Colombia: ser de derecha es revivir el conflicto social y la guerra- Por Camilo Rengifo Marín
Los conceptos vertidos en este texto no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Camilo Rengifo Marín *
Hay dos modelos en pugna en el poder fáctico y en la derecha colombianos, donde coexisten una oligarquía, que el ex presidente Juan Manuel Santos lidera, con un proyecto de estabilidad económica y diversificación productiva, y otra que apuesta al retorno de la guerra civil, encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe y el actual mandatario Iván Duque, que tantos beneficios les dio durante seis décadas.
El uribismo, del cual Duque es el sucesor, persigue reavivar el conflicto social y la guerra: la superación del conflicto significa la despolarización político-social del país y, con ella, el fin del uribismo y su “hinterland” de narcotraficantes, militares corruptos y paramilitares. Duque quiere volver al uso del glifosato contra los cultivos de coca y retrotraer las medidas de erradicación forzosa, desconociendo las iniciativas pactadas con los movimientos campesinos e indígenas.
Santos señaló que Colombia lleva 40 años tratando, sin lograrlo, de erradicar la coca “porque nunca habíamos podido llegarles a los campesinos para ofrecerles alternativas viables. Hoy con la paz sí podemos, por eso yo espero que ese enfoque no lo vayan a modificar”. Añadió que hay que darle a los campesinos cocaleros alternativas legales viables, no envenenarlos, ni meterlos a la cárcel”.
Hoy EE.UU. intenta desmembrar a los estados fronterizos de Táchira y/o Zulia de Venezuela para formar una nueva republiqueta. No se puede olvidar que Panamá era territorio de Colombia y que los Estados Unidos desmembró ese territorio en 1903 para formar una nueva República. La “teoría de la balcanización” sigue estando presente en la mente del imperio.
Las declaraciones de Trump supuestamente en contra de Iván Duque es el aval para el retorno de Colombia a la era de la guerra civil, del conflicto interno, en momento en que el gobierno ultraconservador va en caída libre, con una crisis económica y social in crescendo, pérdida de credibilidad y duro fracaso en el Parlamento al pretender impugnar partes vitales de los “acuerdos de paz”-sobre todo en lo referente a la Justicia Transicional- con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
Trump criticó a su homólogo colombiano por no detener el flujo de drogas desde su país, y además acusó a Colombia de ser una de las naciones latinoamericanas –junto a Guatemala, El Salvador y Honduras, que envían criminales y pandilleros a EE.UU. “Los países que tienen altos niveles de consumo [de drogas] deben enfrentar ese fenómeno, mientras nosotros hacemos lo propio en Colombia enfrentando a los cárteles y a los cultivos ilícitos. Mientras nosotros hacemos esa tarea otros países también deben enfrentar el comercio de precursores químicos“, ripostó tímidamente Duque.
Lejos de significar un ataque a Duque, las declaraciones de Trump, le dan herramientas para presionar a la opinión pública y a las instancias políticas e institucionales internas (en particular a la Corte Constitucional) para volver al técnicas agresivas en contra del campesinado y al desconocimiento de los “acuerdos de paz”, sin los cuales el “Plan Colombia” (y sus diferentes nombres y agencias) que financia EE.UU. pierde su razón de ser.
Es un intento doble: uno, para que no se abandonen los cultivos de coca, el extractivismo y el monocultivo de palma africana; otro para seguir lucrando con la guerra y en definitiva intentar mantener la balcanización y/o ingobernabilidad del país. Los intereses en Washington no quieren permitir que Colombia deje de ser el proveedor barato de cocaína y crack de su clase alta, media y de los distintos ghettos, útil para el control social de los estadounidenses.
Durante décadas, la derecha ha propiciado la ingobernabilidad, que facilita un régimen del despojo, de la dominación, de la imposición que hace crecer la acumulación de poderes y la hegemonía política, con el costo de miles de muertos, millones de desplazados internos, millones de emigrados, de la mano de los incumplimientos del Estado con la población: con los campesinos, con el magisterio, con las etnias, con los enfermos, con los carentes de servicios públicos, con los bajos salarios, con la pobreza, con la falta de vivienda, con graves omisiones para proteger a quienes viven en laderas y lugares de riesgo.
La ingobernabilidad (la tesis del “Estado Fallido”) subviene de la persistente política de favorecer los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales y al empresariado –el poder fáctico- nacional, que ha conllevado el ataque permanente al medio ambiente, con las industrias extractivas y depredadoras (minería, petróleo), que obtienen licencias de muerte sin estudios ambientales, sociales, sanitarios, nutricionales, educacionales.
El Plan Colombia, avalado por los sucesivos presidentes derechistas y el poder fáctico, resultó ser una pantalla para cubrir la implantación de fuerzas armadas estadounidenses en Colombia, con la implementación del uso de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP. Fue “vendido” como un plan de acciones concretas entre Washington y Bogotá para erradicar el problema de la droga, sin embargo, destaca su alto contenido geopolítico y un altísimo costo económico-financiero-social para los colombianos.
La derecha pierde terreno… electoral. Las últimas elecciones demostraron una merma notable de las preferencias por la derecha y volvieron a poner en el tapete las prácticas políticas que han estructurado una relación deformada y escindida entre el electorado y el Estado: compra-venta de votos, presiones armadas de bandas paramilitares a los sufragantes.
Los factores del poder de la derecha se basan en la violencia, la corrupción, el clientelismo, la industria cultural y la crisis de representatividad del sistema político. Germán Fals Borda y Eduardo Umaña señalaban en La Violencia en Colombia (1960): “La nación carece de la noción exacta de lo que fue la violencia”, que sigue teniendo efectos devastadores en los tejidos organizativos de la comunidad.
Hoy también la violencia y la corrupción generan los recursos para el clientelismo. Se intercambia dinero por votos, además de puestos públicos y segmentos de institucionalidad. Grupos paramilitares tienen aún presencia activa en 275 municipios de 27 departamentos, mutando de imponer candidaturas por la fuerza de las armas a la utilización de grandes sumas de dinero para favorecer a sus candidatos preferidos para ocupar escaños de un poder legislativo integrado por los llamados “parapolíticos” financiados por recursos del narcotráfico y los sobornos de las grandes empresas.
En la corrupción están comprometidas empresas como Odebrecht, Reficar, el Grupo Nule y cientos de empresas de construcción, infraestructuras y servicios, que financian las campañas de los candidatos de la derecha, ante la indulgencia de los medios masivos de comunicación, parte primordial del andamiaje de la corrupción.
Existe una alta concentración de los medios de comunicación, así como una relación íntima de éstos con la clase política: ocho grupos mediáticos concentran el setenta y ocho por ciento de la audiencia en radio, prensa escrita y televisión. El cincuenta por ciento está en manos de la Organización Ardila Lülle (28,7 %) y el grupo o Santo Domingo (19 %). Los propietarios de los medios aportan grandes sumas de dinero a las campañas de la derecha para asegurar su influencia en las futuras decisiones estatales (licitaciones de obras públicas, compra de insumos, construcción de carreteras, servicios bancarios y financieros, privatizaciones, tercerizaciones, seguridad social).
Son estos medios los que imponen el imaginario colectivo, con programas, noticias e información que tienden a incidir en toda clase de decisiones. Son quienes además, controlan la difusión de los mensajes mentirosos (fake news), construyendo o destruyendo a un candidato político a través de la manipulación por las redes digitales.
Los dos modelos de derecha, propuestos en la política de Colombia, no realizaran inversiones en derechos para la mayoría del pueblo colombiano, ni respetaran la ecología y la soberanía de los recursos naturales de su país; y continuaran con sus políticas a favor del conflicto social y la guerra, a favor de las grandes empresas multinacionales, de los intereses de EE.UU. y de la Unión Europea, de las oligarquías, la clase dominante y sus amigos nacionales.-
* Economista y docente universitario colombiano, analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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