Nicaragua: Diputados aprobó ”Ley del Perdón” presentada por el gobierno

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles la “Ley de Atención Integral a Víctimas”, que sufrió críticas de los diputados liberales y opositores, que dijeron que no garantiza acceso a la justicia a los afectados durante las protestas del año pasado.

La “Ley de Atención Integral a Víctimas” se aprobó con trámite de urgencia, con 69 votos a favor, 15 en contra 0 abstenciones y 4 presentes.

Esta ley, introducida ayer por el gobierno, otorga a un rol clave a los ministerios de Educación y Salud, así como a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en la atención, organización y actualización del registro de personas afectadas durante las protestas.

En concreto, la ley plantea cinco tipos de atenciones a las “víctimas de la violencia ocurrida a partir del 18 de abril del 2018”: salud, educación, atención laboral o de emprendimiento, viviendas, y ocio y recreación.

La ley también indica que será la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos la que organizará y actualizará un registro de víctimas.

La diputada liberal, Azucena Castillo, consideró “inaudito que hoy tengamos concesiones para los víctimarios”, al referirse a la ley. “Se deben anular los juicios políticos, que no tienen razón de ser”, agregó.

Por su parte, el diputado Alfredo César, del Partido Conservador, argumentó que la aprobación de la “Ley del perdón” no garantiza el acceso a justicia a las víctimas.

Mientras, el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez defendió la aprobación de la ley, mencionando que sí garantiza que la atención a las víctimas sea una política de Estado y no un asunto de partido.

Con respecto a las críticas vertidas de que la Ley no da garantías de justicia para las víctimas, Gutiérrez dijo que las instancias correspondiente resolverán ese tema.

“A travès de una política de Estado se quiere dar una atención integral a la víctima, independientemente del partido, la afiliación política que este tenga. Esta Ley no viene a decir Atención integral a las víctimas que comulgan con los ideales del Frente Sandinista, habla de víctimas”, dijo Gutiérrez.

A renglón seguido, agregó que serán en otros escenarios “donde se discutan quiénes son víctimas y quiénes son victimarios, nosotros no somos Poder Judicial, somos la Asamblea Nacional, no somos la administración de justicia”.

¿Qué dice la ley?

La ley se presenta como una salida jurídica a la crisis y establece que el Ministerio de Salud deberá dar atención psicológica y rehabilitación a las víctimas en “los diferentes niveles de atención médica, así como el seguimiento hasta su recuperación”.

La ley también dice que las víctimas recibirán becas para para que se reinserten en el Sistema Educativo Nacional y las promoverán en la generación de empleo.

“Las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno. Las instituciones encargas a nivel central, municipal regional priorizarán las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018”, señala la ley.

El Nuevo Diario comparte íntegro el proyecto de ley aprobado por los diputados:

Ley de atención Integral a víctimas

Artículo 1. Objeto

La presente Ley tiene como objeto establecer el marco jurídico que regule la atención y reparación integral a víctimas y sus familiares en el contexto de los hechos violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.

El Plan de Atención Integral a Víctimas elaborado por el Gobierno de la República forma parte íntegramente de la presente Ley y contiene los elementos fundamentales para ofrecer una respuesta de Estado a la problemática y necesidades de las víctimas y sus familiares, asegurando de forma articulada las acciones de los sectores que integran la admiración de justicia, la salud, la educación, el trabajo y la atención social, todo de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias con que cuente el país.

Artículo 2. Acceso a Servicios y Programas del Gobierno. El Estado a través de sus instituciones públicas garantiza el acceso priorizado de las víctimas y sus familiares a servicios y programas de Gobierno en salud, educación, trabajo, emprendimiento, vivienda, ocio y recreación, que permita el desarrollo integral de estas personas.

1) Atención en Salud: El Ministerio de Salud garantiza el derecho a la salud a las víctimas y sus familiares en los diferentes niveles de atención médica, así como el seguimiento hasta su recuperación; de acuerdo a las normas, modelos, programas y lineamientos del Ministerio.

2) El Sistema Público de Salud prestará atención médica integral a las víctimas que incluye los siguientes componentes:

a) Atención médica primaria de salud mental;

b) Salud psicosocial

c) Atención a personas con discapacidad y;

d) Rehabilitación.

2) Atención en Educación: Las instituciones del Estado en materia educativa garantizarán la reinserción de las víctimas y sus familiares en el Sistema Educativo Nacional. Para tales, fines, las víctimas y sus familiares recibirán becas de estudio en los distintos niveles educativos del sector público.

3) Atención en lo Laboral y Emprendimiento: El Estado garantizará la reinserción de las víctimas y sus familiares en el ámbito laboral mediante la generación de empleo productivo y sostenible. Las instituciones del Estado encargadas del emprendimiento y la economía familiar fomentarán y darán prioridad en sus programas a víctimas y familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurrido a partir del 18 de abril del 2018. El estado apoyará a las víctimas afectadas en la recuperación de sus medios de vida.

4) Programas de Vivienda: Las víctimas y sus familiares podrán optar a los programas de vivienda que tiene el Gobierno. Las instituciones encargas a nivel central, municipal regional priorizarán las solicitudes de casos en el contexto de los hechos de violencia ocurridos a partir del 18 de abril del 2018.

5) Ocio y Recreación: Las víctimas y sus familiares en el contexto de los hechos de violencia ocurridas a partir del 18 de abril del 2018 gozarán del derecho al ocio y recreación. El Estado garantizará que estas personas puedan acceder a las instalaciones deportivas, públicas, centros de recreación públicos y todos los espacios públicos de forma gratuita.

[Image: Un manifestante en la catedral de Managua usa una camiseta con el rostro de dirigentes presos. Archivo AFP/END]

Artículo 3. Registro de Víctimas. Corresponde a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos organiza y actualizar el registro de las víctimas, así como el seguimiento y montero a la atención brindada por todas las instituciones involucradas conforme las facultades de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Artículo 4. Implementación.

Las instituciones del Estado correspondientes acatarán de forma individual según sus competencias y de forma individual según sus competencias y de forma coordinada para la implementación de la represente Ley.

Artículo 5. Publicación y Vigencia. La presente Ley entrará en Vigencia a partir de su publicación en la Gaceta, Diario Oficial.

El Nuevo Diario


Alianza Cívica: Hay 233 manifestantes presos

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo que son 233 los manifestantes que siguen presos y no 142, como lo plantea el Gobierno, por lo que exigió la liberación definitiva de todos los afectados.

La observación sobre la cifra real de protestantes en la cárcel la hizo la Alianza Cívica, en una carta que envió al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), con copia a los testigos y acompañantes del diálogo nacional.

Así, la oposición rechazó la cifra de 142 manifestantes detenidos que reconoce el Gobierno.

En un comunicado, la Alianza Cívica enfatizó que existen en las cárceles un total de 233 manifestantes presos, incluyendo las detenciones hasta el 28 de mayo, que “cumplen con los estándares internacionales” para ser considerados “presos políticos”.

Según el mismo Gobierno, el grupo que falta será liberado en un plazo (establecido en las negociaciones por las partes) que se cumple el 18 de junio próximo.

Informan

La Alianza Cívica también informó sobre esta situación al comité de familiares de presos y a la Unión de Presos Políticos Nicaragüenses (UPPN).

“Hicimos énfasis en la importancia de estar alertas al cumplimiento del acuerdo para la facilitación del proceso de liberación de personas privadas de libertad, de conformidad al ordenamiento jurídico del país y las respectivas obligaciones internacionales de Nicaragua en este ámbito, firmado el 27 de marzo en la mesa de negociación”, señaló la Alianza Cívica en su comunicado.

Un informe emitido el pasado fin de semana por el Comité Pro Liberación de Presos, que incluye casos corroborados y denuncias de familiares, establece que al menos 730 manifestantes antigubernamentales seguían en la cárcel hasta el 21 de mayo.

Del total reportado por el comité existen 227 opositores que aún están recluidos en las cárceles, mientras que 401 han sido excarceladas y de 102 manifestantes se desconoce su situación y ubicación.

“Hacemos extensivo el llamado a la comunidad internacional a respaldar la liberación definitiva y total de los presos políticos”, señaló la Alianza Cívica, que reafirmó su compromiso en la búsqueda de una solución pacífica a la crisis.

Esa salida a la crisis tiene que pasar por la libertad plena, la verdad, la justicia y la celebración de elecciones libres, transparentes y anticipadas, así como el cumplimiento a lo ya acordado en la mesa de negociación, puntualizó la Alianza Cívica.

El Nuevo Diario