Argentina: Cientificidio en la era Macri
¿Cuál es el proyecto científico del Gobierno?
En los últimos días se puso nuevamente en evidencia la situación catastrófica del Conicet. Por un lado, una científica fue a un programa de TV, en el que se concursa para ganar un millón de pesos, para conseguir financiamiento para su proyecto de investigación. Por otro lado, Dora Barrancos renunció a su cargo de directora por el área de Ciencias Sociales, como forma de evidenciar la irregularidad institucional en que se encuentra la conducción del Conicet. El organismo tiene una doble crisis: presupuestaria e institucional. ¿Pero cómo llegamos hasta aquí? Desde hace tres años y medio, cuando asumió el gobierno actual, comenzó a ejecutarse lo que luego llamaríamos “cientificidio”: el asesinato, es decir, el desmantelamiento del sistema científico-tecnológico público. El ajuste en ciencia y tecnología no es una consecuencia azarosa del achicamiento general que este gobierno lleva adelante. Por el contrario, el cientificidio es una política de Estado, hay premeditación y alevosía, existe una voluntad firme de cercenar las capacidades soberanas del pueblo argentino de desarrollar la ciencia y la tecnología que considere necesarios para el bienestar de las mayorías.
Para llevar adelante este plan sistemático de destrucción, se pusieron en marcha algunos instrumentos específicos. En primer lugar, el desfinanciamiento, subejecución y devaluación presupuestaria de los proyectos de investigación, de los centros científico-tecnológicos, de las reuniones científicas, de los programas estratégicos. Esto trae como consecuencia que las y los investigadores pagan de su bolsillo algunos insumos básicos, que hay que hacer “vaquitas” para pagar la luz de los institutos, que se demoren o congelen las investigaciones en curso, al tiempo que profundizan la desigualdad, la meritocracia y el elitismo entre los equipos que consiguen financiamiento externo y los que no los consiguen, precisamente porque abordan cuestiones vinculadas con nuestro país y nuestra región (por ejemplo, enfermedades endémicas: poco rentables para las empresas). Esto condiciona la producción de conocimiento adecuándola a parámetros y líneas de investigación determinadas por los grandes centros científicos, desplazando nuestras capacidades autónomas y soberanas: para el Gobierno, aquellos productos y servicios científico-tecnológicos necesarios deben comprarse en el exterior, en paquete cerrado.
En segundo término, los salarios de las y los trabajadores del sistema científico-tecnológico y la restricción en la creación de nuevos puestos de trabajo. Hace un mes, ingresó solo el 11 por ciento de las y los investigadores formados a la planta de Conicet, dos mil se quedaron sin trabajo. Con esta política de desechar a trabajadores altísimamente calificados, formados por el Estado, en universidades públicas, Argentina no solo exporta materias primas, sino también científicos y científicas: igual que al ganado, tal como los “ilustres apellidos” de la Sociedad Rural que componen este gobierno están acostumbrados. Estamos presenciando una nueva oleada de fuga de cerebros hacia el exterior, además de un éxodo de trabajadores (especialmente, administrativos y becarios) que se van del sistema porque los salarios no superan los 20 mil pesos.
En tercer término, al tiempo que se degradó el Ministerio de Ciencia a Secretaría, no se produce el nombramiento para los dos directores elegidos por sus pares en Conicet: Alberto Kornblihtt y Mario Pecheny. Lo quieren hacer pasar como tiempos burocráticos, cuando el propósito es precisamente dejar acéfala la conducción del organismo e impedir que voces opositoras se integren a dar la pelea también en la institución.
Las y los trabajadores del sistema científico-tecnológico público también estamos en lucha desde 2015. De distintas formas venimos visibilizando y poniendo en discusión una situación que es eminentemente política: se trata de destruir la soberanía científico-tecnológica de nuestro país y nuestra región. La respuesta nuestra es también política: organización, lucha y octubre. Tenemos por delante la oportunidad de que la ciencia y la tecnología se reubiquen como derecho humano. No son patrimonio ni de las empresas, ni de un sector de trabajadores que produce conocimiento. La ciencia y la tecnología son y deben ser patrimonio del pueblo.
* Investigadora adjunta del Conicet, en el CEIL.
Paros, clases públicas y marcha de antorchas
Docentes universitarios, estudiantes y científicos encabezarán este jueves una Marcha de Antorchas “en defensa de la universidad, la ciencia, la tecnología y el salario”. La movilización, convocada por las todas las federaciones docentes universitarias, partirá a las 17 del Congreso y finalizará en Plaza de Mayo, donde se leerá un documento. “Estamos convocando todos los gremios. Se suman también los sectores de ciencia y tecnología, científicos y becarios del Conicet y de otras instituciones contra el ajuste a la universidad, la ciencia y la tecnología”, dijo a PáginaI12 Carlos De Feo, secretario general de la Conadu.
La Marcha Nacional de las Antorchas se suma a la serie de protestas y medidas de fuerza que esta semana llevan a cabo los docentes como parte de un plan de lucha para lograr un aumento salarial.
El rechazo al recorte presupuestario y el desfinanciamiento que sufre el sistema científico y tecnológico nacional es el eje central de las reivindicaciones que la movilización llevará el jueves a la Rosada. “Vamos a estar reclamando por el tema presupuestario, no solamente la cuestión salarial, sino por los recortes que estamos padeciendo en ambos sectores, tanto en la universidad como en ciencia y tecnología”, señaló Claudia Baigorria, secretaria adjunta de Conadu Histórica. “El peor recorte igualmente tuvo que ver con los salarios a la baja”, agregó.
“En la universidad el ajuste es importante, estamos teniendo serios problemas y este año más todavía. Pero el sector de ciencia y técnica está devastado”, señaló De Feo.
El movimiento estudiantil también participará de la marcha. “Estamos convocando en unidad la mayoría de las federaciones estudiantiles del país, porque consideramos que la situación para la universidad pública en general y para los estudiantes en particular se agrava cada día. Venimos en un año en el que se congelaron las becas Progresar y se aumentó en un 500 por ciento el precio del transporte público. Esto complica aún más la vida de un estudiante”, dijo Eva Dimopulos, copresidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), por La Mella.
La Conadu Histórica ya anunció un paro de 48 horas para este jueves 16 –el mismo día en que se realiza a la marcha– y el viernes 17. Los docentes nucleados en Conadu harán paro también pasado mañana y, desde ayer y hasta mañana, están llevando a cabo jornadas nacionales de protesta, con clases públicas y asambleas.
En ese contexto, continúa la paritaria de los docentes universitarios. La última propuesta salarial del Ministerio de Educación consistió en un aumento del 15 por ciento en cuatro tramos: 4 por ciento en junio, 4 en agosto, 4 en septiembre y 3 en octubre, más la inclusión de dos cláusulas gatillo de aplicación automática: una en noviembre y otra en febrero de 2020. Ayer dirigentes gremiales y funcionarios mantuvieron una reunión de comisión técnica salarial. Educación ofreció adelantar la cláusula gatillo al mes de septiembre. Para las federaciones, la oferta continúa siendo “insuficiente” y mantendrán una nueva reunión de comisión técnica el próximo lunes 20.
De mantenerse la negativa del Gobierno a incorporar los reclamos de la docencia universitaria, los gremios analizan un paro nacional universitario de 48 horas, a fines de mayo.