La disputa regional en la lucha contra la impunidad: la CIDH recibió a defensores y familiares de represores en Argentina
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Rodrigo Gómez Tortosa, especial para NODAL*
El pasado miércoles 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en audiencia privada a defensores y familiares de represores condenados por delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívica militar argentina (1976-1983).
El gobierno argentino a través de su embajadora ante la OEA, Paula Bertol, habría colaborado e insistido para que los Comisionados recibieran a los representantes de la ”Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia” y la organización “Puentes para la Legalidad”, ambas defensoras de los condenados y procesados por delitos de lesa humanidad.
Las organizaciones solicitaron la reunión para desacreditar jurídicamente los juicios por delitos de lesa humanidad realizados en el país desde 2004, que fueron respaldados y valorados por la comunidad internacional como ejemplares. Estos juicios han significado la detención de más de 700 represores de la última dictadura cívica militar (1976-1983), respetando todas las garantías constitucionales del debido proceso legal y juez natural.
La CIDH que acompaña al movimiento de derechos humanos desde su visita a Buenos Aires en septiembre de 1979 enfocó su trabajo a favor de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos en toda la región. El reciente acontecimiento que ha tomado estado público en Argentina ha generado la seria preocupación de los organismos históricos de derechos humanos.
La reunión otorgada por la CIDH a los abogados de represores significa el primer encuentro de este tipo en su historia por lo que las implicancias regionales aún son desconocidas. Para los latinoamericanos que hemos sufrido las consecuencias de la Doctrina de Seguridad Nacional, es un alarmante antecedente a futuro para los procesos de memoria, verdad y justicia de la región, ya que la sanción penal a estos delitos contra la humanidad son necesarios para que sea eficaz la garantía de no-repetición consagrada en el derecho internacional de los derechos humanos.
Estas organizaciones han solicitado una medida cautelar a la CIDH para que los más de 700 responsables de delitos de lesa humanidad regresen a sus hogares en lo inmediato. Cabe destacar que el pedido de prisiones domiciliarias para los represores solicitadas por estas organizaciones, constituye una contraposición a las recientes críticas realizadas por la propia CIDH (Comunicado 185/18) respecto al otorgamiento de la libertad condicional a condenados de graves violaciones a los derechos Humanos de Chile.
La Comisión destaco qué “reitera que los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persiguen, entre ellas el concepto de la humanidad como víctima y su función de garantía de no repetición de atentados contra la democracia y de atrocidades inolvidables. El Estado chileno tiene la obligación internacional de no dejar impunes estos tipos de crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena, absteniéndose de aplicar beneficios típicos de crímenes menos graves que puedan desvirtuar los efectos de las sentencias condenatorias para los crímenes de lesa-humanidad”.
En Argentina se han multiplicado exponencialmente los últimos tres años la concesión de prisiones domiciliarias por parte de la justicia a pesar de las denuncias reiteradas de los organismos de derechos humanos. La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó hace un mes que 641 represores se encuentran en sus domicilios y solo 272 están alojados en una unidad penitenciaria es decir, el 64 % por ciento de los imputados por las graves violaciones a los derechos humanos no están detenidos. Tanto en Chile como en Argentina, existe la clara preocupación de la utilización las prisiones domiciliarias o condicionales como camino para asegurar la impunidad de los represores.
Lo que se encuentra en disputa es la construcción colectiva de los pueblos latinoamericanos respecto a los órganos de protección de los derechos humanos en América Latina. Hace ya varios años atrás, estas organizaciones defensoras de los represores en la región se presentan ante las instancias de la CIDH intentando socavar el proceso de memoria, verdad, justicia y reparación integral.
En esta coyuntura es imprescindible fortalecer la defensa de las políticas públicas de memoria y de la sanción sobre los crímenes perpetrados durante las dictaduras en América Latina tanto en las instancias nacionales como internacionales. La Comisión de la Verdad de Bolivia, el reciente anuncio de una Comisión en México y la creación de la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia en la CIDH, son signos que permiten observar que los avances y retrocesos en los procesos de verdad colectiva constituyen un constante en la historia demostrando que la disputa por la memoria continúa.
(*) Abogado y politólogo. Directivo en la International Coalition Against Enforced Disappearances. @rodagt