Antonia Urrejola, relatora de la CIDH para Nicaragua: “No hay excusa para el uso desproporcionado de la fuerza”
Por Uriel Velásquez.
El uso de la fuerza en contra de manifestantes antigubernamentales y personas detenidas, parece ahora la regla general en Nicaragua, asegura la comisionada Antonia Urrejola, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Todas las situaciones que en un estado democrático de derecho deberían ser excepcionales, en Nicaragua son más bien la regla general. En ese sentido específico, uno puede decir que se vive una situación o un estado de excepción”, explica Urrejola a El Nuevo Diario.
La funcionaria considera que la violencia que hubo en algunos casos, en el marco de las protestas o los tranques, “no puede ser una excusa para el uso desproporcionado de la fuerza o para llevar adelante juicios o detenciones sin garantías propias de un Estado democrático”.
La comisionada lamenta que seis meses después, “no hemos podido observar ni un solo caso de investigación interna en la Policía o en otras agencias del Estado ni en ningún tribunal por los excesos estatales, los cuales están claramente documentados”.
“Los mecanismos legales se han usado, no para esclarecer la verdad y sancionar a los culpables, sino para acusar a los adversarios políticos y contribuir a una narrativa que pretende justificar esos excesos”, afirma.
Seis meses han pasado desde que iniciaron las protestas ciudadanas en Nicaragua. ¿Cómo valora en este momento la evolución de esta crisis en términos de los derechos humanos?
La buena noticia de las etapas de la represión posteriores al inicio de las protestas y al desmantelamiento de los tranques, es que las víctimas fatales se han reducido en número, aunque aun hemos tenido que lamentar algunas muertes, como el caso de Matt Andrés Romero, de tan solo 16 años el pasado 23 de septiembre.
En ese contexto es que ahora nuestro monitoreo se ha concentrado en el uso de la detención como modo de disuadir el derecho a protestar o, en otros casos, el indebido uso del derecho penal con el objetivo de criminalizar la disidencia o la protesta.
Ninguna sociedad democrática puede tratar la protesta social como una amenaza y el Meseni ha documentado un indudable patrón de detenciones de personas en el último tiempo, en el contexto de marchas o plantones, por el solo hecho de estar protestando.
En esos contextos, las autoridades policiales han hecho de modo extendido ofertas a las personas detenidas, respecto de las cuales no tienen ningún antecedente delictual, para que incriminen a personas o entreguen información sobre conspiraciones y financiamiento de las cuales estas personas no tienen ningún antecedente. Se trata de la consecuencia natural de una estrategia de acusación generalizada en contra de quienes protestan. Lo ocurrido el domingo pasado, con la detención de, al menos, 40 manifestantes que iban a participar de la marcha convocada por la Unidad Azul y Blanco es un claro ejemplo.
También la defensora Haydee Castillo fue detenida en el aeropuerto, ni siquiera mientras participaba de la marcha. Sin duda, es una buena noticia de que la mayoría de esas personas fueron liberadas. Pero seguimos atentos y preocupados de la situación de cientos de personas que siguen detenidas bajo acusaciones infundadas y sin acceso a un debido proceso judicial que dé garantías de imparcialidad. Esto claramente viola los derechos humanos de estas personas y constituye el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Nicaragua.
Teniendo como referencia el último informe de la CIDH, ¿cómo ha cambiado la situación desde entonces?
En sus inicios, el Meseni pudo constatar en el terreno la intensificación de la represión y los operativos desplegados en todo el país por agentes de la policía y grupos parapoliciales con el objetivo de desmantelar los tranques que estaban ubicados en diversas ciudades.
Posteriormente, ha registrado una estrategia de criminalización y estigmatización en contra de los manifestantes, opositores, líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.
También hemos constatado y condenado el uso de la violencia por parte de particulares cuando ello ha ocurrido durante las protestas o en los tranques. La CIDH condena todos los actos de violencia.
Sin embargo, la violencia que hubo en algunos casos en el marco de las protestas o los tranques, no puede ser una excusa para el uso desproporcionado de la fuerza o para llevar adelante juicios o detenciones sin garantías propias de un Estado democrático. En otras palabras, la violencia social no es ni será nunca excusa para violar los derechos humanos. Además, hemos insistido en la obligación del Estado de esclarecer todos estos hechos por medio de procesos serios, imparciales y conforme al debido proceso a través de tribunales independientes que deben asignar penas proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos.
En este sentido, debo decir con mucha claridad que no hemos podido observar ni un solo caso de investigación interna en la Policía o en otras agencias del Estado ni en ningún tribunal por los excesos estatales, los cuales están claramente documentados. En síntesis, los mecanismos legales se han usado, no para esclarecer la verdad y sancionar a los culpables, sino para acusar a los adversarios políticos y contribuir a una narrativa que pretende justificar esos excesos. Eso nos preocupa mucho, no solo porque no favorece el diálogo entre los propios nicaragüenses, sino porque deja sin justicia, sin verdad y sin reparación, especialmente a quienes han sufrido la pérdida de familiares cercanos. Eso es muy doloroso.
La CIDH ha mencionado que estamos pasando a un estado de excepción ¿Podría explicar más esa teoría?
Hay algunos motivos para decir algo como eso, pues hay varias medidas que suelen ser excepcionales si uno atiende los estándares internacionales de derechos humanos y, particularmente, los interamericanos: las protestas deben considerarse siempre legítimas y no una amenaza, salvo excepciones muy calificadas; las personas que son acusadas de delitos deben permanecer libres mientras se tramitan sus juicios y no estar presas, salvo excepciones bien calificadas; el uso de la fuerza en contra de manifestantes o de gente detenida debe estar excluida de los protocolos policiales, salvo excepciones bien calificadas.
Pues bien, en Nicaragua, la Policía, en un comunicado oficial califica como ilegales y violentas las protestas antigubernamentales y señala que perseguirá legalmente a sus organizadores y convocantes.
En Nicaragua, todas las personas acusadas de delitos en contexto de las protestas se mantienen presas en El Chipote, La Modelo, La Esperanza y en las estaciones policiales. Atendida la evidencia con que hemos contado, el uso de la fuerza en contra de manifestantes y personas detenidas, parece ser la regla general. Todas estas situaciones, que en un estado democrático de derecho deberían ser excepcionales, en Nicaragua son más bien la regla general. En ese sentido específico, uno puede decir que se vive una situación o un estado de excepción.
¿Cómo ve usted el comunicado de la Policía donde declara ilegales las marchas contra el Gobierno?
Es preocupante que la autoridad encargada del resguardo del orden público invoque hechos específicos ocurridos en el contexto de manifestaciones públicas de protesta como base para catalogar futuras manifestaciones como violentas.
La declaración de que las protestas antigubernamentales son ilegales por haberse producido en ellas hechos violentos y la atribución “a priori” de responsabilidad a convocantes y organizadores —además de ser una clara violación del principio de inocencia—implica una limitación arbitraria del derecho a la protesta social y por ello vulnera los estándares internacionales de derechos humanos.
Las limitaciones generales al ejercicio del derecho de las personas a la protesta social manifestadas en la nota de la Policía son en sí mismos innecesarios, desproporcionados y violan los estándares interamericanos de derechos humanos.
Muchos nicaragüenses han tenido que salir del país por amenazas. ¿Qué implica esto en materia de derechos humanos?
Como comisión hemos visto con mucha preocupación la información que indica que un gran número de personas nicaragüenses se ha visto forzada a desplazarse a otros países de la región como consecuencia de sus opiniones políticas y de las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido desde el inicio de las protestas de abril de 2018, así como de la activación de prácticas de persecución y criminalización por parte del Estado nicaragüense y otros actores no estatales, tales como grupos parapoliciales.
Estamos ante una grave situación que requiere que muchas de estas personas sean reconocidas como refugiadas, y, por tanto, del liderazgo, la voluntad política y la responsabilidad compartida de los Estados de la región para responder a esta crisis.
Hablemos de la salida de miles de nicaragüenses al exterior, ¿qué implica esto para Nicaragua?
El patrón observado consiste en personas que escapan del país por temor a ser detenidos y criminalizados o por temor de ataques a su integridad física. El ambiente de amenazas, hostigamiento, represalias ha provocado la salida del país de miles de personas precisamente por temores justificados basados en los patrones de represión generalizada que hemos estado denunciando durante los últimos seis meses. Por eso es que la migración de estas personas es de preocupación para la CIDH.
Desde el mes de abril han entregado 116 medidas cautelares pero no se cumplen, ¿qué representa ese incumplimiento para Nicaragua?
En relación con las medidas cautelares otorgadas, el Estado ha proporcionado información en la gran mayoría de los casos de manera genérica indicando que proporciona protección. Si bien en sus primeras respuestas el Estado informó sobre su voluntad de cumplir y de los pasos dirigidos a concertar las medidas, uno de los aspectos de especial preocupación es la falta de respuesta integral y de información detallada que permita confirmar una efectiva e idónea implementación de las medidas en todos los casos.
En este sentido, no se ha aportado información detallada sobre los mecanismos de concertación efectivos, esquemas de protección adoptados o medidas dirigidas a investigar y sancionar a los responsables de tal manera que la situación de riesgo hubiera sido mitigada.
La comisión, en ese contexto, ha observado con preocupación la recurrencia de eventos de riesgo respecto de personas beneficiarias y la salida del país de algunas de ellas en ausencia de protección. Sin embargo, me parece que las medidas cautelares son una herramienta válida y necesaria, pues permiten dar visibilidad pública a situaciones de amenazas graves y urgentes, y como CIDH darles seguimiento.
Eso ya es muy útil. Yo entiendo la frustración de las personas en no ver acciones más decididas en esta materia, pero es importante señalar que en sí mismo el otorgamiento de la medida cautelar ha visibilizado la situación de víctimas, familiares, defensoras, periodistas, personas integrantes de la mesa de diálogo en el ámbito nacional e internacional, lo que también repercute en su protección.
¿Cuánto ha cumplido el Estado las 15 recomendaciones que le presentaron?
La verdad es que el Estado ha cumplido con solo dos de nuestras recomendaciones: la creación del Meseni y el Grupo de Expertos Independientes (GIEI). También reconocemos que en parte cumplió con la recomendación 14, que era abrirse al escrutinio internacional y facilitar la visita de otros mecanismos de protección de derechos humanos, como el de Naciones Unidas.
Fue muy bueno que el Gobierno se abriera a la presencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Oacnudh) en Nicaragua. Creo que ellos hicieron un gran trabajo y lamentamos mucho la decisión del Gobierno de dar por concluida la invitación hecha a dicha oficina.
El Meseni y GIEI siguen en el país pero no tienen acceso a la información pública. ¿Cómo están recolectando la información?
Como usted sabe, nosotros hemos ya, en reiteradas ocasiones, manifestado públicamente nuestra gran preocupación por la falta de respuesta del Estado a las solicitudes de reuniones con sus autoridades, a las peticiones hechas por la CIDH y GIEI para visitar de manera regular y sin limitaciones los principales centros penitenciarios y entrevistarse con los detenidos en el contexto de la actual crisis.
Es esencial que el Estado proporcione respuesta oportuna a las solicitudes de información elevadas a fin de no obstaculizar la función de monitoreo de la comisión. Sin embargo, a pesar de lo indicado, la sociedad civil y los familiares de las víctimas han sido fundamentales en la información que ha estado disponible para el Meseni y se ha podido hacer un monitoreo de muy buena calidad.
¿Qué más puede hacer la CIDH en esta crisis, además de los informes que presenta y que luego son entregados a la comunidad internacional?
Entiendo que haya gente que ve con frustración nuestros informes y condenas y espera algo más. Pero al respecto, me parece importante primero insistir en nuestro total compromiso con la situación de derechos humanos en Nicaragua; segundo, que la CIDH tiene un mandato y atribuciones y facultades determinadas, y es dentro de nuestro mandato en que debemos actuar; tercero, que el solo hecho de hacer seguimiento a la situación en Nicaragua y luego visibilizar nuestros hallazgos ante la comunidad internacional es una herramienta muy importante, en especial para el trabajo que las propias organizaciones de la sociedad civil nicaragüense realizan al interior del país y, muy especialmente, para las víctimas y sus familiares.
La situación que enfrenta Nicaragua es compleja y la labor de la comisión es fundamental porque en contextos tan polarizados como este, tiende a verse la situación como una en la que hay bandos irreconciliables. Nuestro monitoreo y seguimiento sirve a los propios actores dentro de Nicaragua, para que dirijan este proceso entre nicaragüenses como decidan hacerlo. También sirve a la comunidad internacional para que, con la evidencia al frente, decida adecuadamente cómo abordar su posición sobre Nicaragua.
Nuestros reportes y monitoreo serán útiles además para dar contexto fáctico al sistema de peticiones individuales del Sistema Interamericano, otro de nuestros mecanismos. Por último, y muy especialmente nuestra labor de monitoreo, de registrar, documentar, recoger testimonios de lo que hoy sucede en Nicaragua son y serán muy importantes para que las víctimas y sus familiares logren la verdad, justicia y reparación que se merecen. Y será muy importante para el ejercicio de la memoria que debe ser parte fundamental en la construcción de una solución pacífica, democrática y constitucional para la grave crisis que vive Nicaragua.
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