Bachelet: “Las cifras de muertes en México son las de un país en guerra”
Notas sobre el tema
La cifra de muertes violentas en México, de un país en guerra
Al concluir su visita oficial a México, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Michelle Bachelet, se va sorprendida por la dimensión de la crisis en materia de garantías fundamentales y las violaciones a éstas que pudo conocer. México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006.
Ayer, la funcionaria internacional informó en conferencia de prensa acerca de sus trabajos en el país (del 5 al 9 de abril), hizo un balance de la situación de los derechos humanos tras sus encuentros con víctimas, integrantes de organizaciones civiles y representantes de diferentes dependencias del Estado.
Sin duda, enfatizó, uno de los temas más graves es el de las desapariciones; pero también los feminicidios, la violencia contra defensores y periodistas, los casos de tortura y los abusos contra migrantes, así como los altos índices de pobreza –sobre todo en las comunidades indígenas–, la necesidad de que el desarrollo sustentable respete los derechos humanos y que para emprenderlos se realicen consultas apegadas a los estándares internacionales, además de las detenciones injustas, como en el caso Tlanixco.
“Para mí ha sido una sorpresa lo que he encontrado. Sin duda, el caso de Ayotzinapa se conoce bien por la prensa, pero los 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, de los 26 mil cuerpos sin identificar (en los servicios forenses). O de casi 10 mujeres asesinadas al día. Sabía muy bien de la violencia, pero no tenía idea de la dimensión (…) Son datos aterradores.”
Destacó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido hace unas semanas que la búsqueda de desaparecidos es prioridad y responsabilidad del Estado. Además de que se combatirá la impunidad.
Los reporteros insistieron en conocer su opinión sobre la sentencia del Presidente de la República de que la Guardia Nacional (GN) tendrá mando militar, pero Bachelet omitió responder las interrogantes, aunque dijo que esa corporación puede abrir una oportunidad para crear una nueva fuerza policial de naturaleza civil capaz de lidiar con el inconmesurable flagelo del crimen organizado y de las grandes redes del narcotráfico, y hacerlo de forma respetuosa con los principios fundamentales de derechos humanos. En caso de no cumplirlo, deben ser sancionados, advirtió.
México, destacó, vive una etapa crucial. Es un momento de transformación y de oportunidades que se ha abierto desde la llegada al poder del nuevo gobierno. El presidente López Obrador ha expresado su voluntad de implementar un cambio de paradigma: uno que asume la centralidad de los derechos humanos. Yo no sólo reconozco esta determinación, sino que muestro mi voluntad, y la de mi oficina en México, de apoyarla.
Otras de sus preocupaciones son el hacinamiento en las cárceles y el problema crónico de la tortura generalizada en los centros de detención. De especial preocupación son las denuncias de tortura sexual sufrida por mujeres en detención, dado que una de cada 10 afirma haber sido víctima de violación durante ese proceso.
La alta comisionada hizo varias recomendaciones: que se concrete la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, solicitada desde 2013, y que se reconozca la competencia de éste para recibir comunicaciones individuales; reforzar el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; que se reciba a los relatores especiales y grupos de trabajo de las Naciones Unidas que han solicitado visitar México; que se ratifiquen los protocolos facultativos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de la Convención de los Derechos del Niño, entre otras.
Bachelet defiende a la sociedad civil: Es importante para la democracia, le dice al gobierno de México
Una sociedad civil activa, que acompañe a grupos vulnerables es importante para la vida democrática de México, aseguró la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
“Quiero reiterar la importancia de la sociedad civil organizada para la vida democrática de un país. La sociedad civil puede tener varios roles importantes, desde el activismo hasta el acompañamiento de los grupos vulnerables”, dijo la expresidenta de Chile.
El mensaje de Bachelet llega después de que le presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no apoyará con más recursos a organizaciones o asociaciones de la sociedad civil, ni a fundaciones, para evitar intermediarios. También ha llamado a la sociedad civil “fifí”.
Contrario a esto, Bachelet pidió a las autoridades “que sigan colaborando con la vibrante y comprometida sociedad civil mexicana, un extraordinario ejemplo de integridad y solidaridad que quiere y precisa estar implicada en todos los procesos de fortalecimiento de los derechos humanos del país”.
Durante su visita al país, dijo que tuvo reuniones en Ciudad de México, Monterrey y Saltillo con familias de personas desaparecidas de México y Centroamérica donde se solidarizó con las causas.
“A las familias de personas desaparecidas les aliento a mantener un espíritu de colectividad que, basado en el respeto a la diversidad, les allane el camino para alcanzar sus legítimos objetivos”, añadió.
Mencionó la importancia de tener un sistema eficaz de búsqueda de personas desaparecidas y la exigencia de justicia, ya que las heridas del pasado necesitan verdad, reparación del daño y la garantía de que no volverán a ocurrir.
Explicó que desde 2013 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha solicitado una visita a México que no ha podido ser realizada, por lo que Bachelet invitó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a dar fecha para que el organismo pueda acudir al país.
Dijo que esto forma parte de las acciones que deben realizarse para recuperar la confianza de la sociedad, ya que no únicamente debe de haber palabras sino resultados concretos.
La comisionada reconoció que hay cifras “aterradoras” en México, como las 40 mil personas desaparecidas de las cuales un cuarto de ellas son mujeres.
2018, el año más violento que se haya registrado en México: IEP
El año pasado la violencia costó a cada mexicano 41 mil 185 pesos, es decir, cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador, de acuerdo con estimaciones del Instituto para la Economía y Paz (IEP), un centro de investigaciones de carácter mundial.
El laboratorio de ideas con sede en Sídney, Australia –con oficinas en la capital de México; Nueva York, Estados Unidos, y La Haya, Países Bajos–, divulgó ayer la sexta edición del Índice de Paz México 2019 (IPM).
En el documento, presentado en territorio nacional por Carlos Juárez Cruz, director del programa del IEP en México, se advierte que por tercer año consecutivo el nivel de paz se deterioró y 2018 se ubicó como el año más violento que se haya registrado.
Señala que el descalabro en el IPM se debe principalmente al aumento en la tasa de homicidios, que pasó de 24 a 27 por cada 100 mil habitantes, y detalla que 69.4 por ciento de los asesinatos se cometieron con arma de fuego.
Para estudiar el nivel de paz de este índice, el centro de inves-tigación emplea cinco indicadores: tasa de homicidios, delitos con violencia, ilícitos cometidos con armas de fuego, cárcel sin sentencia y crímenes de la delincuencia organizada.
El IPM registra un retroceso en los niveles de paz en 22 estados de la República Mexicana y mejoras sólo en 10. En relación con las entidades menos pacíficas, Baja California encabeza la lista y le siguen Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua.
En términos económicos, el IEP estima que el impacto de la violencia fue de 5.16 billones de pesos en 2018, cifra que equivale a 24 por ciento del producto interno bruto (PIB) de México. Lo anterior representa un aumento del 10 por ciento en comparación con 2017 y de 38 desde 2015.
Para esta estimación, explicó Juárez Cruz, el instituto consideró el costo que generan los daños directos de la violencia, así como valoraciones en términos de falta de productividad por temor.
En el texto se detalla que la violencia y el miedo a ésta producen importantes trastornos económicos. En tanto que los incidentes violentos generan costos por daños a la propiedad, lesiones físicas o trauma sicológico, el miedo a la violencia altera el comportamiento de la economía, sobre todo al cambiar los modelos de inversión y consumo, pero también al desviar los recursos públicos y privados de las actividades productivas y dirigirlos a medidas de protección, señala el documento.
La inseguridad afectó tanto a civiles como a políticos, con al menos 850 hechos de violencia política registrados durante el ciclo electoral de 2018 y al menos 175 candidatos o funcionarios que fueron asesinados.
Sin embargo, explica que los incidentes violentos afectan de forma diferente a hombres y mujeres. Es más probable que los varones sean víctimas de homicidio, pues nueve de cada 19 víctimas de asesinato fueron varones. Mientras, 44 por ciento de féminas informaron haber sufrido violencia por parte de su pareja en algún momento de su vida.
Por grupos de edad, los jóvenes se ven más afectados por la violencia que los adultos. La tasa de homicidios de personas entre 15 y 29 años de edad fue 42 por ciento más alta que el de la población general.
Ante esta escalada de violencia, el gobierno ha invertido en el sistema judicial menos de lo que se requiere, lo cual genera que 97 por ciento de los delitos no se castiguen.
México es el país que dedica menos presupuesto a su fuerza policial y su sistema judicial en términos porcentuales del PIB entre las naciones integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
Detalla que en 2017 los estados registraron una media de 110 elementos de seguridad pública por cada 100 mil habitantes, lo que muestra falta de recursos humanos. Según los datos más recientes, México sólo tiene 3.5 jueces y magistrados por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio global de 16.
Ante este panorama, Carlos Juárez Cruz destacó que México no sólo debe invertir más en sus sistemas de justicia e instituciones sino de forma más inteligente.
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