El gobernador de Puerto Rico no quiere otro plebiscito sin el aval de EEUU
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó la idea de que se celebre otro plebiscito criollo, legislado a nivel estatal, sin que haya un aval expreso del Congreso de EE.UU. o sin que el Departamento de Justicia federal se expresen finalmente sobre el futuro político de Puerto Rico.
Con la afirmación, el gobernador enfatizó una porción del mensaje del congresista republicano Rob Bishop, quien entiende que a nivel local se debe celebrar otro plebiscito en el que los electores voten a favor o en contra de la anexión de la isla a los Estados Unidos una vez el Departamento de Justicia avale la papeleta de la consulta.
“Esto no se supone que sea seguir haciendo plebiscitos sin tener un compromiso del gobierno federal”, dijo Rosselló Nevares en una conferencia de prensa en San Sebastián.
El ejecutivo indicó alegó que la estadidad fue la fórmula de status victoriosa en los plebiscitos del 2012 y 2017, asunto que ha sido cuestionado públicamente por la oposición política que, en ambas ocasiones, llamaron a los electores al boicot.
En la más reciente de las votaciones, la estadidad obtuvo el 97% de los votos, pero con una participación electoral de apenas un 23%.
El gobernador instó a Bishop a usar su poder en el Congreso para promover el acta de admisión presentada por la comisionada residente Jenniffer González, proyecto que ni fue a vistas públicas a pesar de que el propio Bishop ha dirigido en los últimos años la Comisión de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción primaria sobre la isla.
“Que el Congreso evalúe el acta de admisión o Justicia evalúe las alternativas que hay (de status)… Si (el plebiscito) es estadidad sí o no, creo que no les debe tomar mucho tiempo en validar eso… Tiene que ser un proceso con un resultado real para Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares.
Bishop en una misiva recomendó que Puerto Rico vuelva a legislar un nuevo plebiscito cuyas opciones sean validadas por el Departamento de Justicia federal como dispone una ley presupuestaria del 2014 que proveería $2.5 millones para la campaña educativa del proceso.
Jenniffer González esperará por la legislación local para referéndum
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó ayer que antes de presentar un próximo proyecto de ley federal a favor de la estadidad para Puerto Rico, esperará a que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) determine si convocará a un referéndum estadidad sí o no en consulta con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
“La estrategia que vayamos a utilizar irá acorde a cómo se mueva el plebiscito en la isla”, indicó González.
La comisionada considera que la consulta se debe llevar a cabo lo más pronto posible, pero dijo que quedará en manos del gobernador y la Legislatura decidir si se celebra en 2019 o en 2020, junto con las elecciones generales. “Vamos a tener reuniones para decidir esto”, indicó González, quien prevé una reunión del directorio del PNP.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares y el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez, se han expresado inclinados a volver a preparar legislación en San Juan para regular una consulta estadidad sí o no, cuya papeleta electoral y campaña educativa pueda ser validada por Justicia federal.
La jefatura saliente del Comité de Recursos Naturales, encabezada por el republicano Rob Bishop (Utah), recomendó al gobierno de Puerto Rico volver a legislar una consulta en San Juan, esta vez estadidad sí o no, que permita utilizar el lenguaje de una ley federal de enero de 2014 que propone asignar $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ayudar a financiar una consulta sobre el status de la isla.
A cambio de la asignación, el gobierno de Puerto Rico tendría que aceptar que Justicia federal determine si la papeleta electoral –con cualquier alternativa de status– cumple con las normas legales, constitucionales y de política pública del gobierno federal.
Aunque el gobierno de Puerto Rico inició ese proceso para el plebiscito de 2017, nunca esperó por la certificación de Justicia.
Para Bishop, la “forma correcta” es retomar ese proceso. “El último plebiscito que celebraron necesitaba el visto bueno del Departamento de Justicia y no lo tuvo”, indicó Bishop, en una breve entrevista con El Nuevo Día.
En su carta al gobernador y el liderato legislativo –tras una consulta en la que la estadidad obtuvo el 97% de los votos, pero en medio de un boicot de la oposición que generó la más baja participación en un referéndum de status (23%)–, Bishop, González y sus colegas Doug LaMalfa (California) y Don Young (Alaska) advirtieron que “la inhabilidad del Departamento de Justicia (federal) en validar a tiempo la votación de 2017, ha permitido a sus oponentes impugnar sus resultados”.
También enviaron una carta al secretario interino de Justicia de EE.UU., Matthew Whitaker, pidiendo que colabore con el gobierno de la isla.
Para Bishop, el proyecto 6246 de la comisionada González, el cual coauspició pero no llevó a votación en su Comité de Recursos Naturales, puede ser un buen modelo para darle continuidad al debate si se celebra la consulta en coordinación con Justicia federal.
Pero, Bishop–quien se retira del Congreso en 2020 y estará en minoría en la próxima sesión que inicia en enero–, dijo que esa es una decisión que tendrá que tomar en el futuro González.
Aunque Bishop no llevó la medida a una sesión de votación, el proyecto 6246 propone convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado de EE.UU., como posible preámbulo a la estadidad.
La legislación también buscaba crear un Grupo de Trabajo del Congreso que examinara los cambios a leyes que se requieren para convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU. La ambiciosa intención era que el Congreso admitiera a la isla como estado para enero de 2021.
En San Sebastián, el gobernador Rosselló sostuvo que está abierto tanto a la posibilidad de retomar la discusión con Justicia federal para regular en la isla un nuevo referéndum como a que se eche hacia adelante en el Congreso un proyecto de admisión de la isla como estado.
“Si (el plebiscito) es estadidad sí o no, creo que no le debe tomar mucho tiempo (a Justicia federal) validar eso… Tiene que ser un proceso con un resultado real para Puerto Rico”, dijo Rosselló Nevares.