El 2015 de Santos: entre avances inéditos con las Farc y tensiones con Venezuela
Aunque desde hace tres años la evaluación del presidenteJuan Manuel Santos por parte de la opinión pública pasa inseparablemente también por la evaluación al proceso de paz con las Farc, podría decirse que en ninguna otra ocasión habían estado estos balances tan ligados y dependientes uno de otro, sobre todo porque la mesa de paz de Cuba nunca estuvo tan frágil y, al mismo tiempo, tan a punto, como en este 2015.
Este año termina con la suscripción de un acuerdo en el tema más difícil de las conversaciones: el de víctimas, que incluye verdad, justicia, reparación y no repetición, sellado primero en un apretón de manos entre Santos y Timochenko en un histórico 23 de septiembre y luego por los negociadores el 16 de diciembre. Y en el asunto de la justicia es en el que se crearon varios mecanismos polémicos, como las zonas de restricción de la libertad, que serían una decena, pero que al mismo tiempo significarían que no habrá cárcel para las Farc, incluso, por delitos graves y terribles violaciones a los derechos humanos, y que además podrían hacer política.
No obstante, es bien sabido que una guerrilla que no está derrotada no suele firmar la paz para irse a la cárcel y para renunciar a lucha política –esta vez sin armas– que dicen llevar. La oposición del Centro Democrático le ha caído con todo a Santos en este punto, y han puesto de presente, por ejemplo, que el mecanismo de justicia transicional de Justicia y Paz llevó a la cárcel, aunque fuese por ocho años, a los paramilitares. Sin embargo, es claro que Justicia y Paz tampoco fue la panacea, porque aunque hubo cárcel de penas alternativas, poco hubo de verdad –el reclamo más profundo de las víctimas– y de reparación, y qué decir de la no repetición, cuando las bacrim son pequeñas AUC atomizadas y centradas en el narcotráfico y el sicariato.
Además, dista el proceso de paz de los paramilitares con el de las Farc también en cuanto a los pactos que en este último sugerirían avances en temas de desarrollo agrario, narcotráfico y participación, por ejemplo, pero que los uribistas han tildado, quizá con exageración, como entrega del país a las Farc.
No han reconocido en el Centro Democrático, en cambio, que el Gobierno logró que las Farc desistieran del pretendido perdón y olvido, a la luz de la legislación internacional actual, y también se comprometieran a reconocer su responsabilidad, a pedir perdón, a desminar y a la búsqueda de los desaparecidos, entre otros.
Aclaraciones por la paz. Ahora, en cuanto a la reparación material, y de acuerdo a lo que afirma alias Iván Márquez acerca de que las Farc no tienen plata, es muy difícil para los colombianos creerles, aunque digan que lo del narcotráfico, extorsión y tierras se ha ido en mantener su ejército irregular y se extraña del acuerdo de justicia que no se haya advertido una cruzada de las autoridades con sus pares en otros países para localizar las eventuales cuentas en que descansarían los dineros de la subversión, en pro de sus víctimas.
También adolece el acuerdo de unas cuantas aclaraciones en el asunto de los delitos que serán materia de indultos y amnistías por hallarse como conexos al delito político. Y aunque se ha señalado por parte del Ejecutivo que el secuestro no hará parte de esta lista; el narcotráfico sí, como quiera que sirvió de medio de financiación de los rebeldes. Ese ítem es uno de los ‘sapos’ que los ciudadanos deberán decidir en el Plebiscito por la Paz si se tragan a cambio de la paz.
Igualmente, le faltan tornillos y bisagras al Tribunal Especial para la Paz y, lo más importante: le faltan los magistrados, de los que aún no se sabe por quiénes serán elegidos, si serán colombianos o extranjeros y solo se le ha oído decir al jefe de Estado que el papa Francisco o la ONU podrían tener que ver en su conformación.
Por otro lado, se hace para algunos justo el hecho de que los uniformados que cometieron graves delitos reciban un tratamiento especial y equitativo pero dentro de la misma Jurisdicción Especial para la Paz, pues no se quiere, como ha dicho Santos, que los guerrilleros queden libres y los militares presos, como pasó con el caso del Palacio de Justicia y el M-19, donde se ha establecido que ambos tuvieron responsabilidad.
Y aunque es claro que los uniformados, a diferencia de las Farc, están revestidos de legalidad y amparados por sus funciones constitucionales, lo que se busca en el acuerdo es que si cometieron delitos, los paguen, al igual que lo harán los miembros del grupo armado ilegal.
Y este acuerdo, con los claroscuros que tiene, ha sido lo bueno de este año en materia de paz para el Gobierno, pues desenreda el proceso y deja a un paso –el del fin del conflicto, con el desarme y el cese al fuego bilateral– la suscripción del acuerdo final con las Farc luego de más de 50 años de guerra.
Actos de guerra. Lo malo en materia de guerra este año fue el asesinato de 11 soldados el 14 de abril en Cauca por parte de las Farc, lo que llevó al primer mandatario a reanudar los bombardeos a la guerrilla, produciéndose luego la muerte de 26 subversivos en una de estas acciones, y llevando esto, además, al levantamiento el 22 de mayo del cese unilateral decretado por los rebeldes desde el 20 de diciembre de 2014.
A partir del levantamiento del cese, se dio una voraz escalada de la guerra durante dos meses, en los que el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, reconoció que los diálogos atravesaban entonces “su peor momento” y el sondeo denominado ‘Pulso país’ presentara que un 75 por ciento de los colombianos no creía que fuera posible un acuerdo de paz.
En los dos meses sin cese de las Farc, según la Defensoría del Pueblo, la guerrilla perpetró 64 actos criminales, la mayoría en la zona norte de Antioquia, entre ellos el del 29 de mayo, cuando hubo un enfrentamiento con la columna ‘Daniel Aldana’ de las Farc, en el que resultó muerta una persona y herida una menor de edad embarazada. Y el 31 de mayo, el Frente 30 dinamitó la torre 17 de conducción de energía en el sector Llano Bajo de Buenaventura, dejando sin luz a más de 400 mil habitantes.
Así mismo, por ejemplo, el 3 de junio atentaron con explosivos en inmediaciones de un megacolegio de Tumaco y por los hostigamientos del Frente 30 se desplazaron 125 familias de López de Micay; el 8 de junio dinamitaron un tramo del oleoducto Trasandino en la vía Pasto-Tumaco, generando un daño ambiental de grandes proporciones; y también el 8 interceptaron 23 tractocamiones cargados con crudo y lo derramaron.
Además, el 16 de junio, en San Juan de Arama, Meta, quemaron un bus y atentaron contra la estación de policía de Barbacoas, Nariño, dejando heridos a siete civiles y el 21 derribaron una torre de energía en Barrancas, La Guajira, dejando sin servicio de fluido eléctrico a los habitantes.
El 22 de junio dinamitaron un tramo del oleoducto Trasandino en Tumaco, lo que derivó en una emergencia ambiental gigantesca y dejó sin agua a 150 mil habitantes.
La imagen de Santos, sobre todo con el crimen de los 11 uniformados en Cauca, bajaba por debajo del 30 por ciento entre los colombianos.
Sin embargo, con esa misma dinámica del claroscuro que representó este año para el presidente, la tregua vuelta a decretar por las Farc desde el 20 de julio, tras un llamado de los países garantes de la mesa, Cuba y Noruega, ha significado una disminución de las acciones ofensivas de las Farc en un 96 por ciento desde entonces: “las acciones ofensivas de las Farc han disminuido en un 96 %, los combates entre la Fuerza Pública y las Farc han disminuido 80 %, las muertes de civiles entre julio y diciembre disminuyeron 92 %, los muertos de nuestra Fuerza Pública un 95 %, de manera que uno ve cómo el país ha venido tranquilizándose”, reportó el propio Santos el pasado lunes.
La política exterior. Muchos le critican al jefe de Estado el manejo que le dio a la crisis humanitaria que produjo en la frontera la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar la frontera, expulsar colombianos sin debido proceso y marcar sus casas y negocios, acusándolos de paramilitares.
Luego de cinco años de relaciones recuperadas con Caracas, el inestable homólogo venezolano de Santos emprendió una supuesta cruzada contra el contrabando de gasolina, comercio ilegal, migraciones y diferencias en las tasas de cambio, que algunos analistas vieron como una medida de Maduro para generar condiciones favorables para el oficialismo en las elecciones legislativas que, no obstante, perdió hace un par de semanas.
Los puestos fronterizos que ordenó cerrar, causando atropellos a más de 20 mil colombianos, fueron clausurados desde el pasado 19 de agosto, deportando el presidente venezolano, sin debido proceso, según cifras de la ONU, a más de 1.600 colombianos y presionando el retorno de más de 19.700 en medio de la estigmatización de que se trataba de supuestos delincuentes, paramilitares o contrabandistas.
Y aunque las órdenes de Caracas fueron criticadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, entre otros entes multilaterales e internacionales, la votación de la OEA en contra de Colombia y las infructuosas reuniones entre la canciller María Ángela Holguín con su par de Caracas y del propio Santos con Maduro, le han permitido al vecino país, a día de hoy, mantener su decisión contra Bogotá.
Sin visa para Europa. Lo que sí le aplauden al jefe de Estado en materia de relaciones exteriores es la anulación efectiva de la visa Schengen desde los primeros días de diciembre, lo que le permite a los colombianos entrar desde entonces a 26 países europeos sin necesidad de este documento.
Los colombianos que quieran viajar al espacio Schengen por 90 días deberán tener un pasaporte con vigencia mínima de tres meses después de la fecha prevista de regreso, un tiquete de ida y vuelta, una reserva de hotel o invitación de amigo o familiar, y demostrar recursos económicos para su sostenimiento durante la estadía.
En este asunto de lo exterior también cabe el sorpresivo hallazgo el pasado 27 de noviembre del galeón San José en aguas de las Islas del Rosario, cerca a Cartagena, en que muchos le recriminaron al primer mandatario las reservas que tuvo al anunciar el tesoro encontrado, al no revelar el sitio exacto ni con quién lo encontró, ni cuáles fueron las particularidades de esa APP: lo que quizá hizo que países como España y Perú, y sobre todo el primero, se aprestaran a pedir explicaciones a Colombia, por lo que Santos tuvo que salir a suavizar su intervención, asegurando que la embarcación hundida era un patrimonio de la humanidad.
Además, en lo que para unos es oportunismo de cazatesoros y para otros un tema judicial ya fallado, el Gobierno mantiene un rifirrafe con la norteamericana Sea Search Armada, que reclama dice que con justicia por haberlo hallado en 1982 y el Ejecutivo que con injusticia porque ese no es el lugar del navío, el 50 por ciento de las riquezas.
Otros temas
Entre otros asuntos polémicos en los que Santos tuvo que ver en 2015 está el de la adopción para parejas gais y el matrimonio igualitario, decisiones de la Corte Constitucional que fueron recriminadas por el procurador Alejandro Ordóñez, las iglesias católica y cristiana y otros sectores, que dicen defender la “familia”.
Igualmente, Santos firmó el decreto que reglamenta el uso de la marihuana medicinal, para tratar a pacientes con diabetes, epilepsia, cáncer, anorexia o sida, entre otras enfermedades, quienes experimentan que la cannabis les alivia los dolores, les calma las náuseas, las convulsiones, y otros padecimientos. Para los opositores esta decisión es una puerta para legalizar las drogas, algo inconcebible, dicen, en un país con tantas muertes, corrupción y criminalidad a raíz del narcotráfico.
Le critican al Gobierno también su responsabilidad en el drama humanitario más grave de la actualidad en el país: la desnutrición en La Guajira donde siguen muriendo los niños. Esto sucede, entre otros factores, por la corrupción de funcionarios y operadores del ICBF, autoridades municipales y departamentales, aunado a la falta de agua potable que la golpeada península.
Otra situación que le achacan, sobre todo en la Región Caribe, tiene que ver con el manejo de la crisis energética y la nebulosa en que quedaron unos 18,5 billones de pesos del Cargo por Confiabilidad entregados a las generadoras de energía para que respondieran en momentos de crisis. Estos no cumplieron y en cambio el Gobierno anunció alza en las tarifas de energía, perjudicando a los usuarios.