Guatemala: el gobierno ordena retirar a agentes policiales de la sede de la CICIG
Matías Ponce, vocero de la Comisión, señaló que el personal del Ejecutivo llegó la tarde de este miércoles a notificar que retirará a los agentes de la PNC y patrullas que se encuentran en la sede.
El portavoz compartió el oficio No. 64-2019 firmado por Édgar Augusto Ortega Vásquez, jefe de la Sección de Seguridad de Instalaciones Públicas y Organizaciones no Gubernamentales, de la División de Protección de Personas y Seguridad de la PNC.
En el oficio se informa que con instrucciones del director de la PNC se “ordena se proceda a retirar el personal policial y recursos logístico propiedad de la Policía actualmente de servicio en las instalaciones de la Cicig”.
Ponce recordó la validez de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que otorgó el amparo provisional que dejó en suspenso la decisión emitida por las autoridades de Estado de dar por terminado de manera anticipada y unilateral el acuerdo entre Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la Cicig.
“La Cicig espera cumplir con su mandato en el marco del acuerdo vigente hasta el 3 de septiembre de 2019. Se ha hecho un llamado permanente al respeto de las resoluciones de la CC, que prevalezca el estado de Derecho en Guatemala”, declaró el vocero.
Se intentó comunicar con el vocero del Ministerio de Gobernación, Fernando Lucero, para obtener una versión al respecto, pero no fue posible.
En principio no contestó las llamadas hechas a su celular posteriormente se logró comunicación vía mensaje de texto y se le preguntó si el Ministerio de Gobernación analizó si realizar esta acción no contraviene el amparo que la CC otorgó para evitar la expulsión de Cicig a lo cual no respondió.
Marta Larra, vocera de la Cancillería, fue consultada y aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene la facultad de notificar nada relacionado con personal de la Policía Nacional Civil.
Agregó que “la PNC tiene la facultad de notificar” directamente a las instituciones a quienes quiera darle a conocer información.
Amparo
La madrugada del 9 de enero la CC suspendió la decisión del presidente Jimmy Morales de anular unilateralmente el acuerdo de creación de la Cicig.
Previo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había señalado que el mandato de la Cicig terminaba hasta septiembre de este año.
La CC exhortó a las autoridades a que “instruyan a los empleados de las dependencias a su cargo que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig”.
El falló tuvo el respaldo de cuatro de los cinco magistrado de la Corte, únicamente la presidenta de la CC Dina Ochoa, emitió su voto disidente.
La canciller Sandra Jovel en una entrevista exclusiva a Prensa Libre y dijo: “Naciones Unidas no tiene en ningún momento por qué opinar y mucho menos decir que no acepta una decisión de un Estado cuando es un órgano que depende de los Estados”.
“Naciones Unidas ya aceptó y es una decisión soberana del Estado de Guatemala que la Cicig ya terminó, es una decisión que se entregó el 7 de enero de este año y se ratificó por el instrumento correspondiente de Naciones Unidas, así que yo no tengo nada más que hablar sobre este tema”, agregó la funcionaria.
Parlamentarios europeos lamentan decisión de Gobierno en contra de la CICIG
Nueve integrantes del Parlamento Europeo lamentaron mediante una carta, la decisión del Gobierno de terminar el mandato que da vida a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Los parlamentarios enumeran diversas preocupaciones como las medidas tomadas para impedir la labor de la CICIG, los señalamientos negativos en contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH); así como las medidas del Gobierno que ignoran las decisiones del Tribunal Constitucional.
A su parecer, estas acciones “socavan la separación de poderes” y ponen en “entredicho” los avances en el combate de la impunidad y corrupción en el país.
Los funcionarios añaden que es de suma preocupación también “las declaraciones negativas del Ejecutivo” en contra de entidades y organizaciones de sociedad civil que luchan por los derechos humanos, ya que podría traducirse como “intimidaciones y ataques directos a su seguridad”.
“Este clima, junto a otros graves problemas del Estado guatemalteco, ha permitido que en 2018 se produjesen 26 asesinatos contra personas que defienden derechos humanos”, se lee en la carta.
“Por estas razones, lamentamos la intención del Gobierno de Guatemala de declarar por finalizada la labor de la CICIG de forma unilateral. Lamentamos igualmente la orden de expulsión contra sus empleados emitida el lunes 7 de enero y el llamado el mismo día, por parte del Sr. Presidente Jimmy Morales, a denunciar personas de la sociedad civil que, según él, cometieron actos violatorios por oponerse a las medidas tomadas por el Ejecutivo en relación a la CICIG y los magistrados de la CC”, expresan los parlamentarios.
Asimismo, exhortaron al Estado a “hacer lo posible para evitar actos de violencia y retomar el camino del respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y el funcionamiento democrático”.
La misiva que fue enviada al presidente Jimmy Morales; a la canciller Sandra Jovel; al embajador de Guatemala ante la Unión Europea (UE), Jorge Skinner-Klée Arenales y al jefe de la Delegación de la UE en el país, Stefano Gatto.
Instaron además al gobernante Morales, a Jovel y al ministro de la cartera del Interior, Enrique Degenhart, para que acaten los fallos emitidos por la CC y otros juzgados que han ordenado el respeto al Acuerdo que existe entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le dio vida a la CICIG.
Piden también que protejan la integridad física y psicológica de las personas que laboran para la Comisión.
La carta fue firmada por los parlamentarios Josep-Maria Terricabras; Molly Scott; Ana Miranda; Ernest Urtasun; Tania González; Estefanía Torres; Miguel Urbán; Xabier Benito y Lola Sánchez.