días, que tiene que ver con el hecho de que se torna inaceptable para esta fuerza política el pacto de silencio respecto a violaciones a los derechos humanos que se ha generado dentro de las fuerzas armadas. O sea, el programa lo deja explícitamente claro: es inaceptable el pacto de silencio. Nosotros lo planteamos en este programa, pero el presidente de la República con las medidas que tomó en estos últimos días ya dio un adelanto”.
Si las fuerzas armadas están contaminadas por la Doctrina de la Seguridad Nacional, ¿qué propuestas hay para cambiar la formación de los militares?
Eduardo Alonzo. Cuando hablamos de inclusión estamos hablando también desde la formación y la educación de las fuerzas armadas. No hablamos de integración, hablamos de inclusión. Incluir en este caso significa todo lo que tiene que ver con la enseñanza terciaria, con los programas de estudio…
Gustavo Scarón. Profundizar la complementación entre el sistema de educación pública que forma parte del sistema de educación militar y retomar algunas capacidades: restaurar el requisito de tener terminado el segundo ciclo de educación media para el ingreso a las escuelas militares. Eso fue restaurado en la Armada, pero no en la Escuela Militar. Y proponemos el aumento de los requisitos para el ingreso del personal subalterno. Impulsamos que se lleve a educación media completa, que es el mismo criterio que existe en el resto del Estado, lo cual se acaba de modificar en el proyecto de ley orgánica militar tal como venía del Poder Ejecutivo y este aspecto ha sido contemplado. Se plantea la posibilidad de ingresar con educación primaria completa pero con el compromiso de que en los cinco años siguientes se completará la educación media completa. Asimismo se va a fomentar que el personal subalterno haga cursos técnicos.
Nosotros creemos que el tema de defensa nacional es un proceso de ida y vuelta, pero de alguna manera nosotros, los civiles, hemos dejado que las fuerzas armadas se encarguen y quedamos por fuera. Por eso proponemos que se incorporen en los planes de estudio de enseñanza media los conceptos de defensa nacional.
E.A. Teniendo claro que no es lo mismo, y se tiende a confundir, una política de defensa nacional que una política militar de defensa. No es lo mismo. A lo que se refiere Gustavo es a la inclusión en los planes de Secundaria de lo relativo a la política de defensa nacional.
Por otro lado vemos la necesidad que desde la etapa de su formación se impulse que al egreso de las escuelas militares los oficiales cuenten con créditos académicos de cualquier institución terciaria pública. Lo que quiere decir que un alférez al salir de la escuela salga con créditos académicos por haber cursado estudios en la Universidad. A lo que se apunta es a que tanto los alumnos que hoy van a la Universidad como los oficiales que hacen sus estudios en las escuelas militares tengan contacto. Que se mezclen, que un alférez cuando salga sepa lo que tiene de común con jóvenes de su edad que se están graduando de otra cosa y viceversa. Que también desde la sociedad haya un contacto más estrecho con lo militar, como forma de inclusión.
Si uno mira a la sociedad ve que hay desconfianza por parte de los militares hacia el resto de la sociedad, pero también por parte de los civiles hacia los militares. ¿Cómo se cambia?
G.S. Las propuestas que están en el programa apuntan a eso. Apuntan a que el mundo civil se acerque al mundo de la defensa y que el mundo militar se integre, se complemente, con el mundo de la educación.
E.A. Ese aspecto se debatió mucho. Eso tiene directa relación con la erradicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que torna desconfiado a un militar respecto a la sociedad civil? ¿Qué lo torna desconfiado respecto al resto de los mortales que no somos militares? La Doctrina de la Seguridad Nacional es la doctrina del enemigo interno. Tiene que ver con buscar el enemigo adentro. El enemigo está en los sindicatos, los partidos, el enemigo es todo aquello que de alguna manera atente contra el estilo de vida.
Y para los civiles también es así, porque los civiles tenemos una carga muy pesada de persecución durante años, que tiene que ver con lo que padeció la sociedad durante los once años de dictadura, y más, eso queda de manifiesto en esta relación, Por eso el programa a lo que apunta en primer lugar es a la erradicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Y a la inclusión. La erradicación de esta doctrina pasa por generar normativa que está planteada en el programa. Normativa que incluye a la ley orgánica que todos creemos va a salir en este período. Pero nos van a quedar cuatro leyes más: las de las tres armas y la del Ministerio de Defensa Nacional. Van a quedar pendientes para el próximo período y se van a construir sobre la base de lo que seamos capaces de acordar y votar en esta ley orgánica.
G.S. Hay elementos claros que nos indican que hay motivos para esa desconfianza. Cuando seis generales y un comandante entienden que una persona que torturó y asesinó, hizo desaparecer cadáveres, un homicida múltiple, no se ve afectado en su honor para integrar los cuadros de las fuerzas armadas, pero lo afecta que supuestamente haya mentido y haya culpado a otro oficial, eso queda claro. Los asesinatos, la desaparición, la tortura, no lo afecta. Eso demuestra que en las fuerzas armadas aún persisten concepciones en las cuales la población tiene razones para desconfiar. Por eso hizo muy bien el presidente (Tabaré) Vázquez en cesar a los generales y a los comandantes que defienden esa concepción. Esperamos que esa señal comience a marcar un cambio interno dentro de las fuerzas armadas.
Hasta el momento, cuando se ha planteado la necesidad de reformas en las fuerzas armadas, estas quedaron en manos de los propios militares, lo mismo con los temas de defensa.
G.S. El proyecto de ley que está a consideración del Parlamento no lo hicieron los militares. Es la primera vez en la historia que lo hacen civiles…
E.A. Es la primera vez en la historia que vamos a tener una ley orgánica hecha en un gobierno civil, porque la anterior -que está vigente- es de 1974. Y la anterior a esa era del gobierno de (Alfredo) Baldomir, en 1941. Estamos por primera vez frente a un proyecto que sale del Ministerio de Defensa, que tiene opinión de los mandos, pero cuenta con un fuerte contenido civil. Porque además, hay que recordar que una cosa es el ministerio hoy y otra cosa era en 2005. Cuando Azucena (Berrutti) llegó al ministerio ese año había solo dos civiles: el ministro y el subsecretario. El resto eran todos militares.
Hoy tenemos un ministerio que está lleno de civiles en lugares clave y por otro lado tenemos una ley orgánica sobre la mesa redactada por civiles. El ministro lo primero que hizo fue traerla al Frente Amplio, a pedido del presidente de la República. El compañero Jorge Menéndez nos dijo: “Hasta aquí pudimos llegar, pensamos que traemos un producto que es bueno pero está en ustedes poderlo mejorar”. Tanto en la fuerza política como en la bancada del FA la ley ha ido mejorando. El proyecto ha ido mejorando mucho.
Ante los últimos acontecimientos en el Ejército, que involucran a los derechos humanos, estas propuestas ¿cobran más vigencia?
G.S. No particularmente. Esto está pensado en términos globales. Hay cosas que sí tienen más vigencia. La modificación de la situación regional con el triunfo de (Jair) Bolsonaro cambia políticamente la concepción que hasta el momento para nosotros era central, de que la defensa debía ser regional. Ahora Brasil está planteando una defensa propia, su aspiración a integrar la OTAN y una estrategia de defensa que depende de la política impulsada por Estados Unidos. Eso es un cambio sustancial.
Respecto a la política interna no cambia, puede fortalecer algunos de los acuerdos, pero en grandes términos no cambia la concepción acordada.
No obstante, quedan elementos negativos al interior de las fuerzas armadas.
E.A. Tiene que ver con algo que aprobamos el 15 de marzo, lo que es un gran paso adelante, y que es la aceptación por parte de todo el Frente Amplio del redimensionamiento de las fuerzas armadas. Redimensionamiento en forma gradual de la pirámide. Estamos hablando de algunas cuestiones integradas a la ley orgánica y otras en las cuales habrá que seguir caminando.
G.S. Hay un elemento clave en eso. Las fuerzas armadas han tenido desde la restauración democrática una reducción del número de efectivos, de unos 40.000 a unos 27.000. Hoy nos acercamos a lo que había antes de la dictadura. Pero esa reducción ha sido en la tropa, el número de oficiales, que creció durante la dictadura, hasta el momento se mantiene. En este proyecto de ley se está haciendo una reducción importante, que incluso puede ser un poco más que lo planteado por el Poder Ejecutivo. Obviamente el redimensionamiento supone la reducción del número de oficiales.
E.A. En 2017 teníamos 318 coroneles, entre coroneles y capitanes de navío, en las tres armas. Una barbaridad. Este proyecto de ley orgánica contempla una baja importante. Pero también hay una reducción en los generales, que de 16 pasarían a 13. Al mismo tiempo tenemos el tema de la racionalización en el número de oficiales superiores, que deberán ascender de acuerdo a las necesidades del servicio, pero primando el criterio de la real existencia de vacantes. O sea, que haya ascenso si hay vacante. Eso es un gran problema.
A esto agregamos un concepto de (Víctor) Licandro, que dio mucho trabajo. Y que tiene que ver con un documento de 2004 -cuando la comisión de defensa del Frente Amplio la presidía el general Licandro- que se llama “La nación y su defensa”, en el cual se plantea el tema de la acción cívica. También tomamos un documento de 2017, cuando la Comisión Especial de defensa estaba presidida por el brigadier José Villamil. Este concepto está incluido en el programa. Por acción cívica se entienden las obras o tareas de carácter civil realizadas por militares según planes de acción psicológica y de inteligencia, que tienen por fin captar la voluntad y la conciencia de la población civil.
Dice el programa que las misiones de las fuerzas armadas no serán de seguridad interior o de carácter policial, no podrán elaborar planes de desarrollo, ni cumplir tareas de acción cívica que respondan a intereses del sistema militar panamericano.
La acción cívica, ¿se expresa en la publicidad que hace el Ejército cuando interviene en casos de inundaciones, por ejemplo?
G.S. Es complicado porque las fuerzas armadas tienen asignadas algunas tareas de apoyo en situaciones de emergencia. El problema es que hay un autobombo, una autopropaganda que es complicada, porque cualquier médico, cualquier ambulancia que trabaja en una emergencia no saca un video mostrando lo que hizo. Las emergencias privadas actúan permanentemente en accidentes de tránsito, trasladan heridos. Que las fuerzas armadas hagan de ese tipo de acciones una especie de publicidad mostrándose no es una forma correcta de hacer las cosas. De alguna forma se ha permitido eso y creemos que cuando cumple con su tarea no es para hacerse autopropaganda.
Eso responde a esa concepción de acción cívica, que apunta a que los militares hacen tareas patrióticas en apoyo a la población. Esa tarea la hace cualquier funcionario público pero no sale a hacer un video y se hace autopropaganda.
Me parece que ha habido una concepción errónea en las fuerzas armadas en hacerse propaganda en cosas que no son más que cumplir con su deber. Si las convocan en una situación de emergencia a realizar determinado apoyo, bueno, esa es su tarea. También van los bomberos y yo no vi nunca una propaganda de los bomberos, ni de los sistemas de emergencia médica porque hayan cumplido con su deber. Cumplieron con su deber, punto.
En el caso del tornado de Dolores el Ejército difundió la versión de que fue el primero en llegar…
E.A. Y el último en irse. Lo que es faltar a la verdad, porque la brigada Agustín Pedroza del Sunca siguió yendo los fines de semana a trabajar en Dolores.
RECUADRO
“Hay tres cuestiones que nos parecen fundamentales. Una, la denuncia del Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca (TIAR) y no esperar a que haya diez países para denunciarlo. Pensamos, en un marco de acuerdo con alguno más, hacer la denuncia del Tratado.
En segundo lugar, proponemos la denuncia y sustitución del convenio de asistencia militar entre Uruguay y Estados Unidos que data de 1953.
“Y el tema de género en las fuerzas armadas. Este no es un tema nuevo. Las fuerzas armadas tienen un departamento que atiende los temas de género, pero nosotros fuimos un poco más lejos y hubo compañeros varones que se ocuparon especialmente de remarcar cuestiones como -por ejemplo- el “techo de cristal” dentro de las fuerzas, la igualdad a la hora de los ascensos, de elegir destino, y eso nos parece importante.
Nos parece importante que, en el momento que reivindicamos la participación de la mujer en todos los ámbitos, dejemos estampado en el programa que también en las fuerzas armadas nuestra fuerza política tiene una visión de igualdad.
Partido Socialista pedirá explicaciones a Tabaré Vázquez sobre lo que pasó con las actas del Tribunal de Honor del Ejército
El Comité Central del Partido Socialista (PS) acordó, el domingo 7 de abril, solicitar una reunión al presidente de la República, Tabaré Vázquez, para pedirle explicaciones sobre lo sucedido con las actas del Tribunal de Honor que evaluó las conductas de José Nino Gavazzo, Jorge PajaritoSilveira y Luis Maurente, informaron fuentes del Comité Central a la diaria. Luego de que El Observador publicara parte del contenido de las actas, que revelaba que Gavazzo había reconocido que arrojó al río Negro el cadáver del tupamaro detenido Roberto Gomensoro, para hacerlo desaparecer, surgieron cuestionamientos por que no se hubiera trasladado esa información a la Fiscalía ni al Poder Judicial. Vázquez decidió que debían ser destituidos los seis generales que habían estado en conocimiento de las afirmaciones de Gavazzo, como integrantes del Tribunal de Honor o de un posterior Tribunal de Alzada, y les solicitó sus renuncias al entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, dirigente del PS (que ya estaba muy grave y falleció el jueves, debido a un cáncer de páncreas), y a su subsecretario, Daniel Montiel, del Movimiento de Participación Popular (MPP).
Durante la reunión del domingo 7, el flamante secretario general del PS, Gonzalo Civila, leyó a los presentes una carta que le habían entregado los socialistas de la departamental de Durazno, donde estuvo radicado muchos años Menéndez (que fue edil y diputado por ese departamento), en la que solicitaban la renuncia del secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, por su papel en el manejo de las actas. “Se recibió una carta que envió el Partido Socialista de Durazno, donde pedían, por lo menos, explicaciones al presidente [Vázquez] sobre lo que había pasado. La discusión en el Comité Central se desarrolló en torno a eso. No quedó ninguna duda de que no se iba a salir a pedir a los cuatro vientos la renuncia de Toma. Simplemente, en lo posible, reunirse con Vázquez y pedirle alguna explicación”, relató un miembro del organismo de conducción del PS a la diaria, y apuntó que las explicaciones serían sobre “la situación en general”.
Los socialistas duraznenses plantearon que el pedido de renuncia a Menéndez fue una “decisión injusta” y que Toma debía asumir su responsabilidad. Fue en ese sentido que reclamaron explicaciones a Vázquez sobre sus resoluciones, comentaron las fuentes. “La cuestión está en el dolor que tenemos todos como socialistas por la injusticia que vivió el compañero”, señaló una de ellas.
Menéndez planteó su versión de los hechos en la nota de renuncia que le presentó a Vázquez, fechada el 1o de abril, y quedaron en evidencia contradicciones entre ese relato y el de Presidencia. El ex titular de Defensa afirmó en la misiva que, por indicación de Vázquez y acompañado por dos abogados del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), le había comunicado a Toma el contenido de las actas y le había dejado el expediente completo para que fuera analizado. En cambio, Toma sostuvo que no se le advirtió sobre el contenido de las actas, y Vázquez no le atribuyó responsabilidad por lo sucedido.
Finalizada la reunión, el Comité Central emitió una resolución pública, en la que expresó su “respaldo y reconocimiento” al trabajo de Menéndez en el MDN y señaló que con su conducción, “y venciendo muchos obstáculos, se impulsó la implementación de los compromisos asumidos en el programa de gobierno del Frente Amplio en relación a la democratización y transformación de las Fuerzas Armadas”, pero no hizo referencia a la carta de los socialistas de Durazno ni a sus propias decisiones al respecto.
Familiares de Menéndez rechazaron honras fúnebres del Ejecutivo
Menéndez fue velado y enterrado en Durazno, despedido por cientos de personas, que incluyeron a familiares, allegados y políticos oficialistas y de la oposición. Entre quienes concurrieron al velatorio y al sepelio estuvieron el ex presidente José Mujica, el canciller Rodolfo Nin Novoa, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y el nuevo ministro de Defensa, José Bayardi. No estuvieron, en cambio, Vázquez ni Toma, y varios medios informaron que el Poder Ejecutivo había dispuesto que se tributaran al fallecido honras fúnebres de ministro de Estado, pero la familia de Menéndez las rechazó.
Consultado sobre la ausencia de Vázquez, Mujica dijo que “cada cual sabe lo que tiene que hacer”. El ex presidente afirmó, por otra parte, que Menéndez fue “un viejo compañero y un luchador”, que contribuyó “a difundir el mensaje progresista y a sostenerlo”, y que había “tenido siempre un proceder recto en su forma de vivir, en su andar y en el compañerismo, que hay que enaltecer y recordárselo a las nuevas generaciones, en épocas en que naturalmente tendemos a perder valores”.
El líder del MPP se refirió, asimisimo, a las circunstancias en que Menéndez fue separado de su cargo: “Cuanto más se habla, más se enreda”, dijo. Y destacó que en “toda esta situación” hay una “rendija positiva”, debido a la apertura de una “grieta en un pacto de silencio” entre quienes saben la verdad sobre el terrorismo de Estado, “que tal vez permita saber un poco más de algunas cosas que se sabían, pero no estaban confirmadas”.
Por su parte, Rossi recordó a la prensa su último encuentro con Menéndez, el 26 de febrero durante la inauguración del puente provisorio en Sarandí del Yi. Valoró al ex ministro como “un gran compañero y una gran persona”, y añadió: “Uno queda reflexionando sobre las circunstancias, cómo la vida a veces nos plantea situaciones que son injustas, pero son así. En muy pocos días este compañero tuvo conocimiento de la enfermedad y se nos fue yendo”.
También estuvieron presentes en Durazno, entre otros compañeros de partido de Menéndez, Gonzalo Civila y la senadora Mónica Xavier. El secretario general del PS dijo a la prensa que el fallecido “hizo hasta el último día en el ministerio lo que tuvo que hacer”, y agregó: “Estamos muy seguros de la actuación de Jorge. Ha quedado muy claro que actuó como tenía que actuar”.